Juanma Moreno ha logrado evitar in extremis una fuerte presión justo a la entrada del año en el que pondrá en juego la presidencia de la Junta con los comicios autonómicos. Unas elecciones que, si se hace caso a lo que se emite desde el PP andaluz, serán en el otoño –octubre probablemente– de 2022.

La extraña rectificación exprés de un juzgado de Almería sobre la declaración como investigada de la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, en un caso, antiguo, de hace más de diez años, de presunta corrupción del PP en esa provincia permite a Moreno, de momento, acudir a las elecciones, en lo formal, sin tener que dar más explicaciones de las que quiere dar.

En una primera decisión, el juzgado decidió llamar a declarar a Crespo como investigada, pero luego, el 29 de diciembre, cuando la polvareda ya había llegado a San Telmo y amenazaba con causar desperfectos, la magistrada Ana Vico rectificó. Lo hizo de esta manera: "Habiendo tenido conocimiento de que María Carmen Crespo Díaz ostenta en la actualidad el cargo de consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, se suspende la declaración prevista para el día 8 de abril de 2022 a las 11.30 dado su condición de aforada".

Hasta ahora, la presunta corrupción del PP en Almería ha obligado al vicepresidente Juan Marín (Ciudadanos) a tragarse ya algunos sapos y la declaración de Crespo en el año electoral hubiera supuesto una presión muy seria sobre un Gobierno que hace bandera de la "regeneración democrática".

Y es que la coalición derechista andaluza tiene firmado un acuerdo de "tolerancia cero con la corrupción" en estos exactos términos: "Ciudadanos y el Partido Popular se comprometen a la separación inmediata de los cargos públicos en todas las instituciones andaluzas, tanto autonómicas como locales, que hayan sido o sean imputados formalmente por delitos de corrupción hasta la decisión definitiva del órgano judicial". Lo cierto es que Moreno decidió mantener a Crespo en el puesto en los días en que la consejera estuvo citada a declarar, incumpliendo el espíritu del pacto.

Cuando la magistrada concluya su investigación, según el Tribunal Superior de Andalucía, si considera que Crespo tiene algo que ver con el asunto, deberá enviar una exposición razonada sobre su presunta implicación. De este modo, en lo formal, el PP puede defender que no está investigada, aunque en realidad lo esté. Cierto es que, según las fuentes jurídicas consultadas por Público, no parece que la causa contra ella, salvo que aparezcan nuevas pruebas –algo que nadie descarta– pueda prosperar, pero sí la causa en general, que cuenta con sólidos informes policiales para avanzar. La Fiscalía, además, considera que Crespo –la jueza está por ver lo que decide– tiene algún papel en la trama y ha reclamado que se investiguen sus cuentas y patrimonio y las de otros implicados.

El caso, aunque antiguo, no parece un asunto menor. El juzgado de instrucción número 3 de Almería indaga delitos contra la Hacienda Pública; de blanqueo de Capitales; de malversación de caudales; de prevaricación; de cohecho; negociaciones prohibidas a autoridades, y organización y grupo criminal.

Presuntas irregularidades

En sus informes, la Policía Nacional ha documentado presuntas irregularidades que se prolongaron durante una década, entre 2000 y 2010, en diversos expedientes –hasta 62– de adjudicación del Ayuntamiento de Roquetas, gobernado, en coalición con Vox, por Gabriel Amat, factótum del poder conservador en la provincia.

Las pruebas para afirmar la existencia de comisiones a cambio de adjudicaciones que tiene la Policía, seçgun consta en un informe de la UDEF, al que ha tenido acceso Público, son unos recibís, que suman en total 7,2 millones de euros, que vendrían a "sustentar pagos en metálico vinculados a las adjudicaciones y vienen a confirmar la existencia de una contabilidad B utilizada para gratificar la concesión de las adjudicaciones, además de con posibles fines de ilusión de sus obligaciones fiscales", escribe la Policía.

"El monto de los recibís asociados a los 62 expedientes de adjudicación cuyo destino se ignora asciende a 5,4 millones de euros", añaden los agentes de la UDEF. Lo que sí ha podido comprobar la Policía es que existen "recibís no vinculados a ejecución de obras" de los que, al menos seis, "se corresponden con aportaciones, al parecer, a tenor del concepto, al Partido Popular para financiar campañas electorales".

La suma total en la que aparece el PP como beneficiario –de forma manuscrita– del dinero B de la constructora es de 111.540 euros –hay dos que se pagaron en pesetas y uno que habla del PP de la Diputación de Almería–. La policía identifica recibís relativos a las elecciones municipales del año 2003 y también vinculados a las generales y autonómicas del año 2008.

También la Policía ha detectado irregularidades en la gestión en el Ayuntamiento de La Mojonera entre 2005 y 2011, en la etapa en que el alcalde era José Cara. Este acompañó a Crespo a la Consejería de Agricultura y fue presidente del Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (IFAPA) hasta que, meses después de las revelaciones policiales, Cara dejara el puesto "a petición propia", según la versión oficial.

La Fiscalía incluye a Crespo en la trama porque existe un convenio, de una etapa en que ella era presidenta de la Asociación de Promotores Turísticos del Poniente para la construcción de un museo. Ella misma, en una rueda de prensa hace una semana, ha afirmado que el cargo en cuestión era institucional y que no tenía poder ejecutivo, que los convenios de la asociación se firmaban con la Junta y que luego eran los ayuntamientos quienes adjudicaban las obras y, por tanto, los responsables. Y que la obra adjudicada lo fue después de que ella dejara la presidencia de la asociación.

Las fuentes jurídicas consultadas por Público afirman que esta interpretación de la consejera podría ser correcta y que eso podría librarla en última instancia del caso, salvo que apareciera alguna nueva prueba. Crespo agregó, según recoge Europa Press, que siempre se ha comportado con honestidad en su vida pública y que tiene una casa modesta, pagada "con el sudor" de su "frente". "No tengo nada que esconder, por lo que estoy absolutamente tranquila", remachó.