Este artículo se publicó hace 8 años.
Socialistas y PP Europeo impiden que el Tribunal de la UE aclare si el CETA es legal
Por 419 votos en contra y 258 a favor el Pleno del Europarlamento ha rechazado la moción que pedía la opinión del Tribunal sobre el polémico acuerdo de libre comercio, especialmente en lo que respecta a los denostados paneles arbitrales.
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MADRID.- La mayoría del Parlamento Europeo, en manos de conservadores y socialdemócratas, ha impedido este miércoles que el Tribunal de Justicia Europeo se pronuncie sobre el polémico CETA, el acuerdo de libre comercio entre la UE y Canadá.
Por 419 votos en contra, 258 a favor y 22 abstenciones, el Pleno de la Cámara en Estrasburgo ha rechazado la resolución que planteaba pedir al Tribunal un dictamen sobre la compatibilidad del acuerdo comercial con los Tratados de la UE, así como una aclaración sobre la legalidad del mecanismo de blindaje a las multinacionales que incorpora.
A favor han votado el grupo de la Izquierda Unitaria (Podemos, IU) y Los Verdes (ICV, Equo), además de UPyD y Ciudadanos; en contra se han situado PP, PSOE y PNV, entre otros
Entre los partidos españoles han votado a favor todos los que forman parte del grupo de la Izquierda Unitaria (Podemos, IU) y Los Verdes (ICV, Equo), además de UPyD y Ciudadanos, mientras que en contra se han situado PP, PSOE y PNV, entre otros.
La Asociación Europea de Jueces se ha pronunciado contraria a incluir los paneles de arbitraje privado en el CETA. De hecho, algunas de las formaciones que han votado a favor, y que impulsaron con casi un centenar de rúbricas esta iniciativa, acusan al PSOE de votar en la misma dirección que en noviembre, cuando con su abstención en el Congreso de los Diputados permitió que Mariano Rajoy llegara al Gobierno.
"La Gran Coalición que conforman Partido Popular y Partido Socialista en el Estado español opera también en Europa”, denunciaba este miércoles la portavoz de IU en el Europarlamento, Marina Albiol. “Llevan meses diciéndonos que el CETA es un tratado progresista y que, según ellos, respeta la legislación de la UE y no es una amenaza para la soberanía. Nos preguntamos entonces qué miedo tienen a que sea el Tribunal Europeo competente el que lo diga”, criticaba Albiol en una nota de prensa remitida por su formación.
“Es inaceptable que algunos que se hacen llamar demócratas: socialdemócratas o cristianodemócratas, hayan votado que no”, afirmaba por su parte Lola Sánchez, europarlamentaria de Podemos. “Estamos ante un tratado cuya legalidad ponemos en duda, no sólo muchos Eurodiputados y sociedad civil; sino los propios jueces, y hasta el Tribunal Constitucional Alemán”. "Hemos votado a favor de una cuestión que es de sentido común: queremos que sea el Tribunal de Justicia Europeo el que resuelva si el CETA es legal o no”, apostillaba en un comunicado.
Por su parte, la delegación del PSOE en la Eurocámara ha justificado su decisión de votar en contra de pedir el dictamen del Tribunal Europeo "por entender que el único objetivo de quienes la han presentado es bloquear el acuerdo", tal y como reza el comunicado remitido a este diario.
"Asimismo, esta resolución era innecesaria porque no cabe que el TJE se pronuncie sobre una disposición que queda fuera de la aplicación provisional del CETA, hasta que sea aprobado por todos y cada uno de los 28 Estados Miembros. En todo caso, si a lo largo de estas ratificaciones la Corte de Justicia se pronuncia sobre este apartado, el acuerdo se adaptará a su resolución", apunta la nota de prensa
Tras recibir el beneplácito de los 28, Bruselas firmó el acuerdo con Canadá el pasado 30 de octubre, transcurridos siete años desde el arranque de las negociaciones. "El CETA es el mejor y el más progresista tratado negociado nunca por la UE", declaró entonces el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker.
La próxima cita marcada en rojo en el calendario del CETA llegará a mitad de diciembre, cuando previsiblemente será sometido a votación por el Pleno de la Eurocámara. Su respaldo permitirá la implementación provisional del acuerdo en el primer trimestre de 2017, pero su rechazo podría volar por los aires el polémico acuerdo.
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