A pesar de que Bruselas y Washington siguen vendiendo las maravillas del Tratado de Libre Comercio UE-EEUU, los aspectos más oscuros de una negociación ya de por sí opaca continúan saliendo a la luz: la necesidad de rebajar el nivel de exigencia de las normas ambientales o de productos químicos, el empeño del Gobierno de Mariano Rajoy por no explicar a los españoles cómo les afectará este acuerdo y la excesiva presión de los lobbies son algunos de los hándicaps con los que ya cuenta el Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP, en inglés).

Olivet: 'Es un atentado contra la soberanía legal de los estados. Permite a los inversores saltarse todo el sistema judicial nacional'

A ellos se une el polémico mecanismo de resolución de conflictos entre empresas y estados o ISDS (Investor-state dispute settlement), que permitirá a las corporaciones exigir compensaciones millonarias a los países en los que inviertan ante paneles arbitrales internacionales, contra los que no cabe recurso -más 90% de los laudos son firmes- y a los que no podrán contradecir los tribunales de los estados. Una herramienta a mano de cualquier multinacional desde el momento en que considere maltratadas sus inversiones (por cambios normativos, expropiaciones), y un potente arma de presión contra los estados para impedirles aplicar cambios en leyes que no sean rentables para sus negocios. Y de paso, para obligarles a destinar millones de euros al pago del arbitraje: un lucrativo negocio que explotan un reducido número de empresas de los países más ricos, que se reparten la mayoría de los casos.

'Es intrínsecamente antidemocrático', denuncia a Público Cecilia Olivet, miembro del Transnational Institute.'Es un atentado contra la soberanía legal de los estados, lleva a que los inversores se puedan saltar todo el sistema judicial nacional', asegura la investigadora, que sostiene que con estos mecanismos el Estado nunca gana: 'Lo máximo a lo que puede aspirar es a no perder, pero más allá del resultado el costo del arbitraje lo tiene que cubrir', critica.

'En términos de legitimidad democrática probablemente deberíamos exigir que acepten el marco legal de la UE' afirma José Antonio Sanahuja, profesor de Cooperación al Desarrollo y Vicedecano de Investigación y Doctorado de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). '¿Por qué tratar a una empresa internacional de forma distinta de como tratamos a una de la UE?', cuestiona el profesor.

Sanahuja: '¿Por qué tratar a una empresa internacional de forma distinta de como tratamos a una de la UE?'Recuerda que este mecanismo es el más aplicado a nivel internacional desde los años 80 y 90, pero reconoce que 'no es la mejor opción',  y que varios países se han mostrado contrarios a estos sistemas de protección de inversiones y han rechazado su aplicación, de Australia a Sudáfrica pasando por varios estados de América del Sur.

Los expertos critican que es mecanismo para resolver disputas absolutamente opaco, especialmente cuando el arbitraje lo ejercen paneles ad hoc de tres árbitros -seleccionados por las partes-, y no las cortes arbitrales más reputadas, como la del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI) -dependiente del Banco Mundial-.

Al otro lado del ring, la letrada jefe de la Corte de Arbitraje de Madrid, Elena Gutiérrez, defiende que el ISDS sirve 'para proteger las inversiones si un país decide no respetarlas'. 'En él, básicamente,  el demandante es un inversor y el demandado siempre es un Estado', explica la abogada, que se muestra partidaria de este método por su 'independencia'. 'Hay un mito de que el arbitraje de inversión favorece al inversor, pero no es cierto. No necesariamente el sistema satisface al inversor', asegura Gutiérrez.

Sólo las empresas pueden demandar:'En este sistema, el demandante es un inversor y el demandado siempre es un Estado', explica Gutiérrez

Olivet contradice su versión: 'Estos sistemas otorgan derechos amplísimos a los inversores'.'Si ya hay un repunte, un pico en el número de demandas...  si se firma el TTIP incluyendo este mecanismo el pico se multiplicará por cien. Los inversores estadounidenses están tras el 45% de las demandas de este tipo a nivel mundial, y un 50% de las inversiones de Europa ya vienen de EEUU y viceversa. Si se llega a aplicar ese mecanismo , abrirá la puerta para que los inversores demanden. Es un riesgo enorme para los países europeos, especialmente para los países que están pasando por una crisis y que lo último que necesitan es atarse las manos, no poder hacer cambios regulatorios por miedo a ser demandados', defiende la investigadora.

Recuerda un caso paradigmático: el de la tabacalera Philip Morris, que en 2010 demandó al Gobierno de Uruguay por incluir advertencias sobre los riesgos sanitarios de fumar en las cajetillas de tabaco. Cuatro años después, Urugay podría tener que indemnizar a la multinacional con 1.467millones de dólares, y sigue afrontando los elevados costes del arbitraje.

De hecho, el Estado uruguayo se planteó dar marcha atrás a esta normativa para evitar las posibles acciones de la multinacional, lo que lleva a otro de los aspectos más preocupantes de este mecanismo: el margen de maniobra que deja a las empresas para ejercer presiones a los países, como corrobora Olivet. Y esto, en el caso de que los tres árbitros designados por las partes enfrentadas no cedan a presiones económicas, y puedan ser considerados verdaderamente neutrales. 'Los árbitros deben ser imparciales, si no se pueden recusar. El CIADI se ha cargado a varios árbitros', asegura Gutiérrez.

La investigadora del Transational Institute aporta un nuevo matiz: 'Una cosa es influenciarlos y otra es comprarlos. El problema es la falta de independencia, que tienen intereses económicos. Vienen del mundo comercial y defienden la lógica del inversor, quieren asegurar sus ganancias y su rentabilidad', asegura Olivet, apoyada por Sanahuja: 'La ventaja [para las multinacionales] radica en que el CIADI y otras cortes arbitrales son organismos internacionales que trabajan dentro de este marco', sostiene el profesor de la UCM.

Los tres expertos consultados sí coinciden en una idea: las elevadas retribuciones que perciben quienes trabajan en el mundo del arbitraje. 'Los abogados que representan a las partes, los grandes bufetes, cobran entre 600 y 750 euros por hora por abogado, y  hablamos de equipos enteros por años. En casos importantes pueden tener cinco o seis abogados', asegura Olivet, que cifra entre seis y veintidós millones de euros el costo promedio de un arbitraje.

Un arbitraje cuesta entre seis y 22 millones, pero cada vez hay más. En 1996 hubo 38 casos, en 2011 fueron 450

'Son cifras muy elevadas porque están en juego cantidades gigantescas. Hay una élite internacional de juristas que actúan como jueces de arbitraje internacional', justifica el profesor Sanahuja, llegando a otro de los puntos clave sobre el arbitraje: es un sector dominado por poco más de una docena de firmas de los países del Norte, que se reparten la inmensa mayoría de los casos. Sólo entre quince árbitros, casi todos ellos procedentes de EEUU, la UE o Canadá han resuelto el 55% de las disputas conocidas sobre tratados de inversión, según el informe Cuando la injusticia es negocio, realizado por el Observatorio Corporativo Europeo y el Transnational Institute en 2013.

La propia Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) reconoce que los costos de estos arbitrajes han disparado en los últimos años , como lo ha hecho el número de casos. De los 38 registrados en 1996 ante el CIADI pasaron a notificarse 450 en 2011, y 151 de los mismos estaban en manos de tres empresas, que se embolsaron 2.884 millones de euros por sus servicios.

Olivet:'Se ha creado toda una industria del arbitraje, con grandes bufetes de abogados especializados en demandar o en representar''Se ha creado toda una industria del arbitraje, con grandes bufetes de abogados especializados en demandar o en representar, y un grupo de árbitros que tienen interés en sostener el sistema', denuncia Olivet. Un sistema que tal como asegura el documento citado beneficia enormemente a las empresas, pero que la mayoría de los estados siguen alimentando.

Consciente del creciente rechazo popular en varios países europeos contra el TTIP, la UE ha decidido plantear una consulta pública sobre el mecanismo de resolución de disputas entre estados y multinacionales, a la que los ciudadanos pueden responder hasta el 21 de junio. En su web, plantea un cuestionario en el que explica a su manera algunos aspectos del ISDS, omitiendo que varios estados se están pronunciando en contra de este mecanismo o el enorme coste que conlleva.

'Las preguntas están orientadas a que uno no pueda criticar al sistema de manera estructural, son más sobre cómo mejorarlo, qué cambios cosméticos y superficiales se pueden hacer, y está redactado de forma técnica, difícil de entender para el público no especializado', asegura la investigadora del Transnational Institute.'Lo vemos más como una táctica de la UE para lavar su imagen, para ganar tiempo. Es un mecanismo para hacer trabajo de lobby con los capitales, para apaciguar las críticas. Es una operación de relaciones públicas', lamenta Cecilia.

Preguntados por las posibles mejoras a aplicar al sistema de resolución de conflictos, la letrada jefe de la Corte de Arbitraje de Madrid reconoce que es costoso, suele alargarse en el tiempo y a menudo es opaco, aunque recuerda que ya hay avances en este último aspecto: 'El CIADI publica los laudos, cosa que no es común en arbitraje', sostiene.

'Lo que nosotros decimos es que estos tratados son cheques en blanco que se dan a los inversores', denuncia la investigadoraPor su parte, Sanahuja y Cecilia abogan por la construcción de un organismo propio, una especie de corte internacional para resolver disputas entre las multinacionales y los estados firmantes del TTIP. Sin embargo, la investigadora del Transnational Institute recuerda que los inversores tienen otros recursos para protegerse cuando sus inversiones han sido maltratadas, desde seguros privados a seguros del Banco Mundial. 'Lo que decimos es que estos tratados son cheques en blanco que se dan a los inversores, las estadísticas muestran que el hecho de que los gobiernos firmen estos tratados no es lo más importante para que los inversores decidan invertir', denuncia.

Madrid acoge este mismo lunes una conferencia titulada TTIP: Hechos y oportunidades de negocio en Europa y España, organizada por la Cámara de Comercio de EEUU en nuestro país.

La Casa de América será el escenario por el que desfilarán desde las 10.00 de la mañana algunos de los más altos representantes institucionales involucrados en este tratado, entre ellos el jefe de las negociaciones de Bruselas, Ignacio García Bercero, y el presidente de la Cámara de Comercio de EEUU Thomas J. Donohue. Tampoco faltarán al encuentro la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, el ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, y representantes de varias multinacionales, arropados por el presidente de la patronal, Juan Rosell.

Aprovechando su presencia, desde la web de la Campaña No al TTIP han convocado una concentración a las 13.00 horas frente a la Casa de América, para 'denunciar y visibilizar el rechazo a las negociaciones de un tratado que cercena los derechos y las libertades de todas las personas'.  

Las negociaciones sobre el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y EEUU comenzaron en julio de 2013 para crear la mayor área comercial del mundo, en la que residen 800 millones de personas. El acuerdo supondrá la eliminación de barreras normativas y económicas -ya muy bajas- para las relaciones comerciales entre Estados Unidos y el Viejo Continente, y teóricamente representará un beneficio anual de hasta 110.000 millones de euros para las arcas europeas (cerca de 545 euros por familia para nuestro país), y de 95.000 millones de euros para Estados Unidos. Ya han transcurrido cinco rondas de negociaciones -la última en mayo-, pero no es probable que el Tratado sea ratificado antes de finales de 2015 como pronto. Deberá ser aprobado por el Parlamento Europeo y por cada uno de los Estados, aunque no será sometido a referéndum.