Los responsables de la Corporación Radio e Televisión de Galicia (CRTVG) negaron este martes ante el juez que el traslado a la radio de una periodista que llevaba más de 20 años asignada a los servicios informativos de la televisión se debiera a una represalia por su posición crítica con la manipulación informativa y la persecución política de sus trabajadores.

Así lo manifestaron varios directivos de la empresa ante la jueza de los Social número 1 de Santiago, Paula Méndez, quien presidió la vista oral en el primero de los juicios previstos este día por traslados de periodistas que han demandado a la CRTVG por vulneración de sus derechos civiles y laborales.

Los hechos ocurrieron en febrero pasado, cuando a la trabajadora, M.R.C., que formaba parte del equipo de informativos de la Televisión de Galicia cubriendo noticias para varios programas, le anunciaron un viernes que al lunes siguiente debía incorporarse a un nuevo puesto de trabajo en la redacción de la radio, ubicada en otro edificio y donde se manejan herramientas tecnológicas e informáticas diferentes.

La periodista es una persona significada en las protestas del movimiento Defende a Galega, formado por empleados de la Corporación que desde hace cinco años exigen públicamente a través de protestas como los venres negros el cumplimiento de la ley, el fin de la manipulación informativa y el cese de la represión que ejerce la dirección contra los profesionales que la critican o se niegan a asumirla.

Huelga y protesta ante el Senado

Su traslado y el de varios compañeros motivó que el comité de empresa convocara varias jornadas de huelga y una concentración en Madrid frente al Senado, donde ocupa un escaño el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a quien consideran responsable de la situación.

La trabajadora, que según varios de los testigos que comparecieron en la vista lleva varios años ninguneada por sus mandos y relegada a la cobertura de informaciones menores a causa de su posicionamiento a favor de Defende a Galega, manifestó de inmediato su rechazo al cambio en cuanto se lo anunciaron verbalmente y a través de un escueto comunicado sin más explicación que la de que se debía a "razones organizativas", que no especificaron. No le ofrecieron formación alguna para adaptarse al medio, que desconocía y para el que nunca había trabajado, y se limitaron a asegurarle que sus funciones serían "las mismas", pero sin detallarle en qué consistían.

Cuando se reunió con la coordinadora de personal de la radio, la persona encargada de gestionar la plantilla de la cadena y de sus emisoras locales, ésta le manifestó que se había enterado del cambio "en el último momento", tanto que ni siquiera había previsto un puesto físico de trabajo para ella en la redacción de la emisora, tal y como admitió durante la vista oral.

El subdirector de Informativos de la Corporación y la jefa de Recursos Humanos, por su pare, aseguraron que la decisión de su traslado estaba tomada desde hacía unas semanas, aunque reconocieron que nunca la consultaron con ella ni indagaron entre el resto del personal para saber si había algún otro periodista interesado en el puesto que, según ellos, debían cubrir.

A preguntas de las partes, los directivos explicaron que la reorganización consistió en una carambola de movimientos de trabajadores derivada de la previsión de una jubilación parcial de un periodista adscrito a un programa de la televisión. Eso, señalaron, motivó que otro compañero de la radio, también significado en las protestas contra la manipulación, fuera destinado allí en las mismas circunstancias. Es decir, de manera forzosa, con carácter inmediato, sin explicación alguna y sin ofrecerle tampoco formación específica de ningún tipo para capacitarle en sus nuevas funciones.

Apartado por negarse a manipular una noticia

Este trabajador, experto en economía y que también fue relegado a cubrir informaciones secundarias, y que también ha denunciado a la empresa por vulneración de sus derechos civiles y laborales, fue informado del cambio al día siguiente de haberse negado a acatar una orden de la dirección para manipular una información sobre el Índice de Precios al Consumo (IPC) de forma que la noticia ocultase a los oyentes que la inflación había crecido en Galicia más que en el resto del Estado.

Para sustituir a éste último se envió a la radio a la demandante, quien sin embargo no asumió las tareas informativas de su compañero desplazado. Curiosamente, tal y como se desveló en el juicio, cuando a las pocas semanas del cambio la trabajadora enfermó y causó baja, la dirección contrató a una sustituta que fue enviada no a la redacción de la radio, sino a la de la televisión.

En la vista oral también comparecieron dos peritos, uno llamado por la representación legal de la periodista y otra por la de la empresa, para expresar su parecer sobre si el traslado de la trabajadora de la tele a la radio debe entenderse como un mero cambio de tareas, como quiso demostrar la Corporación, o si constituye una modificación sustancial de sus condiciones laborales, lo que la hubiera otorgado mayor protección frente a cualquier intento de represalia, como defendió su abogado.

El primer perito es Antolín Romero Ortega, periodista y docente experto en radio y televisión, quien explicó que el lenguaje audiovisual y radiofónico y las herramientas que emplean son tan diferentes y requieren de habilidades tan distintas que muy pocos profesionales podrían asumirlas sin un período adaptativo de formación previa.

La segunda fue la decana de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Santiago, Ana Isabel Rodríguez, quien aseguró que cualquier licenciado en periodismo está capacitado para trabajar en cualquier medio, si bien admitió también que en la mayoría de los casos resulta necesaria esa adaptación durante un periodo temporal que no concretó.

Incumplimiento de la ley

A instancias de la demandante, también declararon miembros de la junta de gobierno del Colexio de Xornalistas de Galicia y de la Asociación de Periodistas de Santiago, dos de las entidades que se manifestaron públicamente contra los traslados de la trabajadora y de otros compañeros represaliados.

La CRTVG está dirigida por Alfonso Sánchez Izquierdo, nombrado en 2009 por Alberto Núñez Feijóo y que se mantiene desde entonces en su cargo pese a que una ley de 2011 obliga a que este sea cubierto por un o una profesional de reconocido prestigio elegida por una mayoría de dos tercios en el Parlamento de Galicia.

Durante el mandato de Sánchez Izquierdo, los tribunales han dictado varios centenares de sentencias condenando a la CRTVG, que se financia con los presupuestos de la Xunta, por despidos improcedentes, persecución ideológica, vulneración de derechos laborales y violación de libertades fundamentales individuales y colectivas, como laa de opinión y expresión, el derecho a la huelga o el de las madres y los padres a conciliar su trabajo con el cuidado de sus hijos.

Después de ocho horas de vista, en la que también compareció la Fiscalía y a la que asistieron una treintena de trabajadoras de la CRTVG, la jueza decidió suspenderla y dio a las partes diez días para presentar sus conclusiones por escrito. También tuvo que aplazar los otros dos juicios previstos para este martes, que se señalaron para el próximo 19 de julio. En septiembre habrá otro, que se suma al proceso penal abierto por la querella de otra periodista por la que Sánchez Izquierdo y otros siete miembros de su equipo están imputados por la juez por otros dos delitos de acoso moral y violación de los derechos de las trabajadoras.