Los abusos a profesoras incendian la Universidad de Sevilla: "No es un caso aislado"

SEVILLA.- “Los abusos sexuales sufridos por tres de nuestras profesoras a manos del catedrático Santiago Romero, que fue decano de esta facultad durante 13 años, no constituyen un caso asilado. Se producen en el marco de un sistema jerárquico y patriarcal, en el que se dan situaciones de poder que propician el abuso a todos los niveles (aulas, departamentos…)”. Un grupo de 250 profesores, alumnos y personal de administración de la Facultad de Ciencias de la Educación de Sevilla, el lugar en el que se cometieron y consintieron los abusos sexuales a tres profesoras, se ha organizado al margen del actual equipo directivo para exigir “una purga” de todo el equipo decanal.

Muchos de los miembros del Equipo de Gobierno de la facultad son herederos o personas próximas al catedrático y exdecano, Santiago Romero, condenado a casi siete años de cárcel por abusar sexualmente de tres docentes de su departamento. Profesores y alumnos de la misma institución académica les consideran corresponsables de la “inacción o dejadez” con la que respondieron a las denuncias de las tres víctimas. Y han hecho saltar la Universidad de Sevilla por los aires con un durísimo manifiesto de denuncia, con el que además se desentienden de cualquier decisión que adopte el actual equipo directivo.

La reciente dimisión del decano, Juan de Pablos Pons, no ha bastado para calmar las agitadas aguas que remueven la Facultad de Educación desde que hace una semana se hizo pública la condena de Romero. La sentencia, dicen los profesores que se han rebelado, “puso en evidencia la inacción de la Universidad de Sevilla a todos los niveles, desde el Rectorado, que evitó recibir a las víctimas tras conocer los hechos (incluso tras denunciarlos), hasta el decano que sustituyó a Romero en el cargo, y que gestionó la crisis”. Ni las disculpas del actual rector ni el perdón ni la dimisión del decano han sido suficientes para dar por zanjado el asunto. Una parte importante de la Facultad de Educación denuncia que la institución “ha fallado como espacio académico” del que saldrán los futuros profesores, “porque ha permitido y silenciado una agresión sexual que no cabe en la pedagogía que defienden”.

La presión de profesores y alumnos ha hecho que junto a la dimisión del decano, la mitad de su Junta Directiva haya decidido abandonar también sus puestos. De Pablos ha comunicado al rector que abandona, pero éste aún no ha aprobado su cese. Los estatutos de la Universidad de Sevilla obligan al decano dimisionario a convocar elecciones internas para cubrir su vacante antes de dejar el cargo, para que la facultad no quede sin piloto durante la transición.

La presión de profesores y alumnos ha hecho que junto a la dimisión del decano, la mitad de su Junta Directiva haya decidido abandonar también sus puestos

Pero el profesorado, parte de los alumnos y del equipo administrativo se han rebelado y, mientras el decano convocaba una nueva Junta de Gobierno para anunciar el calendario de elecciones internas, los docentes críticos convocaron una asamblea paralela al margen de todo procedimiento reglamentario que finalmente ha tenido más seguimiento que la Junta oficial. Unas 250 personas, entre docentes, estudiantes y personal administrativo, se ha sumado a la convocatoria. “La acción de protesta y de fuerza contra la dirección ha sido histórica. Nunca había ocurrido”, dice uno de los profesores.

De esa reunión sale un manifiesto que, según ha podido saber esta redacción, exige la disolución inmediata del actual Equipo de Gobierno (muchos de ellos afines al catedrático condenado por abusos) y reclama que la facultad quede en manos de una gestora, una situación inédita en la historia universitaria reciente. “Tanto el Equipo de Gobierno como la Junta de esta Facultad han perdido su legitimidad para representar a la comunidad de esta institución académica dada su actuación durante el proceso [tras la denuncia de las profesoras por los abusos]: es un hecho que Santiago Romero ha venido contando con el apoyo corporativo por parte de mitos de poder de la facultad, cuando no con un silencio cómplice. Para abrir una nueva etapa es preciso que se renueve primero la Junta de

“Debe dimitir la Junta en bloque porque falló en un asunto extremadamente grave, pues no puso en marcha ni una sola medida que paliara el sufrimiento de las tres profesoras”, argumentó el profesor López

Facultad, y a continuación se elija un nuevo Equipo de Gobierno. Pedimos la constitución de una gestora que dirija este proceso”, reza el manifiesto, al que ha tenido acceso Público. “Debe dimitir la Junta en bloque porque la institución falló estrepitosamente en un asunto extremadamente grave, pues no puso en marcha ni una sola medida que paliara el sufrimiento de las tres profesoras -ni el de los compañeros cercanos que las apoyaron- ni les prestó apoyo emocional y social que estos actos requieren, como el propio decano ha reconocido”, argumentó el profesor de Didáctica Julián López ante el actual equipo directivo, para añadir: Y también falló ante la comunidad educativa, pues una Facultad de Educación debe estar preparada para tomar una crisis de este tipo para hacer pedagogía. Pedagogía de la buena. Pedagogía de la convivencia democrática, de la igualdad, de la justicia social, de la solidaridad, de la unión ante los poderosos que usan el poder en su propio beneficio”.

La indignación de profesores y alumnos de la Facultad de Educación tiene mucho que ver con una parte de la sentencia condenatoria contra Romero en la que el juez advierte de que la situación de acoso sexual que sufrieron las tres profesoras por parte del catedrático contó con la “colaboración” de miembros de su departamento, que ocultaron los hechos o no se quisieron dar cuenta. Los manifestantes también exigen al actual rector de la Hispalense que “resuelva el expediente administrativo reabierto por la Universidad contra Romero antes de que finalice el periodo de suspensión cautelar, para garantizar los derechos laborales de las tres compañeras, que se han venido vulnerando durante estos años”.

La Universidad de Sevilla apartó al catedrático de su puesto de trabajo cuando conoció la sentencia, reabrió el expediente contra él que había cerrado hace seis años (con excusa de que se había iniciado el proceso judicial) y le redujo el salario hasta el 75% del sueldo base. Las protestas en la facultad quieren cercenar cualquier posibilidad de que Romero pueda reincorporarse a la Universidad, una posibilidad factible, si finalmente el exdecano recurre la sentencia y solicita que le levanten las medidas cautelares. Como ya ocurrió hace seis años.