La toma de declaración al exministro de la Transición Rodolfo Martín Villa por parte de la jueza argentina María Servini de Cubria, que instruye la investigación judicial abierta en Argentina sobre los crímenes del franquismo y de la Transición, ha vuelto a reabrir en España el debate sobre cómo fue realmente el proceso transicional de la dictadura a la democracia nacida con la Constitución de 1978. El debate es viejo y las posturas, sin embargo, están cada vez más enconadas.

El relato dominante, el hegemónico, es el que trasladaron y reflejaron a la perfección en sus cartas de apoyo a Martín Villa los expresidentes de la democracia española, a excepción del ya fallecido Adolfo Suárez. El mito de la Transición pacífica, ejemplar y pilotada de manera ejemplar por hombres de Estado. Esta idea, que ha sido trasladada una y otra vez a la ciudadanía, quita el foco de la violencia política que se vivió en las calles y lo pone en la voluntad de acuerdo de los dirigentes y los pactos alcanzados. 

El periodista Carlos Prieto caricaturizaba este relato dominante de la siguiente manera en las páginas de Público: "La Transición explicada a los españoles: muerto Franco, los políticos de izquierdas y de derechas se reunieron una tarde en un tipi en el bosque, se fumaron unos porros, olvidaron de golpe sus diferencias y anunciaron a la pasmada ciudadanía que España se iba convertir, como por arte de magia, en una democracia".

Frente a este relato se fue abriendo camino con los años, gracias al trabajo de historiadores, investigadores y las propias víctimas, incansables a la hora de denunciar las injusticias que sufrieron, otra descripción de los hechos. Menos idílica, menos perfecta y mucho más sangrienta. Es el relato de una Transición que lejos de ser el cuento de hadas se pareció mucho más a una carnicería.

Los datos que apoyan esta visión están encima de la mesa. El periodista Mariano Sánchez Soler, por ejemplo, firmó la investigación La Transición sangrienta (Península), que cifra las muertes por violencia política entre 1975 y 1983 en 591 personas, entre represión, guerra sucia y terrorismo de extrema izquierda y extrema derecha. De esas 591 muertes, un total de 188 de los asesinados forman parte de lo que el investigador Sánchez Soler denomina violencia política de origen institucional. "Son los actos desplegados para mantener el orden establecido, los organizados, alentados o instrumentalizados por las instituciones del Estado", explica el autor.

En medio de estos dos relatos sobre un período histórico sin duda mucho más complejo que cualquier caricatura o resumen a brocha gorda se encuentra la figura de Rodolfo Martín Villa. El empresario y político leonés comenzó su andadura política como Jefe nacional del Sindicato Español Universitario (SEU) y en 1964 ya fue nombrado procurador en las Cortes franquistas. Una vez fallecido el dictador, Martín Villa fue nombrado ministro de Relaciones Sindicales por Adolfo Suárez y desde julio de 1976 a abril de 1979 ocupó la cartera de Gobernación/Interior. Para muchos, un "artífice" de la transición a la democracia. Para otros, "la porra" que trabajó para poner freno a cambios más profundos. 

Las cartas de los expresidentes del Gobierno y de los exlíderes sindicales destacan con vehemencia que desde esa posición de poder el entonces ministro trabajó incansablemente para mitigar la violencia que se producía en las calles y para transitar a la democracia de 1978. Rodríguez Zapatero, por ejemplo, señala que Martín Villa contribuyó con "convicción y eficacia" a afianzar el nacimiento de la democracia. Los exlíderes sindicales Cándido Méndez y Nicolás Redondo, por su parte, destacan que buscó siempre "la reconciliación entre los españoles".

Pero la historia no la escriben solamente los hombres con posición de poder. Al menos, no tanto como antaño. Además de "contribuir a la reconciliación entre españoles", Martín Villa fue ministro del Interior durante tres años en los que se produjeron decenas de asesinatos en las calles por culpa de lo que el investigador Sánchez Soler califica de "violencia de origen institucional" y las personas que han presentado las querellas contra el exministro no son otras que familiares de ciudadanos y ciudadanas españolas que perdieron la vida a manos de policías, guardias civiles y/o grupos paramilitares con vínculos con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Familiares como Manuel Ruiz, que lleva más de 40 años pidiendo explicaciones por el disparo de un guerrillero de Cristo Rey que acabó con la vida de su hermano Arturo un 23 de enero de 1977 o los familiares de los cinco obreros asesinados por la Policía en Vitoria en lo que la propia Policía calificó como una "masacre". Y también víctimas en primera persona, como Andoni Txasko, que perdió un ojo tras una brutal paliza policial durante la represión de las huelgas de principios de marzo de 1976 en Vitoria.

Concretamente, la Justicia de Argentina investiga a Martín Villa por el homicidio de 12 personas, pero en el tiempo en el que desempeñó las tareas de ministro de Gobernación/Interior los fallecidos fueron muchos más. Como el caso de Josu Zabala, al que un guardia civil disparó en el pecho y lo mató al instante. sería amnistiado y nunca pisó la cárcel. O el caso de María Norma Menchaca Gonzalo que fue abatida el 9 de julio de 1976 a sus 44 años por guerrilleros de Cristo Rey. El hijo identificó al asesino e incluso declaró que lo vio salir del despacho del Gobernador Civil.

O como el caso de Francisco Javier Verdejo, un estudiante de Biología, de 19 años, que fue sorprendido por la Guardia Civil mientras realizaba una pintada en una pared que decía: 'Pan, trabajo y libertad'. Tras ser descubierto, Verdejo huyó corriendo siendo abatido por un disparo de un miembro de la Guardia Civil. Solo llegó a escribir: 'Pan, T...'.

Los casos de Zabala, Menchaca o Verdejo, sin embargo, no fueron excepcionales durante el tiempo en el que Martín Villa estuvo en el Gobierno. Alrededor de 30 personas murieron a manos de policías, guardias civiles y grupúsculos de extrema derecha en el tiempo en el que el ahora imputado ejercía la cartera de Gobernación/Interior.

La querella argentina, de hecho, tal y como incide el equipo de abogados que trabaja en ella, no busca dilucidar si Martin Villa buscó la reconciliación entre españoles y sí dilucidar su responsabilidad en los actos de "violencia institucional" que se sucedieron durante su mandato. El exministro ya ha declarado ante la jueza argentina que es inocente y que no tuvo ninguna responsabilidad en los doce homicidios que investiga la jueza Servini. Además, aseveró que no puede tratarse la Transición como un genocidio sino "como todo lo contrario".

Por su parte, los juristas de la conocida como querella argentina parten de la base de que los gobiernos que sucedieron al dictador y de los que formaba parte Martín Villa mantuvieron "la arquitectura represiva de la dictadura franquista, cruel y sanguinaria, impuesta por las armas". "No hubo ni la más mínima depuración en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, en el estamento militar, en la judicatura, en las fiscalías, en el poder político, en el económico, etcétera… Por tanto, esa misma arquitectura represiva continuó instalada, después de la muerte del dictador, en una dinámica de ataque generalizado o sistemático contra la población civil", señala el equipo jurídico en un artículo publico por CTXT.

En opinión de la acusación, este contexto es el que permite entender que Martín Villa sea procesado por crímenes de lesa humanidad ya que la violencia que se produjo cuando él era el máximo responsable de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad no era más que una continuación de la dictadura franquista.

La decisión, no obstante, corresponde a la Justicia de Argentina y concretamente a la jueza María Servini de Cubría, que tendrá que decidir si procesa o exonera al exministro. Mientras tanto, el relato de la Transición sigue en disputa. ¿Un cuento de hadas o una carnicería donde reina la impunidad?