Los nueve vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que acaba de cumplir un mandato completo de cinco años en funciones, quieren que la institución aborde la legalidad de las comisiones parlamentarias de investigación y el deber de comparecencia de los jueces y magistrados.

En un escrito, los vocales José María Macías, José Antonio Ballestero, Juan Martínez Moya, Juan Manuel Fernández, Gerardo Martínez Tristán, Wenceslao Olea, Nuria Abad, Carmen Llombart y María Ángeles Carmona piden al presidente interino del CGPJ, Vicente Guilarte, que en este Pleno ordinario se examinen "las relaciones entre el Poder Judicial y los restantes poderes del Estado".

Los conservadores se remiten al "continuo flujo de inadmisibles declaraciones, descalificaciones, señalamientos, querellas e incluso amenazas que vienen sufriendo los jueces y magistrados por el mero ejercicio de sus funciones constitucionales".

Fuentes del órgano de gobierno de los jueces consultadas avanzan que se accederá a lo solicitado, por lo que el asunto se debatirá en el cónclave del próximo miércoles, del que también participarán los seis vocales del ala progresista.

En los últimos días, varios vocales habían planteado redactar un informe con razones jurídicas que respalde a los jueces y magistrados que se nieguen a comparecer en dichas comisiones, una propuesta que ha tenido buena acogida interna, por lo que el CGPJ ya estudia la posibilidad de elaborarlo, según las citadas fuentes.

Detrás de esta petición está lo ocurrido el martes en el Congreso. Primero con la creación de una comisión de investigación para indagar en la denominada operación Catalunya, la presunta trama parapolicial urdida durante el Gobierno del PP para atacar al independentismo catalán, y otra sobre el espionaje con los programas Pegasus y Candiru a líderes políticos, activistas, abogados y periodistas vinculados al independentismo.

Y después con las acusaciones de la portavoz parlamentaria de Junts, Miriam Nogueras, tildando de "indecentes" a varios jueces del Supremo y pidiendo que sean "juzgados", lo que ha causado un terremoto en la cúpula judicial que advierte de medidas ante un ataque "sin precedentes", que no hace sino aumentar la tensión con el Gobierno.