Los acuerdos de Gobierno, municipales y autonómicos entre el PP y Vox han evidenciado el negacionismo climático de las derechas. Los pactos entre las dos formaciones han supuesto un retroceso en los logros alcanzados en materia ecologista en los últimos años y chocan de frente con las peticiones de Europa.

La ley de cambio climático, aprobada en 2021, obliga a 149 ciudades españolas que superan los 50.000 habitantes a implementar ordenanzas de movilidad para restringir el uso de los automóviles y reducir así los índices de contaminación. Sin embargo, a día de hoy son pocos los ayuntamientos que cumplen esta normativa y cada vez más municipios gobernados por el bloque de la derecha y la extrema derecha retroceden en este tipo de políticas.

Uno de los casos más llamativos es la destrucción de carriles bici, los cuales, según Juantxo López de Uralde, coordinador de Alianza Verde, "la derecha está desmantelando cada vez en más ayuntamientos". José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, eliminó gran parte de estos carriles en la capital tras suceder a Manuela Carmena. Ahora, varios municipios que estrenan gobiernos del PP y Vox han seguido su ejemplo, como Elche, Palma de Mallorca, Gijón o Valladolid, ciudades que ya han anunciado su inminente desaparición.

"Desde la derecha están destruyendo acciones concretas que luchan contra la crisis climática. Con ello, lo que están promoviendo es el aumento de la contaminación y dejando de lado la calidad de vida de las personas, poniendo por delante la utilización del automóvil", denuncia López de Uralde.

Una decisión que va en dirección contraria al modelo urbano sostenible que se impulsa desde la Unión Europea. Muchos de estos carriles bici, que ahora serán eliminados, fueron construidos gracias a la financiación de los fondos europeos Next Generation.

Incumplimiento de las zonas de bajas emisiones

Otro de los frentes abiertos por la derecha contra la lucha frente a la crisis climática son las zonas de bajas emisiones (ZBE). Se trata de una de las medidas aprobadas dentro de la ley de cambio climático. Las ZBE son zonas urbanas en las que se restringe la circulación y estacionamiento de vehículos motorizados, para así mejorar la calidad del aire y la reducción de emisiones de CO2 en aquellas ciudades con más de 50.000 habitantes.

"La idea detrás de las zonas de bajas emisiones es dar una cobertura legal a iniciativas que tomaron algunos ayuntamientos como fue el caso de Madrid central, donde la puesta en marcha de estas áreas trajo consigo una mejora en las emisiones bastante sustancial", explica López de Uralde.

Al menos seis municipios gobernados por PP y Vox buscan reducir o retrasar las áreas de tráfico limitado pese a la obligación europea. Y es que, tan solo han entrado en vigor 14 ZBE, frente a las 149 previstas.

Gijón –donde gobiernan con Foro Asturias– ya permite que los vehículos sin etiqueta de la DGT, los más antiguos y contaminantes, puedan aparcar en el centro de la ciudad, algo prohibido en la anterior legislatura. Lo mismo hará Valladolid, Castelló o Lorca que han solicitado retrasar la aplicación de las ZBE o el Gobierno local de Elche que ha manifestado su negativa a ejecutar esta medida.

Tal y como ha advertido el Ministerio para la Transición Ecológica, no implantar estas zonas de bajas emisiones constituye un incumplimiento de la normativa europea por lo que podría conllevar la pérdida de fondos europeos o posibles multas.

El coordinador de Alianza Verde ha manifestado su preocupación por este retroceso y "la línea de la derecha que representan PP y Vox de ir en contra de todas las iniciativas medioambientales. Las zonas de bajas emisiones se han convertido en el enemigo como son otras medidas contra la crisis climática".

El negacionismo de los líderes políticos

"Niego el cambio climático, pero quiero gestionar Medio Ambiente". Estas son las palabras del que podría ser el próximo consejero del departamento insular de Medio Ambiente de Mallorca, Pedro Bestard, después del acuerdo alcanzado entre PP y Vox para investir a Marga Prohens en el Govern Balear.

El partido ultraderechista no se esconde, lleva el negacionismo de la crisis climática por bandera. En Extremadura, Vox tras su pacto con el PP, también será el partido encargado de asumir las competencias de Gestión Forestal y Mundo Rural. María Guardiola, presidenta popular de la comunidad, presentó en su discurso de investidura las competencias de sus socios de Gobierno y afirmó que lo rural debe defenderse de los ataques que sufre, como el "rechazo al consumo de carne" y "culpar a la ganadería del cambio climático, los ataques a la caza o la ley de bienestar animal".

La formación de extrema derecha, que ha negado abiertamente la emergencia climática, será la responsable de dar respuesta a la conservación de los montes y desarrollar políticas de prevención de incendios. Además, han anunciado que se comprometen a recuperar las actividades tradicionales "que están desapareciendo por las limitaciones, prohibiciones y obligaciones ambientales".

El ejemplo de ello ya se ha puesto en práctica en Castilla y León, donde Juan García-Gallardo llegó a asegurar que "las políticas verdes" y el "ecologismo radical" son las principales causas de los incendios, sin tener en cuenta el papel que juega la falta de medios y las altas temperaturas en la expansión del fuego. Todo ello, mientras la comunidad fue muy criticada el pasado verano por su gestión en la lucha contra los incendios.

El vicepresidente de Castilla y León y líder de Vox en esa autonomía, ha justificado el negacionismo de su partido asegurando que "el clima lleva cambiando desde el origen de la Tierra" y ha añadido que su partido acepta "las externalidades negativas propias del desarrollo industrial".