El Ejecutivo ha cerrado con sindicatos y empresas un acuerdo pionero en materia de Transición Energética con el que se pretenden paliar las consecuencias sociales y económicas del cierre de las centrales térmicas de carbón, objetivo prioritario del ministerio que dirige Teresa Ribera.

El 'Acuerdo por una Transición Energética Justa para las centrales térmicas en cierre' recoge el compromiso de las partes para acompañar la transición laboral y la reactivación económica de las zonas afectadas por estos cierres. Todas las centrales térmicas de carbón de España han firmado este acuerdo, casi un año después de su lanzamiento.

En el acto de presentación del acuerdo han participado, entre otros, la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera; la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; representantes de los principales sindicatos y los consejeros delegados de Endesa, Iberdrola, EDP (la última en firmar) y Naturgy. 

Las zonas más afectadas por estos cierres son las localizadas en Aragón, Andalucía, Principado de Asturias, Castilla y León y Galicia. Los focos de actuación prioritaria del acuerdo son el mantenimiento del empleo en los territorios y su dinamización económica e industrial.

La vicepresidenta Ribera señalaba que "el año pasado firmábamos este acuerdo con el que establecíamos un marco para una transición justa y nos comprometíamos con la gente y el territorio. Hoy hemos dado un paso más con un acuerdo que demuestra el compromiso del gobierno no solo con la descarbonización, sino con la protección de los más vulnerables y con el diálogo social", ha dicho la ministra. 

Yolanda Díaz ha recordado que "en diversas ocasiones me he referido a la importancia del pacto territorial, junto al pacto social e intergeneracional, como líneas de acción sobre las que se debe fundamentar la recuperación y transformación de nuestro país. En este sentido, el mantenimiento del empleo en los territorios, y su dinamización económica e industrial, debe estar fuertemente vinculado al despliegue de proyectos de generación de energía y de riqueza, armonizados con el entorno", ha señalado la titular de Trabajo.

"Sin dejar a nadie atrás"

El Ministerio para la Transición Ecológica se compromete  a llevar a cabo actuaciones para el mantenimiento del empleo a través de planes de formación e inserción laboral específicos y a trabajar en la búsqueda proactiva de inversores con proyectos que puedan localizarse en las zonas afectadas, tomando siempre en consideración las particularidades de cada territorio y "sin dejar a nadie atrás".

De este modo el Gobierno se propone dejar atrás la política industrial que hasta el momento se ha dedicado a legislar sin atender a las consecuencias sociales que suponen los cierres por imperativo. 

Este proyecto ha sido incluido para su financiación en el Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, y se orquestará a través de un convenio entre el
Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y el Instituto de Transición Justa (ITJ),
organismo dependiente del MITECO.

Compromiso de empresas y sindicatos

Mediante el mencionado acuerdo, las empresas titulares de las centrales térmicas de carbón en proceso de cierre se comprometen a elaborar un plan de
acompañamiento para personas trabajadoras y territorios que incluye una propuesta de nuevas inversiones en las zonas relacionada con la generación de
energías renovables y con otras oportunidades de negocio surgidas en el ámbito
de su actividad.

El acuerdo también contempla el diseño de planes de recolocación para el personal propio y la prioridad de la contratación de las personas trabajadoras de empresas auxiliares en las labores relacionadas con el desmantelamiento de las instalaciones, la restauración ambiental y las futuras actividades productivas. Además, las empresas colaborarán a través de acciones específicas en la formación profesional de las personas trabajadoras para mejorar su empleabilidad en las nuevas actividades.

Por su parte, los sindicatos se comprometen a facilitar el cumplimiento y
seguimiento de los acuerdos alcanzados en materia de formación, prevención de riesgos laborales, reindustrialización y divulgación, así como de aquellos pactos que se puedan ir sumando en la consecución de los objetivos de este acuerdo.