MADRID.- El próximo martes la política española entra de nuevo en el limbo con la disolución de las Cortes Generales – Congreso de los Diputados y Senado - y la convocatoria de nuevas elecciones para el próximo día 26 de junio. Nunca antes, desde la entrada en vigor de la Constitución de 1978, había ocurrido algo similar: tener que llamar de nuevo a los ciudadanos a las urnas tan solo 17 semanas después de haber votado con una alta participación, más del 73% del censo, una de las más elevadas en democracia.

El resultado electoral del 20 de diciembre pasado supuso un gran vuelco respecto al tradicional bipartidismo conocido hasta entonces ya que supuso la irrupción de dos formaciones políticas, Podemos y Ciudadanos, con una fuerte presencia en el hemiciclo de la Cámara baja. Una situación insólita que ha obligado a recomponer el manual de instrucciones seguido durante décadas para la formación de un Gobierno, fuera encabezado por el PSOE o por el PP.

Ese panorama, pese a estar pronosticado en múltiples encuestas, provocó una parálisis de las posibles negociaciones a partir de la misma noche electoral. Hasta casi un mes después, con la constitución de ambas cámaras, apenas hubo contactos serios entre las diferentes formaciones políticas con representación parlamentaria. Pero a partir de ese momento tampoco hubo grandes premuras por comenzar a negociar posibles pactos.

Eso sí, hubo una coincidencia mayoritaria: las fuerzas alternativas al PP eran mayoritarias en el hemiciclo. La cuestión era cómo trasformar esa realidad en un apoyo parlamentario a un Gobierno estable. Con un PP marginado desde un principio al no poder sumar ningún apoyo adicional a sus 123 escaños para investir a Mariano Rajoy, esa ecuación se ha quedado sin resolver hasta el día de hoy.  Una cosa estaba clara: podría haberse conformado un Gobierno del cambio, pero los últimos coletazos del bipartidismo lo impidieron.

La negativa de Rajoy

La primera ronda de consultas del jefe del Estado acabó con la sorpresa de la negativa de Rajoy a asumir la responsabilidad de someterse a la investidura, compromiso que asumió, en cambio el líder socialista, Pedro Sánchez, que tenía tras de sí los 90 escaños de su bancada. Fue otro más de los momentos insólitos en la democracia española: nunca antes el líder de la segunda fuerza recibía el encargo de intentar asumir la presidencia del Gobierno.

A partir de ahí la actividad política ha estado centrada en unas negociaciones que, dada la falta de costumbre y, sobre todo, de un modus operandi definido, al final han generado unos resultados estériles para alcanzar el primer objetivo de la legislatura: configurar una mayoría para lograr la investidura de un presidente de Gobierno alternativo al Gobierno de Rajoy.

Pese a quienes han sostenido en este tiempo que era cosa relativamente fácil, con el sencillo ejercicio de sumar los escaños del PSOE, Podemos y sus confluencias, Compromís, IU-UP -la vía del 161 -, más otros minoritarios como Coalición Canaria y, sobre todo, implicando al PNV, la realidad ha sido mucho más cruda, transformándose en un complejo galimatías a medida que avanzaban las semanas hasta conformar una madeja imposible de desenmarañar.

Los pasillos del Congreso de los Diputados han sido testigos de innumerables reunión bilaterales, a tres bandas, con cuatro participantes e incluso con cónclaves mucho más numerosos. Todos se reunieron con todos, salvo el PP, ya que Rajoy apenas mantuvo dos encuentros esporádicos con Albert Rivera y con Pedro Sánchez, sin el menor rédito.

Esa dinámica, acompañada de un gran seguimiento informativo, especialmente con profusión de apariciones de los líderes políticos y acompañantes en todas las televisiones y a todas horas, hizo que cuajase el calificativo de “postureo”. De hecho, la sala de prensa del Congreso de los Diputados y sus dependencias aledañas se convirtieron en un plató de televisión permanente y en el que, algunos días, se guardaba cola por parte de políticos de todos los colores para aparecer en programas de televisión o, simplemente, para comparecer en ruedas de prensa.

Las apariciones de Pablo Iglesias, solo o junto a la cúpula de su partido, han estado rodeados de gran expectación, con puestas en escena que pasarán a la historia de esta legislatura como cuando regresó de su primera audiencia con el rey y se propuso como vicepresidente de un Gobierno que encabezaría Sánchez, que en ese momento despachaba con el jefe del Estado.

Se acompañó de un documento de cien páginas que era todo un programa de Gobierno, con una estructura detallada incluida. Los socialistas, sorprendidos, respondieron a duras penas con una contrapropuesta que no fue considerada como seria por Podemos. El fuego cruzado entre ambas formaciones acababa de empezar y no ha terminado hasta este martes 26 de abril.

Sánchez intentó otra alternativa. El acuerdo entre PSOE y Ciudadanos, firmado por los respectivos líderes en medio de una gran solemnidad en la sala Constitucional de la Cámara baja fue un punto de inflexión que ha marcado las posteriores negociaciones. A la postre, ese acuerdo de 200 medidas dio paso a la sesión de investidura de Sánchez que, con apenas 131 escaños favorables en segunda votación, resultó fallida. Era la primera vez que ocurría eso en democracia.

El desarrollo de la sesión de investidura, lejos de acercar posiciones entre los grupos parlamentarios ajenos al acuerdo PSOE-Ciudadanos sirvió para alejarlos. En sus tres jornadas se oyeron frases que pasarán a la historia de los diarios de sesiones; también todo tipo de anécdotas protagonizadas por parlamentarios experimentados y novatos, sobre todo. El beso en la boca entre Pablo Iglesias y Xavi Domènech ha quedado ya en la memoria colectiva de esta legislatura.

Más allá otros acuerdos fueron imposibles. Podemos presentó otra propuesta con 20 puntos que no cuajó pese a que el PSOE dijo aceptar 18 de sus puntos. Alberto Garzón, líder de IU-UP, convocó una mesa “a cuatro” que apenas celebró una reunión que pudiese considerarse como tal. Este mismo martes día 26 Compromís presentó, en plena tercera ronda del rey con los partidos, un documento con 30 puntos. El PSOE dijo aceptar 27 con otros tres matizados. Este último intento no culminó en medio de alabanzas, reproches y no pocas interpretaciones entrecruzadas.

¿Qué debe hacer el Congreso?

Mientras tanto, el trabajo estrictamente parlamentario se ha enfrentado a una situación también desconocida. ¿Qué debe hacer un parlamento, constituido en tiempo y forma, en medio de unas largas negociaciones para lograr una investidura? Después de algunas dudas se concluyó que debía trabajar “con normalidad”. Pero la normalidad no era la conocida hasta el momento. De entrada, la sesión constitutiva, el 13 de enero pasado, estuvo rodeada de todo tipo de imágenes inéditas: una diputada con un bebé en brazos, fórmulas de acatamiento a la Constitución nunca oídas ni permitidas y un sinfín de anécdotas más, la mayoría protagonizadas por parlamentarios de Podemos y formaciones minoritarias.

A partir de ese momento el trabajo parlamentario, más voluntarioso que productivo, se ha revelado estéril ya que al no continuar la legislatura ninguna de las iniciativas tramitadas seguirá una tramitación futura. Apenas se han debatido tres proposiciones de ley de los grupos y solo una, la reforma del Estatut de la Comunitat Valenciana, seguirá su camino en la siguiente legislatura.

En el camino han quedado un puñado de proposiciones no de ley que se limitan a “instar” al Gobierno a acometer iniciativas de todo tipo. En el archivo de esta legislatura permanecen registradas miles de preguntas por escrito formuladas por decenas de parlamentarios –diputados y senadores– a la espera de su contestación por escrito por parte del Gobierno. No serán contestadas nunca.

Porque otra de las “novedades” de esta atípica legislatura ha consistido en la “rebeldía” del Gobierno en funciones, con su presidente Mariano Rajoy a la cabeza, a someterse al control de la cámara parlamentaria surgida el 20 de diciembre. Este hecho, sin precedentes, ha ocasionado que el Congreso de los Diputados haya presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional por un conflicto de atribuciones con el Ejecutivo. Lo nunca visto ni imaginado hasta ahora.

Esta actitud del Gobierno en funciones ha generado imágenes desconocidas como el sillón reservado a los comparecientes del ejecutivo vacío ante la negativa de varios ministros
–Defensa, Interior o Agricultura, entre otros– a comparecer. Todos ellos han estado encabezados por Rajoy, quien también se ha negado a someterse a la sesión de control de los miércoles, acción secundada por sus ministros.

El Senado resistió el embate de las formaciones emergentes y, debido al sistema mayoritario imperfecto para su elección, registró una mayoría absoluta del PP. Pero ha sido un aspecto casi anecdótico porque su actividad ha sido prácticamente nula. Como muestra cabría reseñar que su notoriedad se ha debido a la presencia de la senadora Rita Barberá, a quien un juez de instrucción ha solicitado al Tribunal Supremo su investigación por un presunto delito de blanqueo de dinero mientras fue alcaldesa de Valencia. Todo un síntoma.