20-D: Medidas vacías para luchar contra la violencia machista

MADRID.-  A sólo una semana del inicio de la campaña electoral y con el recuerdo todavía fresco de la histórica manifestación del pasado 7 de noviembre contra todas las violencias de género, la lucha contra el terrorismo machista vuelve a tomar las calles. Esta vez, con motivo del 25-N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que este año nos recuerda que hasta el 16 de noviembre, 48 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas y ex parejas.

Aunque algunos partidos todavía no han cerrado sus programas electorales, la mayoría ya han ido deslizando, aunque sin mucha concreción, sus propuestas en materia de violencia de género. El punto de partida está reflejado en la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2015 elaborada por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género: el 12,5% de las mujeres de más de 16 años que viven en España ha sufrido violencia física o sexual a lo largo de su vida. Y el 13% de las mujeres ha tenido miedo de su pareja en algún momento. 

Ante este escenario, los Presupuestos Generales del Estado reflejan un descenso, entre 2011 y 2015, del 21% del presupuesto estatal destinado a la protección de las víctimas de violencia de género y un recorte del 50% en los servicios de atención a víctimas gestionadas por las Comunidades Autónomas, según denunció este martes Amnistía Internacional.

Aunque los partidos no informan de inversiones concretas, en Público repasamos algunas de las iniciativas que se han hecho públicas (sólo el PSOE ha presentado su programa definitivo y tiene un documento específico sobre Igualdad) y las sometemos al análisis de las expertas, que coinciden en considerarlas "poco elaboradas" y en las que echan de menos una asignación presupuestaria. 

Es una propuesta de Podemos que, en principio, las expertas celebran porque supone un aumento de los recursos para las supervivientes de violencia machista, pero recomiendan cautela. Por ejemplo, la directora del Observatorio de Igualdad de Género de la URJC, Laura Nuño, recuerda que sin denuncia, no hay orden de alejamiento. "¿Cómo se garantiza entonces que el maltratador no acuda a la nueva vivienda de la mujer para tratar de agredirla?", se pregunta. "Las denuncias —1.114.560 desde 2007, según un informe del CGPJ— activan mecanismos de protección policial que son muy necesarios porque cuando el agresor pierde el control sobre la víctima se dispara el riesgo de agresión", puntualiza. Sin embargo, según revelaba hace unos días el Informe sobre víctimas mortales de la violencia de género del Observatorio contra la violencia doméstica y de género —que analiza datos de 2013—, un 80% de las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas no había denunciado.

Marisa Soleto, directora de la Fundación Mujeres, coincide con Podemos en la necesidad de fortalecer los recursos de emergencia como las casas de acogida —o alternativas habitacionales, como las llama Podemos— pero puntualiza que una mujer víctima de violencia machista no sólo necesita un techo: "Es imprescindible que en esos refugios tengan apoyo legal, psicológico, informativo y reciban un amplio servicio de acompañamiento". 

El PSOE aboga por implicar a todas las Administraciones Públicas para dar respuestas efectivas e integrales que garanticen a las mujeres e hijos e hijas de las víctimas de violencia "el derecho a una vida sin violencia y reponer las dotaciones económicas que se han ido recortando en estos años". Podemos quiere llegar a un acuerdo para "blindar en los Presupuestos Generales del Estado una dotación mínima garantizada que garantice herramientas y medios para hacer frente a la lacra de la violencia machista".

Todas las expertas consultadas por Público coinciden en la necesidad de este acuerdo: "Con cerca de 800 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en poco más de 10 años, es increíble que España aún no tenga este pacto. Vivimos en la cultura del simulacro, aprobamos leyes pero luego recortamos presupuestos", denuncia Snuño. Soleto, que considera imprescindible la coordinación institucional en la lucha contra la violencia machista, coincide en que un Pacto de Estado no puede ser una "mera declaración" y que hay que dotarlo de medios.

"¿Dice ese pacto que se estudiará la igualdad de manera transversal desde la guardería hasta la universidad? ¿Que se corregirán todos los libros de texto que perpetúen estereotipos machistas? Si es así, estoy a favor porque ahí está el germen del problema", apunta Pilar López Díez, doctora en Ciencias de la Información y experta en violencia machista, género, comunicación y políticas de igualdad. 

En este sentido, Podemos plantea en su documento de medidas urgentes que "el machismo es un problema social que está en la raíz de esta forma de violencia y será la sociedad quien lo supere". "Para ello es fundamental que apostemos por una educación que ponga la igualdad en el centro. Una educación que no sólo se circunscriba al ámbito de la escuela, sino que incluya la formación en igualdad de todos los sectores profesionales". ¿Cómo lograrlo? ¿Cuánto dinero cuesta? No hay respuestas.

Tanto Podemos como el PSOE proponen en sus programas que la Ley contra la Violencia de Género abarque todas las formas de violencia contra las mujeres (matrimonio forzoso, violaciones, crímenes de honor, trata de mujeres y niñas, mutilación genital femenina, etc), tal y como obliga el Convenio de Estambul —acordado por la CEDAW y el Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica— que España ha ratificado. Amnistía Internacional también lamenta que la Ley Integral aborde únicamente la violencia cometida por parejas o ex-parejas porque "deja en una situación de especial vulnerabilidad", explica en un comunicado, "a las mujeres víctimas de violencia sexual llevada a cabo por terceros". 

Soleto reconoce que es necesario un "mayor desarrollo legislativo", pero apunta que la modificación de la ley requiere una "reflexión pausada". Según la directora de la Fundación Mujeres, hay que estudiar si es más positivo incluir en la ley 1/2004 la trata o las violaciones, por ejemplo, o desarrollar normas integrales específicas para cada una de ellas.

López Díez coincide con Soleto y afirma que uniendo todas las violencias se diluye el aspecto fundamental de la violencia de género, es decir, que los varones someten y vejan a sus mujeres porque se sienten superiores a ellas. "El modo en que los hombres maltratan a sus parejas o ex-parejas no es el mismo con el que los hombres maltratan a su suegro o a la vecina del quinto. Someten a las mujeres para que les sigan sirviendo", insiste.

Todas las expertas consultadas por Público consideran "terrorífico" que existan aún indultos para los asesinos de mujeres, por lo que ven absolutamente acertada esta propuesta.

El PSOE propone incorporar a la Constitución una regulación expresa y específica de "la igualdad entre mujeres y hombres que se extienda, entre otros ámbitos, al empleo y las

condiciones de trabajo, al derecho de las mujeres a su salud y a su vida, a la

protección frente a la violencia de género, a la libertad de decidir sobre sí mismas,

al desarrollo de una educación en valores cívicos y en igualdad, libre de sesgos de

género, y a la participación política". Soleto considera necesaria "una relectura" porque la Constitución "se ha quedado vieja" y ve acertado el cambio que propone el PSOE porque "la violencia de género debe considerarse un atentado contra los derechos humanos que exige la misma reparación que el terrorismo".

Zulema Altamirano, exmiembro del Instituto Europeo para la Igualdad de Género (EIGE) y ahora en el Ministerio del Interior, señala que la protección es importante y que está bien que se refleje en la Constitución, pero que el foco debe ser ahora la prevención. "Hay que concienciar a la sociedad y para ello, hay que educar de manera transversal tanto en la enseñanza formal (colegios, institutos e universidades) como en la enseñanza informal (medios de comunicación y redes sociales)", insiste Altamirano, que advierte de la necesidad de ir "a la raíz del problema", a las actitudes de los adolescentes. Concienciar en ese sentido, explica, debe formar parte de la "hoja de ruta" del partido que acabe gobernando. 

López Díez coincide con Altamirano en situar la raíz del problema en los estereotipos que todavía transmiten la escuela y los medios de comunicación. De hecho, la ONU expuso en 2013 que mientras no se ataquen esos estereotipos de control y dominio, en el caso de los hombres, y de subordinación en el caso de las mujeres, no cesará la violencia de género.

Ciudadanos no ha cerrado todavía su programa electoral, pero el de las elecciones autonómicas en Catalunya incluía esta referencia a las denuncias falsas por violencia de género. Una medida que Soleto califica de "irresponsabilidad considerable" porque "da aliento a posiciones sociales que niegan la violencia de género" y no aporta ninguna solución. Este domingo, en el programa El Objetivo de La Sexta, el candidato de C's, Albert Rivera, mantuvo su indefinición habitual al respecto: "No sé si son un 0,01 % o un 3%. No voy a renegar de que haya casos de denuncias falsas pero tampoco creo que se pueda generalizar con ellos", afirmó.

Altamirano recuerda que hay jueces y fiscales con capacidad para frenar esta actitud minoritaria y advierte de que una medida pensada para quien abusa del sistema puede ser "contraproducente" en una sociedad, como la nuestra, que todavía "no ha entendido la raíz de la violencia de género".

Además de estas medidas, Podemos propone prestar atención psicosocial a los maltratadores; Ciudadanos promete priorizar la coordinación entre comunidades en la lucha contra la violencia machista; el PSOE plantea un fondo para ayuntamientos y la publicación de una lista maltratadores con sentencia firme; y UPyD aboga por una nueva Ley contra la Violencia de Género o Intrafamiliar, Doméstica o Sexista, en sustitución de la actual norma, y más medios judiciales, policiales y de asistencia. ¿Con qué dinero se pagará tanto cambio? Esa es la incógnita en todos los casos. De momento, lo único que se sabe es que el presupuesto para igualdad y violencia para 2016 representa el 0,0103% del total de los Presupuestos Generales del Estado.

El PP aún no ha hecho público su programa electoral y no ha trascendido ninguna nueva medida en relación a la violencia de género. En la última legislatura, el Ejecutivo modificó la Ley 26/2015 de Protección a la Infancia y a la Adolescencia para reconocer a los hijos e hijas de mujeres víctimas de violencia de género también como víctimas, e impulsó la justicia gratuita para las víctimas. Sin embargo, Soleto considera que el partido en el Gobierno, "cargado de buenas intenciones", no ha reparado "los problemas graves" en este tema, como son la especialización de los profesionales y el funcionamiento de la justicia. "El Gobierno ha renunciado a que la violencia machista sea una cuestión de Estado, como se reclamó en el 7-N, y cree que está haciendo suficiente", insiste la directora de la Fundación Mujeres.

Altamirano, en cambio, considera que, a pesar de la crisis, no ha habido retrocesos. "Sí se han hecho cosas, pero en silencio", afirma. "España es un referente en Europa en políticas contra la violencia machista y desde 2004 la ley está bastante encaminada. De hecho, entre 2005 y 2012, España es uno de los países europeos que más ha mejorado en Igualdad", concluye.

016. Teléfono de atención a víctimas de violencia de género. Es gratuito y no deja rastro en la factura telefónica.