El Tribunal Constitucional ha rechazado la demanda de amparo presentada por las Juntas Generales de Álava contra la decisión de la Audiencia Provincial alavesa de archivar la causa penal sobre los sucesos del 3 marzo de 1976 en Vitoria, en los que la intervención de la Policía causó la muerte de cinco obreros. 

El citado tribunal acordó el archivo al estimar que el recurso presentado no posee la "especial trascendencia constitucional que se requiere para su admisión". Las Juntas Generales de Álava habían presentado este recurso como consecuencia del archivo de su querella ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria, que entendió que los crímenes franquistas no pueden ser considerados como genocidio y/o crímenes de lesa humanidad porque esa tipificación no existía en el Código Penal cuando los delitos fueron cometidos. 

 La Asociación 3 de Marzo considera que esta decisión del Constitucional supone un "aval" a la "impunidad franquista". Para la asociación de víctimas se trata de un hecho "sorprendente, insólito y vergonzante", además de resultar "totalmente disconforme" con el derecho internacional de los derechos humanos y estudia la forma de llevar la cuestión a los tribunales europeos.

Así recuerda que la demanda de amparo interpuesta ante el TC planteaba cuestiones de "especial trascendencia constitucional" vinculadas con la prescripción de acciones criminales que pudieran tipificarse como delitos de lesa humanidad.

"A pesar de todo ello -denuncia- el TC dicta una providencia inmotivada y estereotipada sin atender en ningún momento a la real y verdadera trascendencia que desde el punto de vista constitucional el recurso de amparo tenía".

Así constata la "falta de voluntad" del Gobierno español para "cumplir con las obligaciones internacionales" contraídas en el ámbito internacional de los derechos humanos, lo que genera, dice, "un profundo desamparo a las víctimas de las graves violaciones" que se produjeron en Vitoria el 1976.

Por ello anuncia que contactará con las Juntas Generales de Álava, la Diputación alavesa y el Ayuntamiento de Vitoria para, una vez agotada la vía judicial en España, analizar la posibilidad de acudir a instancias internacionales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.