MADRID.- Dos veces ha sido citado a declarar el comisario José Manuel Villarejo Pérez a una rueda de reconocimiento en el caso de la doctora Elisa Pinto, a quien presuntamente apuñaló el 10 de abril de 2014.

La primera vez aseguró que estaba de viaje y, tras el segundo llamamiento, presentó un escrito en el que pide su sobreseimiento libre de la causa y alega una conspiración del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) contra él, al igual que en el de Gao Ping o el pequeño Nicolás.

En este caso, un antiguo miembro del CNI y supuesto amigo de la doctora Elisa Pinto sería la mano que ha orquestado que el Villarejo esté denunciado por el presunto apuñalamiento. Así obra en el escrito presentado por la defensa del ‘agente encubierto’ al que ha tenido acceso Público. Según ha explicado a este medio Sergio Berenguer, abogado del comisario en esta causa, "aunque no está imputado lo que queremos es que se retiren las acusaciones de la doctora contra él, por eso pedimos el sobreseimiento".

Una de las pruebas que aporta el ‘agente encubierto’ es una grabación con el abogado José Luis Ortega Peña que el comisario realizó el 26 de marzo de 2014, precisamente en los días que la dermatóloga estaba dejando a su anterior letrado para que Ortega Peña llevase el caso. La dermatóloga había sufrido una agresión el 13 de enero y en diciembre de 2013 el consejero delegado de OHL Javier López Madrid había ido a su consulta acompañado de un hombre con pinta de “matón”, según las denuncias, que se hizo llamar Rafael Redondo y era abogado del comisario Villarejo.

El cliente

Villarejo conoce a la madre del Ortega Peña “de toda la vida, de El Mundo”, pero el abogado accedió a quedar con él. Según explicó este abogado, la doctora Pinto contactó con él por un asunto relacionado con el ex consejero delegado de OHL Javier López Madrid. “Le he dicho que voy a intentar hablar con una persona para que le transmita a él (López Madrid)” que la doctora lo que quiere es “que se acabe el problema”, le contó Ortega Peña a Villarejo.

También le explicó que la doctora, ya en aquel entones, llevaba vigilancia porque la habían apuñalado en la calle. Villarejo se interesó por si la doctora había denunciado. “Sí, sí, sí, lo que pasa es que vamos a ver (…) a partir de que se suceden estas situaciones, pues esta persona, que es una antigua del CNI o no sé qué historias, pues te sitúa a ti, porque a mí me da él tu nombre…”, le respondió el letrado. El comisario, en cambio, no recordaba que el yerno de Juan Miguel Villar Mir fuera cliente suyo. “No me entero de todo, aquí somos 100 personas, tengo varias oficinas, 14 abogados y yo soy el presidente, si me dan mal las pistas...”, se excusó. Tampoco su mano derecha, Rafael Redondo, recordaba nada de López Madrid.

La reunión entre Villarejo y Ortega Peña, por tanto, no surtió efecto. Quince días después, tras recibir numerosas llamadas de acoso y amenazas anónimas, la doctora fue apuñalada de nuevo. Presuntamente el autor era la misma persona que acompañaba al empresario a su despacho, a quien la doctora ya había reconocido como el policía José Villarejo.

Villarejo reconoce que su abogado acudió con López Madrid al despacho de la dermatóloga semanas antes de que fuera apuñalada

Sin embargo, en este último escrito de defensa, Villarejo presenta una declaración ante notario en la que reconoce que en el mes de diciembre de 2013 -poco antes del segundo apuñalamiento de Pinto- su abogado, Rafael Redondo, había acudido junto con López Madrid al despacho de la doctora para pedirle que cesaran las denuncias contra el empresario. Es decir, según explican fuentes conocedoras del caso a Público, Villarejo reconoce que López Madrid le contrató, como explicó el propio empresario ante la jueza, y que un empleado suyo acudió a amenazar la doctora. En lo único que difieren ya es sobre quién fue al despacho:  ella sigue manteniendo que fue el propio Villarejo; él asegura que fue su abogado, Rafael Redondo.

A pesar de que el comisario reconoce haber aceptado un negocio para librar al empresario López Madrid de unas denuncias que instruye la Policía Nacional, la Dirección General de la Policía sigue sin ver incompatibilidad entre la actividad privada y pública de Villarejo. “Por el momento nos remitimos al informe que se hizo este año y que resuelve que su actividad es compatible”, responde a Público un portavoz oficial. El autor de dicho informe está ahora destinado en Holanda con una dieta de 10.000 euros al mes.

La coartada

Villarejo asegura que estaba con Inda y Urrieztieta en un hotel, precisamente, en el momento en que la denunciante fue apuñalada

Por si fuera poco, Villarejo aporta más argumentos a su coartada. "Como ha podido comprobar en su agenda personal, sin ninguna duda, el día 10 de abril de 2014 el señor Villarejo se encontraba reunido con los Sres. Esteban Urrieiztieta y Eduardo Inda en el hotel Holiday Inn, desde las 19.00 hasta las 20.00 horas aproximadamente, precisamente el momento en que según la denunciante sufrió el supuesto apuñalamiento”, reza el documento.

Público se han puesto en contacto con ambos periodistas. Urrieztieta cree “que posiblemente sí estuviera reunido con él, aunque tengo que consultarlo en mi agenda”. El letrado de Eduardo Inda indica sin embargo que tendrá que revisarlo en sus agendas pero cree que no se reunió con él en esas fechas. Ambos han sido propuestos como testigos por el propio comisario.
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No es la primera vez que ocurre. Esta relación entre el comisario y los periodistas pasa por el informe de la UDEF sobre la familia Pujol o por el caso del pequeño Nicolás. En este último declaró Urrieztieta la semana pasada en la pieza secreta. En esa parte del sumario se investiga qué “adscrito del Ministerio del Interior”, según declaró en diciembre de 2014 este periodista, les facilitó una grabación entre los encargados de la investigación y dos agentes del CNI que finalmente acabó en manos del presunto estafador.

Y es que este caso de la doctora Pinto es uno más de una larga lista de investigaciones en las que, según Villarejo, el CNI quiere involucrarle desde que denunció, en 2014, que los espías españoles se habían quedado con parte del dinero del rescate de dos periodistas secuestrados en Siria. En esta conjura contra él estarían agentes del CNI, los fiscales anticorrupción, el juez del caso del pequeño Nicolás, Javier Ayuso –adjunto a la dirección de El País y ex director de comunicación de Casa Real- y una periodista de Público, entre otros.  Pero el Tribunal Supremo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, los juzgados de Plaza Castilla y el Consejo General del Poder Judicial han desestimado todas sus querellas.