La jueza María Luisa García pide más sensibilidad a jueces y políticos con las víctimas del franquismo

SEVILLA.- María Luisa García es una joven jueza con ocho años de experiencia que ha instruido hasta donde le han permitido sus limitaciones un caso de recuperación de la memoria histórica, ordenando una investigación sobre el fusilamiento de diez jóvenes sorianos en agosto de 1936, que ella califica como "asesinatos" extrajudiciales.

Nunca se había implicado tanto la justicia española desde que Garzón irrumpió en 2008 en la cuestión memorialista con su auto para investigar los crímenes del franquismo, considerados imprescriptibles por el derecho internacional.

La jueza García muestra en la primera entrevista que concede a un periodista una especial empatía por las víctimas. Ha conseguido poner nombres y apellidos a los responsables políticos y militares de la represión en Soria, ha avalado la exhumación y la identificación con ADN de los restos de seis de las víctimas (la segunda fosa con los otros cuatro aún no se ha encontrado) y ha lamentado en su auto de sobreseimiento no haber podido hacer más por los familiares, esperando "haber satisfecho en la medida de lo posible sus ansias de conocimiento y restaurar, aunque sea ínfimamente, su honor".

El caso de los diez fusilados de Barcones (Soria) llegó a la mesa de la jueza en julio de 2014 justamente cuando se exhumaron los 6 esqueletos de una fosa común con signos evidentes de muerte violenta según certificó en su informe el experto forense Francisco Etxeberría. García supervisó la identificación por ADN y el caso quedó cerrado meses después.

La asociación soriana Dignidad y Memoria realizó un extraordinario trabajo de documentación —y lo sigue haciendo—, siguió acumulando pruebas de tal modo que en marzo solicitó la reapertura del caso y la jueza no sólo reabrió el procedimiento en marzo de 2015, sino que también admitió que se practicaran muchas de las diligencias solicitadas.

Un ejercicio proactivo inédito desde que el Tribunal Supremo frenó en seco en 2008 el histórico intento de Garzón por enjuiciar al franquismo y dictó su doctrina en 2012 como aviso a jueces navegantes recordando la vigencia de la Ley de Amnistía de 1977, algo que la jueza de instrucción de Almazán conocía perfectamente, aunque entendió "que ahí no figura una prohibición exhaustiva. Hace mención a la Ley de Amnistía, a normativa internacional, el instituto de la prescripción, la imposibilidad de aplicar normativa internacional no vigente en el momento de la comisión de los hechos, pero no cierra la puerta a la averiguación de la cronología de los acontecimientos en esa época y, en definitiva, a dar respuesta en la medida de lo posible a las víctimas".

El problema vino por la falta de respuesta de la Administración ante las peticiones de información a determinados archivos sobretodo de la Guardia Civil. Fueron precisamente guardias civiles quienes se encargaron, como policía judicial, de pedir informes sobre los responsables de los cuarteles, sobre los agentes de guardia, pero la respuesta era la misma, que no había documentación.

"Se solicitó encontrar las órdenes de puesta a disposición, de ejecución, las órdenes de servicio y en esa línea se expidieron diversos oficios tanto a la Guardia Civil como a archivos como el histórico de Salamanca, provincial de Soria, de la Falange. Se hicieron diversas pesquisas".

María Luisa García se documentó sobre el caso leyendo un libro sobre la represión en Soria. "Me conmovió porque pone rostro al horror que ocurrió en ese periodo". Pero no pudo superar los obstáculos documentales burocráticos para saber quiénes los ejecutaron: "En la Guardia civil sí que existe un archivo sobre las hojas de servicio, pero nos contestaron que requerían de nombres y apellidos, que era precisamente lo que queríamos averiguar. Con lo cual si no podíamos aportar nombres y apellidos, no se nos podía decir quiénes habían estado trabajando, para entendernos, los días en que se produjeron el encarcelamiento y las desapariciones de aquellas personas". También declaró un anciano que había sido testigo del fusilamiento siendo un niño de 9 años.

En el auto de sobreseimiento de septiembre de 2015, la jueza ha conseguido al menos acreditar a los máximos responsables políticos y militares de aquellos primeros momentos de represión tras el rápido control golpista de la provincia de Soria, aunque todos ellos han fallecido: el comandante militar Rafael Sevillano, el gobernador civil Ramón Enrique Casado, el general de la V Región Miguel Cabanellas y el también general Germán Gil.

Pese al cúmulo de pruebas testificales, documentales y periciales, la jueza tuvo que cerrar el caso, ya que no encontró a nadie a quien acusar del delito. "Fue para mí —se lamenta— un mal trago inevitable, ya que aunque sospechaba desde el inicio cuál iba a ser el desenlace final, al menos está la esperanza de haber satisfecho mínimamente el disgusto de las familias de las víctimas, que por lo menos han recuperado sus cuerpos, tienen un sitio exacto y concreto al que pueden ir a rezar o a llorar. Sabiendo que mis funciones son muy limitadas, he llegado hasta donde he podido".

La jueza de Almazán pone el dedo en la llaga del hándicap la desaparición de las pruebas de la represión que ordenó buscar incluso en los archivos de Falange. "Teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde esas desapariciones en 1936, pueden haber sido desapariciones inmediatas a la finalización de la Guerra Civil, en años posteriores e incluso en la época democrática. Muchas desapariciones habrán sido completamente accidentales, otras habrán sido intencionadas. Se trata de una cantidad ingente de documentación, pero el caso es que nos topamos con el muro de la ausencia total de documentación".

El peso del largo tiempo transcurrido desde los hechos que pretendía investigar constituye el principal para la memoria histórica, según admite María Luisa García desde su propia experiencia. "Si nos referimos a hechos del periodo 36-39, evidentemente el peso del tiempo es lo que ha impedido dar respuestas por lo menos desde la vía penal, que es lo que pretendían las familias de las víctimas. El peso del tiempo condiciona un resultado infructuoso, porque en nuestro sistema jurídico impera el instituto de la prescripción que afecta a todos los delitos del Código Penal excepto a los de lesa humanidad y de genocidio que no prescribe".

A la pregunta de si entiende como delitos de lesa humanidad los que investigó en Soria, la joven jueza admite que "podrían encardinarse como tales, aunque habría que verlo, porque la ley penal no se puede aplicar con carácter retroactivo. Habría que juzgarlos sobre la base de los delitos existentes en el momento de su comisión. Las leyes internacionales miran hacia el futuro, no hacia el pasado". E insiste en que el problema fundamental es el mucho tiempo transcurrido, "ya que no hay nadie vivo que pueda responder de ninguno de los hechos ocurridos. Ese es el principal escollo".

Caso bien distinto son las imputaciones realizadas desde Buenos Aires por su colega argentina, la jueza María Servini, que afectan a una veintena de españoles vivos —expolíticos y funcionarios— acusados de responsabilidades criminales por muertes o torturas en periodos de la dictadura más recientes. Ahí la jueza de Almazán reconoce que "las posibilidades de éxito son superiores a las de los hechos investigados sobre el periodo 36-39".

Preguntada sobre si considera que los jueces españoles deberían recibir una mayor formación sobre los derechos humanos entre los que se encuentra la reivindicación memorialista española, la jueza García admite que "la preparación recibida no es minuciosa, pero es muy amplia y abarca la normativa internacional en materia de derechos humanos".

Y en cuando a si esta cuestión debiera despertar una mayor sensibilización entre sus colegas, reconoce que "probablemente sí que haría un mayor esfuerzo y una mayor sensibilización", aunque también lo exigiría para la clase política con una acusación velada de dejación.

"A los jueces no nos compete una tarea que para mí es más política que judicial. Estamos compensando con nuestro esfuerzo, o con el que hace una parte de los jueces, los esfuerzos que no se llevan a cabo por parte de los políticos, ya que si bien es cierto que se promulgó la Ley de Memoria Histórica del año 2007, la experiencia nos demuestra que ha quedado un poco vacía de contenido".

Y añade que "tampoco se aclara en esa ley cuál es el papel de los jueces y supongo que el final queda un poco en manos de cada uno el querer dar a las víctimas todas las respuestas en mayor o menor medida".

Finalmente la única jueza que ha iniciado una investigación sobre crímenes del franquismo después de la intentona fallida del Garzón responde a si la actuación del exmagistrado de la Audiencia Nacional le inspiró en su actuación. Tras reconocer que él "puso el tema en boca de todo el mundo y lo hizo asequible a todos los ciudadanos, habiendo incluso cruzado fronteras", asegura que intentó "en la medida de lo posible dar satisfacción a los familiares las víctimas" y que "es un respaldo agradable pensar que otros que te han precedido y lo han intentado".

En la práctica, los jueces españoles, con la excepción de la reciente exhumación de Guadalajara instada desde Argentina por la jueza Servini en ejercicio de la justicia universal, suelen archivar sin más las denuncias que se presentan relacionadas con la memoria histórica y por supuesto no pisan las fosas, lo que según algunos juristas constituye un ejercicio de prevaricación, por archivar los casos sin cumplir correctamente con el deber de investigar.

La jueza María Luisa García decidió investigar hasta donde pudo, aunque no llegó a pisar la fosa soriana de Barcones, pero lo lamenta profundamente. "Lamento no haberlo hecho porque cuando llegó a mi el procedimiento, las fosas ya se habían encontrado, se habían tapado los restos y a mí solo me pidieron las muestras de ADN. No me pidieron que acudiera y yo consideré que hubiera sido oportuna una invitación. No quise tomar una iniciativa que no me correspondía. Así que desgraciadamente no visité la fosa".

Esta magistrada confía en que "esto más pronto que tarde tenga finalización y que todo el que lo desee pueda recuperar los restos de sus seres queridos desaparecidos en esa época histórica". Consciente de sus limitaciones y restando importancia al hecho de haber mostrado la cara humana de la justicia con la memoria, concluye afirmando que "desde una posición muy modesta, sencilla y anónima, como jueza me limité a hacer mi trabajo".