El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha promulgado desde finales de mayo de 2021 hasta hoy un total de dieciocho condenas contra la Corporación de la Radio Televisión de Galicia (CRTVG), la empresa pública a través de la que la Xunta gestiona los medios de titularidad pública del país, por vulneración de derechos fundamentales, despidos improcedentes y contratación irregular de trabajadores.

Esos fallos representan una cuantiosa cantidad de dinero público en forma de salarios atrasados, indemnizaciones por despido y daños morales, a los que se suman las costas procesales que el tribunal, la máxima instancia jurídica en Galicia, ha cargado a la corporación que dirige Alfonso Sánchez Izquierdo desde que Alberto Núñez Feijóo lo nombró en mayo de 2009, pocas semanas después de acceder a la presidencia de la Xunta.

Cuando fue designado, Sánchez Izquierdo aseguró que su mandato sería una etapa "de transición", pero se ha mantenido en el cargo durante trece años pese a los centenares de fallos judiciales -sí, centenares- que la CRTVG ha recibido en contra durante los mandatos de Feijóo por manipular los informativos en beneficio del PP, por despedir ilegalmente a trabajadores, por perseguir a periodistas no afines, por impedir la conciliación de madres trabajadoras y por reventar huelgas con servicios mínimos abusivos, entre otras prácticas ejecutadas en la Televisión de Galicia (TVG) y en la Radio Galega (RG).

Desde mayo pasado, el TSXG ha condenado en  catorce ocasiones a la CRTVG y la ha obligado a hacer indefinidos  a  trabajadores contratados irregularmente o a través de empresas productoras intermediarias, o a indemnizarles por despido improcedente. En algunos casos, por dejarles en la calle sin siquiera informarles mediante el preaviso legal preceptivo. Hay ejemplos en numerosas categorías de la plantilla: maquilladoras, periodistas, presentadores y locutores de radio, reporteras gráficas, operadores de cámara, auxiliares de programas de ocio, personal de alta dirección... 

La suma de indemnizaciones por despido y salarios atrasados alcanza los 456.364,04 euros, a los que hay que sumar otros 12.500 euros en indemnizaciones por daños morales de trabajadores perseguidos y al menos otros 6.712 euros en honorarios de los abogados y abogadas de los que demandaron a la compañía, y cuyas reclamaciones fueron amparadas en los últimos doce meses por las sentencias del TSXG. En total son más de 475.000 euros, a los que hay que sumar los gastos derivados de las costas procesales que los jueces han reclamado a la CRTVG, que se financia con dinero público.

La CRTVG no ha facilitado a Público el importe que ha tenido que sufragar por vulnerar derechos constitucionales y laborales y se ha remitido a la presentación de las cuentas del ente que Sánchez Izquierdo hará en las próximas fechas ante el Parlamento de Galicia. Tampoco ha querido valorar el cúmulo de sentencias condenatorias y ha remitido a este diario al departamento de comunicación de la Xunta para obtenerlas. Según fuentes de los trabajadores consultadas por Público, la compañía acumula más de 130 resoluciones judiciales en contra entre el 2009 y el 2012, y más de doscientas entre el 2012 y el 2022.

El último fallo, fechado el pasado 26 de mayo, dio la razón a Carlos Jiménez, un periodista y locutor de la Radio Galega a quien la cadena expedientó y sancionó con nueve días de suspensión de empleo y sueldo por significarse en las redes sociales a favor del movimiento Defende a Galega, que organiza los 'venres negros', las jornadas de protesta de los profesionales de la TVG y  la RG contra la manipulación informativa a favor del PP.

El TSXG validó íntegramente la sentencia del juzgado de lo Social número 1 de Santiago que consideró que Jiménez había sido sometido a una verdadera persecución ideológica, tanto por su significación en las denuncias contra la manipulación informativa como por la defensa de sus derechos laborales. "Debo tener el récord Guinnes de sentencias a favor", asegura el periodista, que ya acumula diecisiete ganadas en sus demandas contra la CRTVG. La empresa no ha querido valorar la sentencia.

Unas semanas antes del último fallo que por enésima vez dio la razón a Jiménez, el 22 de abril de este año, la sala de lo Social del TSXG condenó a la CRTVG a abonar 173.303,95 euros a su director de Ingeniería de Telecomunicaciones, a quien que despidió después de 35 años en la casa a pocos meses de su jubilación.

El Tribunal consideró que el empleado, pese a haber sido designado a dedo para el puesto, es decir sin concurso ni oposición alguna, no debía ser considerado como personal de alta dirección, sino como un mando intermedio cuya relación laboral con la empresa debe regirse por el Estatuto de los Trabajadores, y no por las normas que regulan al personal de alta administración de la función púbica.

La sentencia, según los trabajadores, pone de manifiesto el "caos organizativo y laboral" existente en la CRTVG, en palabras de Santiago Alvite, presidente del comité intercentros de la empresa por la Confederación Intersindical Galega (CIG).

"La resolución judicial pone en cuestión la libre designación como personal de alta dirección de otras 31 personas que en la actualidad conforman el grueso de la estructura directiva del ente público, pudiendo acarrearle a este graves consecuencias tanto económicas por los ceses que en el futuro pudieren producirse, como de inseguridad jurídica en el desempeño de las funciones de organización y mando en la prestación del servicio público de comunicación
audiovisual", asegura el comité intercentros en una nota de prensa.

Sánchez Izquierdo aseguró este martes ante la comisión de control de la CRTVG en el Parlamento de Galicia que "normalmente" las sentencias del TSXG son "muy favorables" a la CRTVG. Pero la afirmación no se corresponde con la realidad.

El pasado 7 de abril, el TSXG consideró improcedente el despido de una auxiliar de informativos que había firmado 183 contratos temporales en quince años. El mismo día, el tribunal obligó a la CRTVG a considerar fijo a un operador de video que trabajó en la casa entre el 2012 y el 2016 mediante otros 52 contratos temporales. El 2 de marzo, el tribunal dio la razón a una redactora a la que la compañía de Sánchez Izquierdo había vulnerado sus derechos al negarle  la posibilidad de tener un horario laboral de 9.45h a 17.15h para conciliarlo con las horas de entrada y salida de sus hijas menores del colegio.

El 14 de febrero de este año, los jueces obligaron a la CRTVG a readmitir o a indemnizar a una auxiliar de redacción a quien despidieron después de obligarla a firmar 150 contratos en doce años. Pocos días antes, el 28 de enero, el TSXG declaró indefinida en la plantilla de la compañía a una compañera maquilladora contratada por una empresa de trabajo temporal.

Las sentencias contra las prácticas ilegales de la compañía sumaron y siguieron en 2021. El 3 de noviembre se declaró ilegal el despido de una autónoma que participaba en programas de ocio. El 20 de octubre, el TSXG declaró improcedente el despido de una reportera gráfica con cuarenta contratos temporales en cinco años. Fue el mismo día en que los jueces declararon que lo servicios mínimos decretados en la huelga del 8M por el entonces vicepresidente y hoy presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, habían sido abusivos y destinados únicamente a minimizar el impacto de esos paros.

Mes y medio antes, el 9 de septiembre, declararon indefinido a un operador de video que llevaba desde el 2004 con contratos temporales. En julio, hicieron lo mismo con otro operador de sonido que llevaba en la empresa desde 2000. Y en junio con una redactora con dieciséis años de antigüedad, con una grafista a la que se le habían hecho 157 contratos entre julio de 2012 y enero de 2020, y con un cámara con más de 440 de contratos con la CRTVG y con empresas intermediarias de ésta entre 1999 y 2020. Más de 440. La mayoría por días y muchos de ellos, solapados.

El 3 de junio de 2021, hace poco menos de un año, el TSXG obligó a la CRTVG a a readmitir o a indemnizar con más de 73.000 euros a una periodista a la que también obligó a firmar decenas de contratos para "ejecución de actividades artísticas" temporales cuando en realidad trabajaba habitualmente en programas informativos. Poco antes, el 13 de mayo de 2021, la compañía perdió otro juicio ante el TSXG planteado por un trabajador que fue despedido por "represalia" (sic) de sus superiores, y a quien tuvieron que readmitir e indemnizar con más de 6.000 euros.

En todas sus comparecencias ante la comisión de control de la CRTVG, Sánchez Izquierdo ha negado represalias contra periodistas independientes o trabajadores díscolos.