A sus 61 años, María José busca la manera de completar su cotización desde que terminó su vida laboral “legal” a los 38 años. El resto de su vida ha sido ama de casa y cuidadora de sus hijos y necesita dos años completos en la Seguridad Social para para no perder sus dieciocho años cotizados y el derecho a una pensión digna. Tendría que pagar casi doce mil euros, según sus cuentas, para poder cotizar todo lo que necesita y disfrutar de una pequeña pensión a partir de los 65 años.

Aún recuerda sus primeros días de trabajo en un laboratorio farmacéutico de Badalona, cuando llegó de la inmigración andaluza de los años 70. María José Sánchez tenía 17 años. A punto de cumplir los 18. “Mi padre trabajaba desde hacía años en Alemania como tantos andaluces y le dije que hiciera las maletas que todos íbamos a vivir juntos a otra zona España donde hubiera oportunidades”, aclara a Público.

De Brenes a Badalona en busca de una nueva vida

José, su padre, Josefa, madre y ama de casa, Manuel, su hermano mediano y Aurorita, la más pequeña emprendieron el viaje a un exilio interior desde Brenes, Sevilla. Concretamente hasta Badalona en el mes de abril de 1974. “Veíamos por la ventana del nuevo piso mi hermana, mi madre y yo la lejanía tan grande que teníamos con nuestro pueblo, donde vivíamos felices pero con muy poco trabajo”, apunta María José a sus 61 años.

El primer día de residencia en Catalunya, María José encontró trabajo en los laboratorios Menarini, a pocos metros de su casa. “En el cartel buscaban empleo femenino y entramos mi hermana y yo en el área de fabricación a las pocas semanas”, sin ninguna formación previa. María José fue poco a poco ascendiendo, a medida que pasaban los años. Se casó con Antonio y comenzó una vida familiar. “Llegué incluso al área de laboratorio con los químicos, a pesar de que no tenía formación específica para ello”. Cuando dejó su pueblo natal de Brenes, también abandonó su camino para entrar a la universidad, ya que quería buscar la reconciliación familiar para no estar más años separados de su padre. Demasiado tiempo viviendo en la lejanía de aquella durísima emigración.

Un trabajo cualificado sin formación previa

Dieciocho años trabajo duró su etapa laboral en Menarini. “Una de las épocas más felices de su vida” recuerda María José. Tampoco olvida su jornada cotidiana de ocho horas, algún paro sindical y cuatro pagas extras que tenía al año. “Parece que esos tiempos ya no existen pero en España. Plantábamos cara a los jefes y parábamos nuestros trabajos para pedir mejoras”, apunta María José como militante, en aquellos años, del sindicato de la CNT.

En 1989, decidió aparcar su vida laboral por motivos personales. “Yo tenía ya dos hijos. Mis padres los cuidaban con ayuda de mi cuñada pero a mi marido Antonio le ofrecieron un puesto en Sevilla y no lo dudamos. Nos daban el sueldo de los dos para forzar el traslado”, recuerda.

Tenía 38 años. Y nunca más se pudo incorporarse en Andalucía al mercado laboral. “Cuando mis hijos se hicieron mayores me quise meter de nuevo, hacer cursos pero ya nadie me contrataba. Solo encontraba trabajos precarios en la limpieza o como cuidadora. Y en la mayoría de los casos sin cotizar”, apunta.

Aquel sacrificio de María José le ha costado muy caro de cara a su futura jubilación. “Tengo 61 años y da igual los años que tenga cotizados. El Estado me exige haber cotizados dos años en la última década para acceder a una pensión por todos mis años en el laboratorio”, apunta.

El Servicio Andaluz de Empleo, de la Junta de Andalucía, le exige a María José esta cotización para poder tener una pequeña paga durante la vejez, sin necesidad de depender solo de la que tenga su marido Antonio, en el momento de su jubilación.

Doce mil euros para tener derecho a su jubilación

“Da igual como lo hagas a ellos ni le importan. Como si te la pagas tu mismo”, sentencia esta mujer indignada. “No puedo acceder a ningún empleo digno y nadie me quiere contratar. O me pago mi propia cotización o no tengo derecho a mi pensión por mis años cotizados”. La única salida de María José es pagar 500 euros al mes a una empresa que me quiera hacer un contrato”. Los dos años obligatorios por la Seguridad Social le obligarían a un pago de unos doce mil euros, según los cálculos que ha realizado.

A pesar de los malos tiempos, María José reconoce ser una afortunada. “Tengo la suerte de tener ayuda. Muchas mujeres no podrían permitirse el lujo de pagar una cotización y se quedarían a las puertas del derecho de recibir una prestación”.
A punto de cumplir los 62 años el próximo mes de mayo, solo espera encontrar algo, aunque sea cobrando una escasa remuneración. “No le quiero dar al Gobierno ese dinero que me pertenece. Es algo que me merezco”.

Entre sus últimas ofertas, ha encontrado el cuidado de los más pequeños. Sin embargo también destaca que “ahora las prefieren jóvenes y sin experiencia para que haya quejas y pagar lo que les venga en gana para abusar si es necesario”, concluye María José.