El sindicato de prisiones CSI-F cree que la presencia de vigilantes privados en el exterior de las cárceles las hará más inseguras, no solo porque los reclusos verán a estos agentes con menos autoridad que a las fuerzas de seguridad, sino porque dispondrán de información sensible sobre las medidas de protección.

Así lo asegura, en declaraciones a Efe, el presidente del sector de prisiones de CSI-F, Adolfo Fernández, en referencia al proyecto de ley de Seguridad Privada, en trámite en el Senado, y que otorga nuevas competencias a los vigilantes, entre ellas el control del perímetro exterior de los centros penitenciarios.

Fernández vaticina que esta nueva atribución no será la única que se privatizará en las cárceles, ya que a su juicio, el proyecto deja la puerta abierta a que las empresas privadas se hagan cargo de servicios internos de las prisiones como las cámaras o los rastrillos, las zonas donde se extrema la seguridad antes de la salida del centro. E insiste en que la puesta en marcha del programa piloto de vigilancia privada en el exterior de las cárceles ya ha tenido consecuencias negativas y, de hecho, en una prisión con reclusos etarras han aparecido pintadas, lo que 'nunca ha ocurrido cuando ha estado la Guardia Civil'.

El CSI-F denuncia que hay un déficit de 7.000 funcionarios de prisiones

También advierte de que las empresas de seguridad no van a asignar a personal fijo para estas misiones, lo que hace temer que puedan utilizar la información privilegiada por su trabajo en las cárceles para ponerla a disposición de grupos delictivos. A ello se une, en opinión de Fernández, la menor autoridad que para un preso ejerce un vigilante respecto a un agente de las fuerzas de seguridad.

El responsable de CSI-F Prisiones lamenta el déficit de funcionarios, que cifra en 7.000 para un funcionamiento normalizado de los centros, y el envejecimiento de la plantilla, con una media de edad de entre 48 y 58 años. 'Todos los años se están jubilando entre 350 y 400 funcionarios y no hay oferta pública de empleo. Están dejando morir el sistema', recalca Fernández antes de recordar que en la actualidad hay un funcionario por cada 140 internos, lo que no permite un servicio adecuado.

En total, las cárceles españolas cuentan con 23.000 funcionarios -9.000 de ellos con labores de vigilancia interior- y 2.000 trabajadores como personal laboral, según los datos facilitados por Fernández, que reprocha a los sucesivos gobiernos haber hecho 'cárceles americanas inviables con los actuales medios', lo que hace imposible la reinserción que manda la Constitución.

'Todos los años se están jubilando entre 350 y 400 funcionarios y no hay oferta pública de empleo' De este modo, explica que existen cinco prisiones sin abrir en Valencia, Málaga, Soria, Ceuta y País Vasco, que otras tres se encuentran al 40 por ciento de funcionamiento como la de Las Palmas II, Murcia II y Mahón y que todavía no se han inaugurado las unidades para las reclusas madres de Tenerife y Alicante. Tampoco se ha abierto el Centro de Inserción Social (CIS) de Almería y otros de este tipo están infrautilizados, por lo que Fernández aboga por reconvertirlos en psiquiátricos penitenciarios, ya que solo hay dos en todo el territorio: los de Sevilla y Alicante.

Según Fernández, el 30 % de los internos padece patologías mentales graves que deben ser tratadas. 'Dicen que los etarras están dispersos, pero los que están dispersos son los internos con problemas mentales', afirma el representante sindical. Niega que en las cárceles haya trato de favor con algunos reclusos, como el extesorero del PP Luis Bárcenas, porque los primeros interesados en que esto no ocurra son los propios funcionarios. Por eso, pide que se aclare cuanto antes la grabación de Bárcenas dentro de la cárcel madrileña de Soto del Real y confía en que el proceso no se dilate y quede olvido.