Varapalo a la Comisión EuropeaEl Tribunal General de la UE tumba la decisión de Bruselas de rechazar la iniciativa ciudadana contra TTIP y CETA

Bruselas ha recibido este miércoles un nuevo varapalo por blindar los tratados de libre comercio TTIP y CETA, defendidos a capa y espada por el Ejecutivo comunitario, impermeable a las críticas y las advertencias sobre sus riesgos. La Sala Primera del Tribunal General de la UE ha emitido hoy una sentencia que tumba la decisión de la Comisión Europea de no admitir el registro de la Iniciativa Ciudadana Europea Stop TTIP/ CETA contra estos polémicos acuerdos comerciales, planteada en 2014.

"La propuesta es expresión de la participación efectiva de los ciudadanos de la Unión en la vida democrática de ésta", dice la sentencia

La institución, integrada en el Tribunal de Justicia de la UE, replica a Bruselas que "lejos de suponer una injerencia en el desarrollo de un procedimiento legislativo en curso -como argumentaba la Comisión-, la propuesta es expresión de la participación efectiva de los ciudadanos de la Unión en la vida democrática de ésta", y no compromete el "equilibrio institucional que propugnan los tratados".

Por contra, el Tribunal de Luxemburgo concluye que con su negativa el Ejecutivo comunitario ha infringido varios artículos del Tratado de la UE, y condena a la Comisión a correr con el pago de sus costas y las de los demandantes. También tumba el argumento fundamental de Bruselas para bloquear esta iniciativa, presentada por cientos de organizaciones políticas, sindicales y sociales en septiembre de 2014.

Entonces la Comisión afirmó que no podían aceptar una iniciativa sobre un tratado que aún se estaba negociando, y hoy el Tribunal rechaza esta interpretación: "Sería contradictorio que una ICE (Iniciativa Ciudadana Europea) no pudiera tener por objeto impedir la celebración de un tratado que está siendo negociado". "Nada justifica, en este último supuesto, que se obligue a los autores de una propuesta de ICE a esperar a la celebración de un acuerdo para poder impugnar a continuación únicamente la conveniencia de éste".

La normativa que regula esta figura participativa establece que para su presentación es necesario contar con las firmas de al menos un millón de ciudadanos de la UE, procedentes de por lo menos un cuarto de los Estados miembro. Si el procedimiento es aceptado por Bruselas, se puede solicitar una audiencia pública en el Parlamento Europeo sobre esta materia.

"La negativa de Bruselas fue arbitraria e ilegal"

Tom Kucharz, miembro de Ecologistas en Acción y portavoz de la Campaña estatal No al TTIP, CETA y TiSA, entre las impulsoras de la iniciativa, tacha de "arbitraria" e "ilegal" la decisión de Bruselas, y celebra la sentencia del Tribunal General.

"No estaban dispuestos a escuchar las voces de la ciudadanía, que se lleva manifestando durante años contra sus políticas neoliberales, tales como los tratados de comercio e inversión TTIP y CETA. Saludamos la decisión de hoy, ya que honra la lucha social de miles de activistas en los países de la UE", señala.

Kucharz recuerda que ya han recabado más de 3,5 millones de rúbricas contra estos acuerdos, e insiste en que los firmantes "merecen una audiencia en el Parlamento Europeo", como permite este tipo de iniciativa -cuando es aceptada-.

Por otra parte, el portavoz de la Campaña recuerda que la ratificación del CETA ya está en trámite parlamentario en el Congreso de los Diputados, y pide a las formaciones políticas que lo respaldan -entre ellas PP, PSOE y Ciudadanos- que "reflexionen". "Esperamos que esta decisión haga reflexionar a los grupos parlamentarios que intentan impedir cualquier control parlamentario y debate público sobre las consecuencias de las políticas comerciales", zanjan.

Podemos cree que Bruselas deberá aceptarla

Por su parte, fuentes de Podemos en la Eurocámara interpretan que esta sentencia supone que la Comisión "se ve obligada a admitir a trámite la iniciativa". "Deberá por tanto registrarla, recibir a todos los organizadores a un nivel adecuado para que puedan explicar en detalle las cuestiones que plantea la ICE."

Añaden que tras examinar el texto, en un plazo de tres meses, la Comisión "deberá emitir en una comunicación sus conclusiones finales de carácter jurídico y político sobre la misma, las medidas que en su caso se proponga adoptar y las razones para actuar así o para no hacerlo".

Del mismo modo, consideran que los organizadores tendrán la posibilidad de presentar la iniciativa ciudadana en una audiencia pública, "preferiblemente en el Parlamento Europeo", lo cual ya supone una primera victoria.