La presidenta de Andalucía, Susana Díaz, le ha pedido a su partido y al grupo parlamentario socialista que ate muy bien la relación con Ciudadanos, la formación que sustenta a su Gobierno desde el acuerdo de investidura de 2015. Tras la derrota de las primarias, la sevillana se ha replegado en San Telmo con el propósito de centrarse en la gestión andaluza y planificar los próximos dos años que restan de legislatura. Su idea es dar un nuevo impulso a la acción de Gobierno, incluyendo el relevo de un puñado de consejeros en su gabinete, para contrarrestar las críticas de la oposición que la acusa de tener un equipo “sin ambición, apagado ni ganas”. Pero antes necesita consolidar su vínculo con Ciudadanos, refrescando el pacto de investidura.

Para ello, la comisión de seguimiento de aquel acuerdo, formada por dirigentes del PSOE andaluz y del partido naranja se reunirán este lunes con el objetivo de “poner fecha concreta a las medidas del acuerdo que faltan por cumplir”. El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, entiende que este encuentro va “más allá” de las cláusulas del pacto andaluz. El objetivo es afianzar una estrategia política a dos años vista con el partido liberal conservador como “socio privilegiado” del PSOE en Andalucía. Una hoja de ruta que se justifica por la gobernabilidad de la región, pero que reafirma una clara diferencia entre las prioridades de Susana Díaz y las del secretario general de su partido, Pedro Sánchez, que ya ha empezado a tender puentes con el electorado de Podemos. Sánchez ningunea a Pablo Iglesias y a su moción de censura, pero hace unos días dejó claro que se siente muy próximo a los votantes de la formación morada.

El madrileño cree que el PSOE sólo podrá crecer por la izquierda, recuperando los apoyos desencantados que se fueron a Podemos, mientras que Díaz sigue pensando que cualquier tipo de alianza con los morados aboca a la inestabilidad política. La andaluza siempre recuerda que su investidura estuvo 80 días bloqueada y responsabiliza de ello a PP y a Podemos, porque finalmente fue Ciudadanos quien desató ese bloqueo.

A los socialistas les servirá el encuentro de hoy con Ciudadanos para visualizar la estabilidad de su Gobierno y amortiguar la presión creciente de PP, Podemos e IU contra Susana Díaz tras su derrota en las primarias. A los naranjas les permitirá mostrarse como garantes de esa estabilidad -tanto para un Ejecutivo socialista aquí, como para el Gobierno de Rajoy- y vigías necesarios para que se cumplan los objetivos que se marcaron (lucha contra la corrupción, rebaja fiscal, etc…). Rivera ha enviado a Sevilla a su número dos, José Manuel Villegas, que acompañará en la negociación al portavoz del grupo en el Parlamento, Juan Marín, y el delegado territorial, Manuel Buzón (Villegas no participaba en este foro desde que se firmó el pacto en 2015). Los negociadores principales del PSOE serán el secretario de Organización, Juan Cornejo, y el portavoz parlamentario, Mario Jiménez.

Ciudadanos reconoce que el pacto con los socialistas -compuesto por 72 medidas- tiene un grado de cumplimiento del 66% en el ecuador de la legislatura. Su portavoz, Juan Marín, se ha mostrado satisfecho con el avance de sus políticas, y ha garantizado la estabilidad política del Gobierno de Díaz. Ahora, sin embargo, acude a la reunión del lunes con una posición de fuerza respecto al PSOE, una vez que la presidenta de la Junta ha sido descabalgada de la carrera hacia la dirección federal del partido y su liderazgo se ha visto seriamente resentido. Marín quiere aprovechar esa debilidad para marcar el orden de prioridad de las medidas que faltan por cumplir da aquí a marzo de 2019, cuando están previstas las elecciones andaluzas.

En ese orden de prioridad, Ciudadanos ha puesto por delante propuestas que están en el pacto con las que el PSOE no comulga, y a las que tratará de resistirse lo que pueda: la eliminación de los aforamientos o la reforma de la Ley Electoral andaluza, que necesitan en ambos casos tres quintos de la Cámara. En el caso de los aforamientos, además, será precisa una modificación del Estatuto de autonomía que, como ley orgánica, deberá ser refrendado por el Congreso, y posteriormente tendrá que ser ratificado por los andaluces vía referéndum. Ninguna de las dos propuestas es prioritaria para el PSOE, de hecho, hasta hace dos semanas ambos partidos las daban ya por perdidas en este mandato, porque además contemplaban que la legislatura expirase antes de lo previsto.

La eliminación de los aforamientos se ha agilizado después de que C’s lo haya exigido en Murcia como condición necesaria para apoyar la investidura del presidente Fernando López Miras, tras la dimisión de su antecesor (Pedro Antonio Sánchez) imputado por un posible caso de corrupción. Los socialistas preferirían abordar este asunto en clave nacional. En cuanto a la reforma electoral, es la tercera vez que el PSOE gobierna en minoría en Andalucía en casi 40 años. Antes el Partido Andalucista e IU intentaron forzar a los socialistas a revisar la Ley Electoral y hacerla más proporcional, porque ahora beneficia a los partidos grandes y castiga a los pequeños en las circunscripciones más pequeñas, donde lograr un escaño le cuesta a los segundos tres veces más votos que a los primeros. Pero el PSOE, con la connivencia del PP, siempre ha logrado esquivar la reforma encomendándose a un grupo de trabajo en el Parlamento que ha permitido retrasar la decisión hasta que ya era tarde y el mandato expiraba.

La formación naranja ha consultado a los servicios jurídicos de la Cámara antes de preparar su lista de medidas por orden de prioridad, para así tener en cuenta cuáles precisan entrar antes en trámite parlamentario para que estén listas antes de que expire la legislatura. “Lo que más riesgo corra de quedarse fuera irá por delante”, explican fuentes de este partido. En los puestos de salida deberán estar la ley de Formación Profesional, cuyo anteproyecto fue al Consejo de Gobierno en la pasada legislatura y aún no ha salido del cajón; la ley integral de Agricultura, también del mandato anterior, y la reforma de la RTVA, donde los partidos emergentes (C’s y Podemos) aún no cuentan con representación en el consejo de administración.

Otra de las prioridades de Ciudadanos se enmarca en el plano económico: una nueva rebaja del IRPF para las clases medias (ya se ha acordado crear un grupo de trabajo que se reunirá el 14 de junio) y la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones. En ambos casos, el PSOE se aleja de su agenda política para adentrarse en la de los partidos conservadores: el PP lleva toda la legislatura haciendo casus belli de la eliminación del impuesto de sucesiones, mientras la Junta defiende que se trata de una tasa que apenas afecta al 7% de los andaluces, y sólo a aquellos con unos ingresos o un patrimonio más elevado.