Víctimas del accidente de metro en València: 10 años esperando justicia

VALÈNCIA.- “Es un gesto de justicia poética que esta exposición sea en una sala de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana”. Con estas palabras, la presidenta de la Asociación de Víctimas del Metro del 3 de Julio (AVM3j) Rosa Garrote inauguraba el pasado jueves una muestra en la sala Lametro, ubicada dentro de la estación de Colón de Metrovalencia, que narra la historia en imágenes de los diez años del accidente de metro más trágico en la historia de España.

Es una muestra más de reparación, de la verdad sobre el siniestro que se ha ido desentrañando en el último año, pero la justicia con mayúsculas, la de los tribunales, todavía sigue en standby para los 43 muertos, los 47 heridos y sus familias. A las 13:02 horas del 3 de julio de 2006, un convoy de la línea 1 que encaraba una pronunciada curva antes de entrar a la estación de Jesús, descarriló, chocó y tumbó desplazándose un centenar de metros sobre la vía. El resultado de aquel accidente, el más dramático de España hasta hoy, resonó durante meses en las concentraciones cada día 3 en la plaza de la Virgen, pero no hay ningún responsable de lo sucedido, salvo el conductor, que falleció en el accidente. 

Nieves Molina, la misma jueza instructora que dio carpetazo con celeridad a la causa validando la versión de los responsables del metro y considerando que el maquinista, fallecido en el accidente, era el único posible responsable penal por su exceso de velocidad, sigue al frente del caso. Tras archivarlo dos veces, lo tuvo que reabrir en enero de 2014, obligada por los "hechos y datos nuevos que en su momento no se valoraron” que la Fiscalía considera que podrían ser constitutivos de 43 delitos de homicidio y 47 lesiones por imprudencia profesional.

Las víctimas, no obstante, recelan de que la investigación, que avanza lenta, se dilate en el tiempo y vuelva a quedar en nada. En esta “tercera” fase de esta instrucción, la magistrada acarrea un rosario de trabas, que incluye el rechazo continuado a practicar más pruebas periciales sobre el estado de las vías y los trenes así como la negativa a llamar a declarar a nuevos testigos que han ido apareciendo a lo largo del tiempo en medios de comunicación y la segunda comisión de investigación llevada a cabo en Les Corts.

Con el cambio de gobierno y la correlación de fuerzas en el parlamento autonómico, todos los partidos políticos excepto el PP aprobaron como gran primera medida de la legislatura una nueva comisión parlamentaria que esta vez no se liquidaría en cuatro días de verano como la anterior. Tampoco se vetaría a técnicos independientes y se llamaría a comparecer a Francisco Camps y la plana mayor de su gobierno, igual como a los responsables de la empresa pública del metro y a exdirectivos de Canal 9 que controlaron la información sobre la tragedia, reflejando sólo la versión gubernamental.

Señalando a los responsables políticos y técnicos se respondía así a una de las demandas principales por las que se constituyó la AVM3j; exigir la depuración de responsabilidades políticas y de gestión sobre el accidente, que hasta día de hoy no ha producido ni una sola dimisión.

El exceso de velocidad pudo no ser la única causa de un siniestro que causó tanta mortandad

Hay otro elemento fundamental que la AVM3j, parte de la prensa y la oposición al PP siempre cuestionó y que este último año se ha puesto sobre la mesa. Varios testigos y expertos de entre los 75 comparecientes que han pasado por esta segunda comisión han evidenciado que el exceso de velocidad pudo no ser la única causa de un siniestro que causó tanta mortandad.

Así, se han relevado aspectos como que en el tramo de la vía donde se produjo el accidente existía un “bache” del que antes nunca se habló; se subrayó que las ventanas del metro estaban mal sujetas y que por eso se rompieron fácilmente, expulsando a los pasajeros del vagón y agravando sus heridas y la cantidad de muertes; o se puso de manifiesto la mala programación del sistema de frenado, porque se pudo circular a 80 kilómetros por hora en el tramo del accidente, cuando la velocidad máxima permitida era de 40 en aquella curva fatal.

A la espera de que la jueza indague en todas estas novedades, la comisión concluyó que el accidente tuvo “múltiples causas” y que “todas tuvieron su origen en la falta de inversión y mala gestión de FGV, especialmente en materia de seguridad en la circulación”. A diferencia de lo que se dijo en 2006, aquel metro no era seguro.

La comisión concluyó que el accidente tuvo “múltiples causas” y que “todas tuvieron su origen en la falta de inversión y mala gestión

Pero ha sido otro aspecto sobre el escenario de la catástrofe y la evacuación posterior el que dejó todavía más preguntas en el aire. El último día de la comisión, el testimonio inédito de la médico del SAMU Carolina Ligorit supuso un torpedo en la línea de flotación de la versión oficial que aún hoy sólo el PP y la magistrada parecen sostener.

La doctora explicó en Les Corts, que el 3 de julio de 2006, cuando bajó al túnel del metro a atender a los damnificados, vio cómo los cadáveres del maquinista y de la interventora estaban dentro de la cabina del convoy. Los informes policiales reflejan que los cuerpos de ambos aparecieron en la vía, en la parte de atrás de los vagones siniestrados. Ligorit también contó que habló con dos bomberos, que estaban intentando romper el cristal para sacar los cuerpos, para decirles que estaban muertos y que sería mejor intentar localizar heridos. Uno de ellos, según su testimonio, le dijo: “Me han dado la orden de que los saque”.

¿Se trasladaron los cuerpos, sin hacerlo constar en ningún informe, rompiendo la cadena de custodia y modificando la escena del accidente, siendo uno de ellos además el único responsable penal del siniestro hasta ahora? La misma doctora declaró también que le extrañó “no ver” ni forenses ni a la jueza “en ningún momento” durante el levantamiento de cadáveres. Por su parte, el forense del Instituto de Medicina Legal de Valencia, Manuel Velázquez, se mostró sorprendido de que la jueza encargara a la Policía Judicial levantar los cuerpos y recoger los primeros indicios del accidente en el túnel.

En lugar de citar a la doctora como testigo por la importancia para la investigación que pudiera tener su testimonio, la jueza ha decido pedir su imputación porque “podría haber incurrido en un delito contra la instituciones del Estado por acusar a la policía de falsear informes”. Con ella, hasta la fecha, la magistrada ha imputado a nueve personas más.

Todos ellos eran directivos de FGV en el momento del accidente. Aunque contra seis de ellos Molina no cree que haya “datos relevantes” para investigarlos penalmente, sí ha aceptado su imputación a petición de víctimas y Fiscalía ante la posible prescripción de los delitos.

Las víctimas del metro ya no se reúnen más mensualmente para pedir respuestas políticas, responsabilidades y soluciones de seguridad. Llevan un año dando pasos hacia la reparación: el presidente Ximo Puig les ha recibido, una segunda comisión en Les Corts ha puesto sobre la mesa datos y documentos nuevos y el anteproyecto de la Ley de Seguridad Ferroviaria comenzará los trámites parlamentarios este mes. Les falta la justicia, por la que no han dejado de clamar, para cerrar el círculo de la dignidad.