El próximo martes, todas las miradas irán dirigidas hacia el PSOE, cuando se debatirá y votará la toma en consideración de la ley trans en el Congreso. ERC, Junts, Más País, CUP, Compromís y Nueva Canarias presentaron el pasado 17 de marzo la norma, que en esencia es el mismo anteproyecto que maneja la ministra de Igualdad, Irene Montero, y que la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, tiene bloqueado en el seno del Ejecutivo.

Una semana antes del registro de la ley, estos partidos (todos ellos socios del Ejecutivo, excepto Junts y la CUP) exigieron al Gobierno un "compromiso público y por escrito de tirar adelante la ley trans, entrando en el Consejo de Ministros de la semana del 23 de marzo, como máximo". La advertencia llegó después de que los grupos se reunieran con los colectivos trans, que hicieron durante varios días huelga de hambre frente a la Cámara Baja para protestar por la actitud de los socialistas hacia la ley. Y es que este partido defendía hasta hace solo dos años el derecho a la autodeterminación de género, el principal punto de discrepancia entre las fuerzas que sostienen el Gobierno.

Como ese gesto no llegó, los partidos presentaron la proposición de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans como elemento para seguir presionando al PSOE, que se tendrá que pronunciar en sede parlamentaria sobre la iniciativa, más allá de las declaraciones que han realizado los dirigentes del partido sobre este asunto. Además de estos grupos, tanto Unidas Podemos como EH Bildu, que optaron por no firmar la proposición legislativa para seguir apostando por la vía del ministerio de Montero, avalarán previsiblemente la medida con sus votos.

De esta forma, los socios del Gobierno (el PNV aún no ha fijado posición sobre este tema) pondrán contra las cuerdas al grupo socialista con el debate de la norma en la Cámara Baja. Su posible abstención el próximo martes (la opción "más cómoda", según fuentes de estos grupos), además del previsible rechazo del PP y Vox, tumbaría la proposición de ley.

La vicepresidenta primera afirmó el pasado miércoles que veía con buenos ojos el debate de la iniciativa en el Congreso, ya que podría sentar los cimientos para "avanzar en una ley que permita a los colectivos LGTB de este país avanzar y proteger". Si bien, destacó la "seguridad jurídica" y "calidad normativa" que se le va a exigir a la ley. "No podemos patinar en el avance de derechos y que estos puedan ser cuestionados. Es nuestra única preocupación", declaró durante su comparecencia en la Comisión Constitucional.

Derecho a la libre autodeterminación

El texto que se debatirá el próximo martes señala que, pese a los avances de los últimos años, todavía perduran situaciones de "discriminación estructural" hacia las personas trans, que se manifiestan con "toda su crudeza" en ámbitos como el sanitario, el educativo o el laboral. En este sentido, el 63% de las personas de este colectivo encuestadas en España manifiestan haberse sentido discriminadas en los últimos 12 meses, tal como sostiene la norma. 

La proposición legislativa, que recoge los avances plasmados en el proyecto de Irene Montero con el consenso de las organizaciones, asegura que ha llegado el momento de considerar a las personas trans como "sujetos activos en la formulación de políticas y disposiciones normativas que no patologicen sus cuerpos ni sus identidades a través de requerimientos e intervenciones médicas, de que sean reconocidas socialmente las múltiples identidades sexo-genéricas y de que se implementen medidas para lograr la auténtica igualdad social de las personas trans".

Al reconocer el derecho a la libre autodeterminación de la identidad de género de la persona, reza el texto, los poderes públicos "se convierten en garantes de un derecho que históricamente ha estado sujeto a la discrecionalidad gubernamental". Asimismo, "se restituye a la persona el derecho inherente a decidir sobre su propio cuerpo y su ser, sobre la base del libre desarrollo y la personalidad que proclama nuestra Constitución como fundamento del orden político y de la paz".

La iniciativa también recuerda que, al menos, diez legislaciones autonómicas contemplan ya la autodeterminación de género. "Esto genera un trato desigual en función del lugar de residencia, además de cierta confusión, por cuanto las personas trans que residen en estas Comunidades Autónomas pueden modificar su sexo y nombre en los documentos administrativos dependientes de las administraciones autonómicas, pero no así en los documentos identificativos nacionales, y muy específicamente en el Documento Nacional de Identidad".