El juicio celebrado este miércoles contra el programa de televisión En el punto de mira de Cuatro, con el título La herencia de los Franco, que se emitió el 23 de julio de 2018, en prime time, ha quedado visto para sentencia tras la vista celebrada en el Juzgado de Primera Instancia 43 de Madrid, por la demanda de los siete nietos de Franco que consideran vulnerado su honor y piden una indemnización conjunta y solidaria de 50.000 euros y la destrucción del programa.

Los demandados son: la propia cadena, propiedad de Mediaset; los directores del programa, Juan Serrano y Lorena Correa; tres reporteros -Pablo de Miguel, Juan Carlos González y Carla Sanz; los periodistas de investigación Mariano Sánchez Soler y Javier Otero Bada; Carlos Babío, historiador y exconcejal de la localidad gallega de Sada, donde se ubica el Pazo de Meirás ; y el tertuliano Jimmy Giménez Arnau, que estuvo casado con una nieta de Franco. Los demandados no han tenido que acudir al juzgado.

Tampoco han ido los nietos de Franco; solo han acudido los letrados y el testigo de la acusación: el presidente de la Fundación Francisco Franco, Juan Chicharro, que ha realizado una loa del dictador, según indican a este medio fuentes presentes en el juicio, pero no ha sido determinante para demostrar las "mentiras" que según los nietos de Franco se vertieron en el citado programa sobre la fortuna del dictador.

Chicharro no ha podido desmentir los documentos oficiales que el periodista Javier Otero ha aportado en la causa en los que se prueba lo que dijo en el programa: las cuentas con 34 millones de pesetas de la época de donativos de la guerra civil que siguieron a disposición de Franco hasta su muerte. Según ha podido saber Público, Chicharro ha aducido que el dictador tenía dinero propio, procedente de las medallas militares pensionadas, pero no ha sabido cifrar ese dinero presuntamente ganado por Franco como parte de su sueldo.

La Fiscalía ha solicitado la desestimación de la demanda por considerar que las manifestaciones hechas por los acusados "se amparan en el derecho a la libertad de expresión". Los letrados de los demandados han señalado que la demanda de los Franco es "vergonzosa" porque "pretende cercenar el derecho a la información y a la libertad de expresión", señalan fuentes del proceso.

"Esto es el mundo al revés", ha subrayado Carlos Babío a Efe, que no entiende que pueda ser juzgado por explicar una investigación en la que posteriormente se basó parte de la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña, que falló en septiembre de 2020 que el pazo es propiedad del Estado.

Además, esgrime que sus declaraciones se refieren a unos hechos sucedidos entre el 1938 y el 1941, cuando los demandantes "aún no habían nacido" y por tanto no pueden ver dañado su honor, ha considerado. "No sé si a estas alturas del siglo XXI alguien puede dudar de que Franco fue un dictador", subraya Babío. Por estos hechos hay dos causas abiertas, una penal y una civil. En esta última se enmarca el juicio celebrado este miércoles.