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El sindicato CSIF cifra en 700.000 las actuaciones suspendidas por el primer día de huelga de los funcionarios de Justicia 

Los sindicatos aseguran que entre un 80% y un 85% de los trabajadores han secundado el paro. El Ministerio de Justicia, por su parte, afirma que el seguimiento ha sido del 15%.

huelga de funcionarios Justicia
Trabajadores de los cuerpos generales de la Administración de Justicia de Navarra protestan este lunes en Pamplona. Jesús Diges / EFE

La Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF), el sindicato mayoritario en la administración de Justicia, ha cifrado en un 85% el seguimiento de la primera jornada de huelga de los 45.000 funcionarios de los cuerpos generales y especiales. Según la organización sindical, el paro ha provocado la suspensión de 700.000 actuaciones judiciales en todo el país incluidos "decenas de miles de juicios".

CSIF ha informado de que, si la situación continúa, "se necesitarán hasta dos años para recuperar el trabajo causado por esta primera jornada".

El Ministerio de Justicia, sin embargo, asegura que la participación ha sido del 15,03%. Desde CCOO  han afirmado que no van a "entrar en una guerra de cifras de participación en la huelga", aunque sitúan el seguimiento en más de un 80%. "La Administración dirá que hemos sido unos/as pocos/as, pero sabemos que ha habido una altísima participación en este primer día de convocatoria", señala CCOO en un comunicado.

Este lunes se han producido los primeros paros parciales –de 10.00 a 13.00 horas– como consecuencia de la huelga convocada por CSIF, el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ), Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT). 

Los convocantes de la huelga reclama una subida salarial en línea con la aprobada para los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) –de hasta unos 450 euros–. Pero además del incremento salarial, los sindicatos también reclaman la paralización de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa porque, a su juicio, impone nuevas condiciones laborales sin previa negociación, así como una "redefinición" de las funciones de los empleados públicos de la administración deJ usticia.

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