El alcalde de Manchones (Zaragoza), Francisco Pardillos (Par), se enfrenta a peticiones de hasta dos años de prisión, quince de inhabilitación y 7.200 euros de multa como presunto autor de un delito electoral y otro de prevaricación por el empadronamiento de trece familiares y amigos unos meses antes de las elecciones municipales de 2015, tras las que revalidó por mayoría absoluta la alcaldía a la que había llegado tras la condena de su antecesor por una alcaldada.

La Fiscalía pide para él 18 meses de prisión, durante los que no podría ser candidato en caso de condena, y una multa de 4.860 euros por un delito electoral de alteración del censo, mientras cuatro vecinos, que ejercen la acusación en dos bloques y que también le imputan un delito de prevaricación, solicitan elevar la pena a dos años de cárcel. 

Según los escritos de las acusaciones, Pardillos “autorizó el empadronamiento en dicha localidad de varios familiares, conocidos, amigos y personas afines” con vistas a las elecciones, en las que todos ellos votaron, además de no autorizar la inscripción de “otras personas que no eran afines a él”. 

Familia, empleados, amigos

Así, fueron empadronados trece supuestos partidarios de Pardillos mientras el ayuntamiento desestimaba por “motivos no exigidos” al primer grupo, según las acusaciones, las anotaciones de otras personas, entre ellas las de dos de los denunciantes, que han recurrido la negativa en los juzgados de lo Contencioso de Zaragoza. 

Las solicitudes de los amigos y familiares fueron registradas el 22 de diciembre de 2014, “último día laboral del año con servicio de secretaría y posibilidad de empadronarse antes de finalizar el año, e información que no estaba al alcance del público en general”, sostienen los denunciantes, que añaden que en ninguna de ellas consta la autorización de los dueños de las viviendas que señalan como domicilio o, en otros casos, su titularidad. Uno de los requisitos del padrón es residir 180 días en el municipio. 

Los escritos de acusación indican que el alcalde, residente en Daroca, dos trabajadores de su empresa y una hermana de Zaragoza se empadronaron en la casa de un tío del edil que vive en Castellón; una tía, una prima y dos sobrinas lo hicieron en dos viviendas deshabitadas; dos amigos se inscribieron en direcciones que no existen en el pueblo y, por último, cierran el listado de empadronamientos en tela de juicio dos amigos valencianos y un pariente político lejano de Daroca. 

La defensa del alcalde, que se sentará en el banquillo del Juzgado de lo Penal número 2 de Zaragoza el 8 de enero y al que la jueza ha impuesto una fianza de responsabilidad civil de 9.600 euros, rechaza esas acusaciones y mantiene que su cliente es inocente, por lo que reclama la absolución. 

Más del 10% del censo

Trece votantes suponen algo más del 11% de los 114 que integran el censo electoral de este pequeño pueblo del Campo de Daroca, al suroeste de la provincia de Zaragoza, en el que no son inusuales los pleitos y conflictos entre vecinos y consistorio y en el que la actividad política es intensa: la participación en las municipales superó el 90% tanto en 2011 como en 2015, convocatoria en las que hubo cuatro candidaturas: Par, PSOE, IU y PP. 

Funciona en régimen de Concejo Abierto, un sistema en el que los vecinos votan directamente a los candidatos, sin reparto proporcional por candidaturas.  

Eso hizo que los 63 votos recibidos por los cuatro candidatos del Par se tradujeran en otras tantas actas de concejal, mientras los 43 del PSOE solo le otorgaban uno e IU no obtenía representación pese a reunir 44 apoyos. El PP solo obtuvo tres sufragios. 

La alcaldada de su antecesor y primo

Los candidatos del PSOE e IU, que se consideran perjudicados por los empadronamientos presuntamente irregulares que atribuyen al alcalde, ejercen la acusación en el proceso contra el actual alcalde, que recibió la vara al final de la pasada legislatura, tras la condena por prevaricación de su antecesor y primo, Jesús Pardillos, también del Par. 

Este dimitió en el verano de 2014, unas semanas después de que, en junio de ese año, la Audiencia de Zaragoza lo condenara a nueve años de inhabilitación como autor de un delito de prevaricación por las irregularidades en los plenos que llevaron a que una familia no pudiera ampliar su granja de pollos. 

La sentencia, que le absolvía tanto a él como al teniente de alcalde y al secretario de falsedad y de tráfico de influencias (los dos últimos fueron también exonerados de prevaricar) y que también obligaba a Jesús Pardillos a indemnizar a los afectados con 137.614 euros, fue confirmada por el Supremo en abril de 2015. 

Este tribunal se refirió a su conducta como “lo que en lenguaje coloquial se conoce como una ‘alcaldada” por su “abuso de autoridad” y su “intención de perjudicar en todo momento”, que incluyó forzar “la demora en la incorporación de un nuevo concejal que podía alterar la mayoría”.