La violencia policial tumba el plan de Rajoy y lleva el debate del soberanismo a Europa

Esperar. A que sus rivales cometan fallos estratégicos, a que cunda la desunión entre ellos, a que se desinflen los suflés. Se trata de la táctica que mejor maneja Mariano Rajoy, la que le ha servido para auparse al liderazgo del PP y gobernar España desde 2011. Pero la represión policial contra ciudadanos que no cometieron actos violentos a la que asistió la comunidad internacional este 1-O puede haberla echado a perder justo cuando más la necesitaba.

Las escenas de violencia desproporcionada contra personas que depositaban papeletas en urnas ha puesto el foco internacional sobre España. El alto comisionado para los Derechos Humanos de la ONU se ha mostrado "perturbado por la violencia del domingo", instando a las autoridades a investigar los hechos. A esta petición se ha sumado Amnistía Internacional, censurando el "uso peligroso e inadecuado de material antidisturbios y golpes a personas indefensas que no ofrecían resistencia". El investigador de Human Rights Watch para Europa Kartik Raj‏ ha adelantado por su parte que está estudiando los "cientos de vídeos de policías haciendo uso de la fuerza" este 1-O: "Algunos casos son claramente excesivos", ha confirmado, anunciando que su organización se posicionará oficialmente en breve.

El Gobierno ha intentado obviar estos posicionamientos, que hasta ahora solían dirigirse a países como Turquía y no a miembros de pleno derecho de la Unión Europea, defendiendo la actuación de las fuerzas de seguridad. No obstante, Rajoy ha recibido un revés que no esperaba y que podría cambiar el equilibrio de fuerzas en el conflicto entre el Estado y la Generalitat. Ha sido precisamente la Comisión Europea, que hasta ahora ha estudiado al milímetro cualquier comentario sobre Catalunya y lo ha calificado como un "asunto interno del Estado español", la que ha dado un paso hacia la intervención.

Bruselas enviará al comisario de relaciones entre instituciones al Pleno de la Eurocámara sobre Catalunya, dando a entender que otorga la máxima importancia a la cuestión

El Pleno del Parlamento Europeo celebrará este miércoles un debate extraordinario centrado en los hechos ocurridos en Catalunya este domingo. Grupos de todo el espectro político han expresado su repulsa contra las autoridades españolas por haber permitido que escenas como esas se dieran en calles europeas, desde Los Verdes ("Da igual lo que cada uno piense sobre Catalunya, no se puede usar la violencia contra los ciudadanos pacíficos", ha manifestado su líder, Ska Keller), pasando por los Liberales, hasta la extrema derecha del UKIP de Nigel Farage. En un movimiento que da a entender que otorga la máxima importancia a la cuestión, Bruselas ha decidido enviar a este debate a Frans Timmermans, comisario europeo de Relaciones Interestitucionales, Estado de Derecho y Carta de los Derechos Fundamentales.

La internacionalización, paso clave para el soberanismo

Timmermans, socialdemócrata, se ha mostrado comedido hasta ahora en sus posicionamientos sobre la voluntad soberanista catalana, evitando entrar en detalle y haciendo referencia a que en todos los independentismos europeos "el principio fundamental es el respeto constitucional". 

Sin embargo, su designación para el debate en el Pleno de la Eurocámara —que se producirán antes incluso que en el Congreso de los Diputados, que no tratará el tema hasta la semana que viene pese a que Rajoy aseguró el domingo que comparecería "inmediatamente"— es un paso adelante para el independentismo, cuyo objetivo es la internalización de su voluntad independentista. Por un lado, es el responsable de relaciones entre instituciones a nivel europeo, justo el plano en el que la Generalitat quiere tratar su proceso de desconexión con España, como estipula la Ley de Transitoriedad aprobada por el Parlament.

Por otro, Timmermans también es el encargado de los asuntos relacionados con la Carta de Derechos Fundamentales, en la que los soberanistas quieren centrar la batalla jurídica para defender el derecho de autodeterminación. En el documento con su estrategia jurídica, que Público reveló en primicia, el equipo de abogados contratado por ERC argumenta que la citada Carta recoge como derechos conceptos abiertos como "dignidad humana", lo que para los soberanistas "implica que, tal y como ocurre en la jurisprudencia comparada, se abre el catálogo a figuras que no están contenidas explicitamente". Figuras como la autodeterminación.

La estrategia jurídica soberanista se basa en negar la competencia de los órganos españoles para decidir si el derecho de autodeterminación tiene encaje en la UE

Basándose en ese razonamiento, no sería el Tribunal Constitucional sino el Tribunal de Justicia de la Unión  Europea (TJUE) el competente para determinar si el derecho de autodeterminación tiene encaje en el ordenamiento jurídico comunitario. Timmermans, como miembro de la Comisión (el órgano ejecutivo de la UE) no podría juzgar sobre la cuestión, pero su posicionamiento sería relevante. 

En cualquier caso, no ha sido la pujanza del movimiento independentista —que hasta el 1-O había recibido escaso apoyo internacional— sino el propio Rajoy el que ha llamado la atención sobre él, al provocar escenas de violencia policial derivadas de la movilización extraordinaria de unidades de la Policía Nacional y la Guardia Civil para impedir la votación. Hechos que ya se vivieron bajo su Gobierno en movilizaciones ciudadanas como las Marchas de la Dignidad de 2014 pero que el soberanismo ha sabido internacionalizar.