Amnistía denuncia expulsiones, abusos policiales y malas condiciones en los CETI de Ceuta y Melilla

MADRID.- Amnistía Internacional ha lanzado un nuevo informe sobre la situación de migrantes y refugiados en Ceuta y Melilla en el que denuncia "ocho tipos de vulneraciones de derechos humanos" en las ciudades autónomas entre las que figuran "expulsiones sumarias", "abusos policiales" y malas condiciones en los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), especialmente para colectivos vulnerables como la población LGTB.

El trabajo, titulado Ceuta y Melilla: un territorio sin derechos para personas migrantes y refugiadas, es fruto de una investigación sobre el terreno en la que Amnistía denuncia "el cierre de fronteras para personas refugiadas de nacionalidad distinta a la siria, las restricciones a la libertad de circulación para los solicitantes de asilo y la falta adecuada de información para quienes buscan protección internacional, además de un sistema arbitrario de sanciones en los centros que puede llevar a su expulsión de los mismos".

Sobre el cierre de fronteras, Amnistía ilustra sus consecuencias con testimonios como el de Muhamed, un joven de Guinea Konakri y 20 años de edad que consiguió entrar en Ceuta como otras tres personas el pasado 9 de septiembre, cuando unas 240 intentaron saltar la valla y 67, según la ONG, fueron devueltas "sin ningún tipo de procedimiento".

AI expone que el joven permaneció encaramado a la segunda valla de Ceuta siete horas con una herida en la muñeca derecha provocada por la concertina. "Sobre la una de la tarde llegó la Cruz Roja, pero yo había perdido muchísima sangre. Veía mi propio nervio, gritaba a la Guardia Civil que estaba herido y les enseñaba mi brazo envuelto en un torniquete con mi camiseta, pero nadie me hacía caso", relata en el informe, que detalla que fue operado y perdió la movilidad en la mano y el dedo pulgar.

La organización denuncia que si bien el Ministerio del Interior no proporciona datos de personas devueltas a Marruecos como los compañeros de Muhamed, "en lo que va de año se han producido al menos nueve intentos de salto a través de las vallas en las que cientos de personas fueron expulsadas de manera colectiva", en una práctica conocida como 'devoluciones en caliente' y que se realizan "sin garantías jurídicas y con uso excesivo de la fuerza".

El informe destaca que quienes intentan entrar por el puesto fronterizo también lo tienen complicado. En el caso de Ceuta, aunque en marzo de 2015 se crearon las oficinas de asilo, no se ha recogido ni una sola petición y a día de hoy, están cerradas, según Amnistía. A las de Melilla, sólo llegan sirios y previo pago de "grandes sumas de dinero" a los pasadores y sacrificando la unidad de su familia.

Una vez lo han conseguido, la mayoría acaban en los CETI, instalaciones que Amnistía describe en términos de "sobreocupación que puede llevar en ocasiones al hacinamiento, falta de módulos familiares, falta de acceso a información y un sistema arbitrario de sanciones que no les permite adecuar su comportamiento a reglas claras para no ser expulsados de los centros".

El informe detalla que se han establecido algunas mejoras en Melilla, como trabajos de rehabilitación en algunas habitaciones o la atención a la población infantil, que ahora se encuentra prácticamente escolarizada y cuenta con actividades lúdicas y educativas dentro del centro, pero dice que todavía existen motivos de preocupación.

"Los CETI de Ceuta y Melilla no reúnen las condiciones adecuadas de acogida para personas migrantes y refugiadas, especialmente para aquellas que se encuentran en una situación más vulnerable, que se encuentran desprotegidas y desatendidas y por lo tanto deben ser trasladadas de manera inmediata a la Península", explica la investigadora de la ONG Virginia Álvarez.

Señala entre esta población vulnerable a las personas LGBTI. Amnistía se ha entrevistado con varias de las al menos 60 personas residentes en el CETI de Melilla que han pedido asilo alegando persecución por su orientación sexual. Entre ellos, hay un grupo de hombres marroquíes que llevan meses esperando el traslado.

"A la discriminación por parte de otros residentes, amenazas e incluso agresiones por su condición sexual se añade la discriminación por motivos de nacionalidad, ya que la organización considera que se trata de un ejemplo de cómo no se está garantizando un examen individualizado de sus solicitudes de asilo", denuncia la organización.

Las víctimas de violencia de género tampoco encuentran en el CETI las condiciones que requieren, según AI. El informe detalla el caso de Marian, argelina de 27 años, que lleva un año en el CETI de Melilla junto a su hija de 3. Había sufrido agresiones continuas por parte de su marido, que incluso la obligó a prostituirse. En diciembre de 2015 su marido le agredió en plena calle en Melilla y algunos testigos avisaron a la policía, tal y como recoge la ONG.

El informe explica que Marian retiró la denuncia y la causa fue archivada, así que su marido fue readmitido en el CETI y le pegó solo dos días después. "Volvió peor que antes. Me amenazó diciendo que iba a pagar caro por haberle denunciado y llegó a decirme que, aunque él volviera a Argelia, antes me mataría", asegura. Él ha sido expulsado, pero Amnistía cuestiona que hubiera medidas para garantizar la integridad de esta mujer y su niña. Ha iniciado una ciberacción para exigir su traslado a la Península.

El informe se refiere además a las víctimas de trata y afirma que si bien existen protocolos y los CETI colaboran con ONG, no reúnen las condiciones para que las víctimas se sientan seguras, sobre todo porque existe la posibilidad de que los tratantes estén con ellas en el centro. Además, cuando piden asilo, las autoridades rechazan la solicitud si no aportan información considerada relevante.

"Es un círculo vicioso y debería atajarse porque estas mujeres corren verdadero peligro", explica Virginia Álvarez. La gran mayoría pasa a la Península como migrantes en situación irregular con expediente de expulsión, expuestas a continuar bajo las redes de trata de personas".

No lo solicitará en Ceuta porque, como denuncia Amnistía Internacional, si lo hace se quedará atrapado allí. Aunque el permiso de residencia de los solicitantes de asilo es válido en todo el territorio nacional, las autoridades no permiten la libre circulación a la Península de estas personas, que deben esperar a traslados organizados oficialmente.

"Amnistía Internacional ha documentado el trato desigual y discriminatorio que las autoridades españolas están otorgando a personas solicitantes de asilo de otras nacionalidades distintas a la siria. En Ceuta, donde no hay ninguna persona siria, no se producen traslados a la Península de aquellas personas que solicitan asilo, para quienes la estancia en el CETI se prolonga más allá de los cinco meses, la media de estancia de quienes no lo solicitan", afirma.

Es el caso de Inés, de 25 años y nacionalidad argelina que huyó de su país porque fue obligada a casarse contra su voluntad cuando tenía 15 y fue víctima de violencia de género. A pesar de pedir asilo, Inés lleva más de un año en el CETI de Ceuta con su hija de 5 años, compartiendo habitación con otras siete mujeres y un bebé. Ha dejado en su país a otro hijo de 8 años, de quien perdió la custodia cuando pidió el divorcio de su marido, como explica el informe.