El Regimiento de Caballería Mecanizado 6 del las Fuerzas Armadas de Uruguay se ubicaba en el barrio de Piedras Blancas, en Montevideo. Entre 1973 y 1985, los doce años que duró la dictadura cívico-militar en el país sudamericano, el cuartel fue aprovisionado con vagones de tren en cuyo interior se torturó a los disidentes políticos. Hoy el lugar ha cambiado de uso: es una cárcel para los represores de la dictadura. 

En los vagones de las torturas no faltaba un médico que garantizara la máxima perdurabilidad del detenido ante las torturas de las que era objeto. El médico militar controlaba hasta dónde podían aplicar los tormentos a los detenidos, graduando la intensidad de las torturas en relación a la resistencia de las víctimas. Por ejemplo, ante un fallo cardiaco o un desvanecimiento, el doctor sabía reanimar al interrogado para que los militares le siguieran aplicando descargas eléctricas o le realizaran el 'submarino seco' con una capucha de plástico apretada al cuello.

Según las investigaciones de la Comisión Nacional de Ética Médica de Uruguay, en los años de la dictadura hubo 800 médicos al servicio de los militares y en un solo año, tras el regreso de la democracia, 80 de ellos recibieron denuncias por parte de las personas que estuvieron presas en los distintos centros clandestinos de detención, como el Cuartel de Piedras Blancas. No era fácil conocer el nombre del médico que había participado en los interrogatorios ni siempre era posible verle la cara, según han expuesto a lo largo de estos años los presos políticos.

Nueve de aquellos presos y presas del Regimiento de Caballería 6 lograron ver el rostro al médico que supervisó sus torturas y pudieron conocer su nombre. Aseguran que se trata de Carlos Américo Suzacq Fiser, que hoy tiene 72 años. 

Según su denuncia, el doctor Suzacq prestó servicios como médico de las Fuerzas Armadas uruguayas, estando destinado en Piedras Blancas entre 1972 y 1975. El golpe de Estado perpetrado por el presidente Juan María Bordaberry en 1973 materializó lo que ya se venía gestando desde 1971: la guerra contra el comunismo en el Cono Sur. La llamada Operación Cóndor, común en otros países vecinos como Argentina y Chile, cercenó todos los derechos políticos y sociales en Uruguay. 

Los médicos no fueron ajenos. Se produjo una purga entre los facultativos que prestaban servicio en los cuarteles. Sólo permanecieron en las Fuerzas Armadas los médicos adeptos al nuevo régimen militar y pasaron a ser considerados militares también. 

Funcionario español desde 1981

El doctor Carlos Suzacq es cardiólogo y tiene doble nacionalidad, uruguaya y española. A finales de los años setenta se trasladó a España y en enero de 1981 aprobó las oposiciones del Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria, como desvela el Boletín Oficial del Estado. 

Ha pasado consulta en importantes hospitales de Madrid y en los últimos años se había establecido en una clínica en Móstoles. Pero el 23 de junio de 2022 fue detenido en su casa, en un chalé en la localidad de Las Rozas, en virtud de una orden de detención internacional cursada por Uruguay, acusado de crímenes de lesa humanidad, por su implicación en las torturas practicadas en el Cuartel de Piedras Blancas. 

En concreto, son nueve testimonios en su contra, que le describen como médico torturador. La Audiencia Nacional ha celebrado la vista de extradición esta semana, en la que el doctor Suzacq se ha opuesto a su entrega a las autoridades uruguayas. Ha reconocido haber prestado servicio como médico en el citado regimiento, pero niega haber participado en los interrogatorios, según ha podido saber este diario de fuentes de la investigación. Su principal tesis defensiva, no obstante, es la posible prescripción de los hechos.

La Fiscalía española se muestra favorable a la extradición de Suzacq Fiser, pero en la decisión final del tribunal jugará un papel esencial el hecho de que el médico goza de la nacionalidad española y de una vida hecha en Madrid ejerciendo como médico. Para la abogada de Suzacq, los hechos estarían prescritos respecto al Código Penal español de 1973, vigente en el momento de los hechos denunciados. El Ministerio Fiscal, por el contrario, cree que "dada la descripción que hacen las autoridades reclamantes, que tiene apariencia de buen derecho para reclamar y juzgar, sí es procedente autorizar en vía judicial". 

La picana eléctrica y el 'submarino seco'

En el escrito por el que la Fiscalía solicita su entrega, al que ha podido acceder Público, se identifica a Suzacq como asesor del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubersivas (OCOA) en los interrogatorios a personas detenidas en el marco de una operación contra el Partido Comunista Revolucionario (PCR), entre 1972 y 1975. 

Una de las denunciantes, que responde a las iniciales A.M.M.N., narra en su denuncia un auténtico episodio de terror. Manifestó que cuando estuvo detenida en el Regimiento de Caballería 6 estuvo siempre encapuchada y que el doctor Suzacq fue el médico que le dijo que no estaba embarazada pese a que lo estaba. Esta mujer fue desnudada, atada de los tobillos con alambre y recibió descargas con la picana eléctrica, mientras la amenazaban con quemarla con ácido o fusilarla. Los militares le hicieron firmar un acta, pero ella se negó a aceptar el texto impuesto, y el doctor la amenazó con volverla a torturar, según consta en su denuncia.

Otra de las víctimas sostiene que le practicaron la técnica del 'submarino seco', con una capucha aprisionándole la cabeza. Otro indica que cuando estaba detenido le golpearon, le esposaron, le encapucharon y le aplicaron una picana eléctrica estando esposado de piernas y manos, sometiéndole a descargas eléctricas estando mojado. Según su relato, el doctor Sucazq estaba presente en esas sesiones y asesoraba a los autores materiales. 

Lo mismo asevera otra víctima, E.N.R., que relata que Suzacq Fiser "específicamente autorizaba a seguir torturando", y que como consecuencia de las torturas sufre de secuelas psicológicas. Por su parte, Elena Zaffaroni señala que la golpearon, le dieron sesiones de picana y fue torturada delante de su esposo (Luis Eduardo González), a quien también aplicaron la picana, además de utilizar su embarazo como elemento de coacción psicológica, habiendo sufrido secuelas físicas como sordera del oído derecho y psicológicas. 

Desaparecidos en Piedras Blancas

Según las investigaciones oficiales de la Secretaria de Derechos Humanos para el Pasado Reciente de Uruguay, entre 1968-1985 desaparecieron 192 personas en el marco del terrorismo de Estado. En el Regimiento de Caballería 6, donde trabajó el médico Carlos Suzacq Fiser, constan al menos cuatro desaparecidos. Uno de ellos es Luis Eduardo González, marido de Elena Zaffaroni, estudiante de medicina y militante del PCR. 

Luis Eduardo, de 22 años, fue detenido en su domicilio en Montevideo junto a su esposa, embarazada de 4 meses. Llevado al Regimiento de Caballería Mecanizada 6, fue torturado e interrogado durante días. Fue visto por última vez con vida el día de Navidad de 1974 en condiciones físicas muy deterioradas. Posteriormente el Ejército emitió un comunicado afirmando que había huido, según consta en la información oficial del Gobierno uruguayo. La posible entrega a Uruguay del doctor Suzacq abre una esperanza para Elena Zaffaroni, que sigue esperando una respuesta sobre el destino de su marido, que quizá este médico pueda aportar.

No se pueden obviar las conexiones entre la Operación Cóndor, que posibilitó la dictadura militar en Uruguay, y el régimen franquista, obsesionado con la expansión del comunismo. Documentos inéditos a los que ha podido acceder Público prueban la implicación del gobierno franquista de Arias Navarro en la matanza de Montejurra, en 1976. El Estado español aportó medios materiales, incluido un buen número de sicarios extranjeros que habían participado en la Operación Cóndor, para neutralizar el avance de la izquierda en las filas carlistas.