El juicio contra el juez Manuel Penalva, el fiscal Miguel Ángel Subirán y los cuatro policías de la Unidad de Blanqueo entra en la fase de las declaraciones de los acusados con más dudas que certezas, tras declarar el tribunal nulos los mensajes obtenidos en los teléfonos móviles de dos de los agentes enjuiciados, pero solo los que hagan referencia a las presuntas filtraciones a los medios de comunicación.

Dice el tribunal que esas pruebas fueron "obtenidas violentando los derechos fundamentales" de dos periodistas, Francisco Mestre, de Diario de Mallorca, y Blanca Pou, de Europa Press. El espionaje ilegal a los informadores invalida como prueba lo que a través de él se hubiera obtenido, pero, de momento, solo en parte, a tenor de lo manifestado por los magistrados este martes.

El tribunal mantiene la incertidumbre hasta el final de la vista oral respecto al resto de mensajes hallados en el chat 'Sancus', que compartían el fiscal, el juez y los agentes que investigaron el llamado caso Cursach, origen de esta causa, en la que los acusados se juegan entre todo 600 años de cárcel. 

A dicho chat de 'Whatsapp' llegó la Policía gracias a la interceptación de los listados de llamadas y finalmente de la incautación de los móviles de los dos periodistas de Palma. El espionaje fue declarado ilegal tanto por el Tribunal Constitucional como por el Tribunal Superior de Justicia de Illes Balears (TSJIB).

Sin embargo, el tribunal mantiene, de momento, como prueba los mensajes hallados en el chat que hacen referencia a los otros delitos que se les imputa a Penalva, Subirán y los agentes: obstrucción a la justicia, detención ilegal, prevaricación e inducción al falso testimonio. Y expurga del chat los relacionados con el delito de revelación de secretos, es decir, todos aquellos que hacen referencia a las presuntas filtraciones a la prensa, delito que, dicen los magistrados, se podría probar con otras pruebas diferentes a esos mensajes. 

Las defensas de los acusados habían solicitado la nulidad del proceso en base a la ilegalidad cometida para llegar al chat, prueba de cargo en esta causa. Pero habrá que esperar hasta el final del juicio para saber si los tres magistrados consideran que los mensajes no relacionados con las filtraciones pueden considerarse un "hallazgo casual" o un "descubrimiento inevitable", y, por tanto, ser válidos como pruebas. 

El Ministerio Fiscal acusa a Penalva, Subirán y a los cuatro agentes de Blanqueo de presuntas ilegalidades en la instrucción del caso Cursach [sobre una trama mafiosa en torno al magnate de la noche mallorquina Bartolomé Cursach, de la que fueron absueltos todos los acusados] y en una de sus derivadas, el caso ORA [sobre la adjudicación de las máquinas de control de aparcamiento en Palma, que resultó archivada].

¿Entregó el policía su móvil voluntariamente?

Los magistrados del TSJIB deberán determinar si la entrega del teléfono móvil del policía Iván Bandera cuando fue detenido por las filtraciones fue realmente voluntaria o no. A raíz de la incautación de su móvil se llegó al chat 'Sancus'. La cuestión es si los mensajes que no estaban relacionados con la causa de las filtraciones pueden ser considerados como un hallazgo "no buscado y fortuito ante el que la Policía no puede mirar hacia otro lado", dicen los magistrados. Y para determinar esto, alegan, es necesario proseguir con el juicio.

El espionaje a los dos periodistas fue solicitado por los dos inspectores de la Jefatura Superior de Policía de Balears que se encargaron de la investigación desde el primer momento, los conocidos como los Juanes, con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción. La excusa fue localizar el origen de las filtraciones a la prensa de un informe económico del Grupo Cursach, el mayor emporio del ocio en Mallorca.

El informe de los Juanes, inadmitido por "parcial"

El auto de los magistrados de la Sala Civil y Penal que enjuicia esta causa es crítico con el fiscal anticorrupción Tomás Herranz. Le reprocha haber presentado un informe en el que un comisario de Policía, uno de los Juanes, se investiga a sí mismo y se exonera. Dicen los jueces que el informe, que no admiten como prueba, no es "objetivo ni imparcial", dirigido a "analizar la pulcritud de la actuación desarrollada por el fiscal del caso".

Público ya informó sobre este documento, aportado por el fiscal Herranz en el juicio para contradecir las acusaciones de no haber perseguido las filtraciones por su parte. El fiscal encargó el informe al comisario Juan Márquez, uno de los Juanes, acusados ambos por Penalva y Subirán de dichas filtraciones, lo que ya aventuraba que no iba a ser admitido como prueba en el juicio. El policía se exculpa a él y a su compañero de ser los autores de ciertas filtraciones al diario Última Hora. 

El tribunal da la razón a los acusados en lo relativo a la legitimación de las acusaciones. Así, entiende que en sus escritos de acusación se han excedido al formular acusación por hechos de los que no son perjudicados directos. Respecto a Bartolomé Cursach, indican que solo puede acusar por las filtraciones que le afecten directamente.