Los siete pecados capitales de Cifuentes en su supuesta defensa de "las libertades"

MADRID.- El colectivo Legal Sol, brazo jurídico del movimiento 15-M, ha sido testigo privilegiado de los tres años de mandato de Cristina Cifuentes como delegada del Gobierno de Madrid. Desde aquel 15 de mayo de 2011, Legal Sol ha acompañado a los manifestantes en las calles, en las comisarías y también en los juzgados.

Ahora, que Cristina Cifuentes es candidata a presidir la Comunidad de Madrid y recorre diferentes platós de televisión prometiendo hacer públicos hasta seis hospitales madrileños, abrir comedores escolares si algún niño pasa hambre o prestar "especial atención a quienes más dificultades tienen" debido a la crisis, el colectivo Legal Sol quiere denunciar el "lavado de cara" de la política madrileña y recordar cuáles han sido las características que han marcado el mandato de Cifuentes como delegada del Gobierno. 

"Nosotros tenemos memoria. Queremos recordar las vulneraciones de derechos que hemos sufrido en estos cuatro años. Cifuentes ha sido incapaz, por ejemplo, de obligar a los antidisturbios a llevar la placa visible y deja un legado de muchas sentencias judiciales que anulan sanciones impuestas por ella, algunas, incluso, por vulneración de derechos fundamentales", señala a Público Eric Sanz de Bremond, abogado de Legal Sol, que espera que estos datos persigan a Cifuentes durante toda su campaña. "No podíamos permanecer impasibles", asegura. 

De esta manera, Legal Sol señala hasta siete "características" que definen la administración Cifuentes: la impunidad policial; la detención como castigo; agentes encapuchados tomando declaración policial; los abogados como un problema; policías sin placa de identificación; restricciones al derecho de reunión; y el castigo mediante sanciones administrativas. 

1. Impunidad policial 

Legal Sol aporta hasta tres ejemplos para denunciar el primer pecado capital de Cifuentes al frente de Delegación del Gobierno: la impunidad policial. El colectivo denuncia "cargas injustificadas, brutalidad en la disolución de concentraciones, tratos vejatorios en comisaría y detenciones aleatorias" por parte de la Policía con el consentimiento de la delegada del Gobierno, quien se dedicaba a "anunciar investigaciones internas que nunca, ni en los casos más escandalosos, han supuesto sanciones". 

El colectivo denuncia "cargas injustificadas, brutalidad en la disolución de concentraciones, tratos vejatorios en comisaría y detenciones aleatorias"

El primer ejemplo que aporta Legal Sol es el violento desalojo de la concentración en Sol por el primer aniversario del 15M, conocido como 12-15M. La mayoría de los detenidos denunciaron ante el Juez que fueron obligados a permanecer varias horas de pie contra la pared y que incluso una mujer fue abofeteada delante del resto detenidos.

El segundo ejemplo se produjo durante el mediático Rodea el Congreso del 25 de septiembre de 2012. Las imágenes de agentes policiales golpeando a manifestantes recorrieron medio mundo junto a la persecución policial hasta la estación de Atocha, donde incluso personal de la seguridad privada  golpeó a alguno de los manifestantes. De los 35 detenidos ese día, 26 denunciaron a funcionarios de policía por malos tratos en comisaría. 

Por último, la acción #Yonopago del 1 de febrero de 2012 desembocó en un procedimiento judicial en el que el Fiscal puso de manifiesto “notorias extralimitaciones y violencias innecesarias” así como que “las cargas policiales y en general la actuación policial resultó abusiva, desproporcionada y carente de cualquier fundamento”. Ninguna responsabilidad se derivó de esta denuncia.

2. La detención como castigo

Para Legal Sol otra de las características del mandato de Cifuentes ha sido la utilización de la detención como "castigo". Así, el colectivo denuncia que de las cientos de detenciones que se han practicado este año en manifestaciones y concentraciones, a día de hoy, únicamente dos personas han sido condenadas por delito, y sólo en uno de los casos por sentencia no firme.

"Todas estas prácticas orquestadas y consentidas por Cristina Cifuentes y el Director General de la Policía, Ignacio Cosidó, evidencian la utilización de la privación de libertad como un castigo previo y lejos del control de la institución judicial, más allá de los límites y exigencias que la Ley impone", denuncia Legal Sol, que asegura que la "la instrumentalización de la detención ha servido para que Cifuentes legitimara su discurso de diferenciar "entre manifestantes buenos y radicales antisistemas”.

3. Policías encapuchados en declaraciones

Legal Sol denunció junto a la Asociación Libre de Abogadas y Abogados (ALA) la toma de declaración policial por parte de agentes encapuchados. La propuesta de ALA, aprobada por el Colegio de Abogados de Madrid, y después por la mayoría de Colegios de Abogados del Estado, puso coto a esta práctica, que los abogados consideran "innecesaria e intimidatoria".

"Utilizan la privación de libertad como un castigo previo y lejos del control de la institución judicial, más allá de los límites y exigencias que la Ley impone"

"Si fuera por Cifuentes, seguiríamos asistiendo atónitos a declaraciones en las que los policías van encapuchados, incluso cuando ya han bajado al detenido y nos quedamos solas con los funcionarios de policía", denuncia el colectivo. 

4. Los abogados son un problema

"Hemos presenciado, al igual que Cifuentes, cómo la Brigada Provincial de Información trataba de criminalizar a un abogado por el mero hecho de haber defendido a una persona o a otra, es decir, por hacer su trabajo. Algo inaceptable", denuncia Legal Sol, que asegura haber tenido que "soportar con la absoluta complicidad de Cifuentes" que funcionarios de Policía monten en cólera porque se ejerza debidamente el derecho de defensa, es decir, por recomendar que no declaren en comisaría.

El colectivo destaca que el derecho a no declarar está reconocido en una Sentencia del Tribunal Constitucional de hace 28 años (Sentencia 196/1987). A pesar de ello, hubo policías que llegaron a emitir una queja por estos hechos al Colegio de Abogados con el titulo “abogados desinformados” con referencias a “cierto colectivo de abogados”.

5. Número de placa de los agentes

La ley establece que todos los agentes policiales deben llevar su número de placa visible para garantizar que ante cualquier abuso se pueda identificar de manera fácil al funcionario responsable. Sin embargo, este derecho ciudadano se incumple sistemáticamente, según denuncia el colectivo. 

"A lo largo de los último años hemos interpuesto hasta 4 denuncias adjuntando cientos de fotografías de funcionarios de policía de todas las escalas (Inspectores Jefes, Inspectores, Oficiales…) incumpliendo esta obligación", denuncia el colectivo, que asegura que estas cuatro denuncias no han provocado "ninguna sanción o investigación", por parte de Delegación del Gobierno. 

Desde el año 2011 hasta el presente Legal Sol tiene constancia de más de 1.179 personas sancionadas sólo por parte de la Delegación de Gobierno en Madrid

Este hecho, sin embargo, ha provocado el archivo de denuncias (por no poder identificar a los responsables) "de asuntos como las agresiones y 'pasillos' tras sacar a gente de bares, pérdida de testículo por bala de goma, agresiones a reporteros por hacer su trabajo y un largo etcétera". 

6. El castigo mediante sanciones administrativas

Desde el colectivo Legal Sol han denunciado insistentemente que la estrategia de Cifuentes para luchar contra los movimientos sociales mutó a mediados de legislatura y comenzó a desarrollarse a través de sanciones administrativas -multas- a las personas que acudían a las manifestaciones.

De esta manera, desde el año 2011 hasta el presente Legal Sol tiene constancia de más de 1.179 personas sancionadas sólo por parte de la Delegación de Gobierno en Madrid de los cuales la Comisión Legal Sol se ha hecho cargo de 491. La recaudación de todas las multas habría supuesto para las arcas del Estado de 174.257 euros. 

No obstante, de las 491 sanciones cuya defensa administrativa y judicial ha llevado Legal Sol, 210 han sido anuladas, 47 de ellas mediante sentencia y 8 de ellas directamente por vulnerar Derechos Fundamentales. Del resto de las 451 sanciones, en 141 casos el sancionado ha abandonado la batalla por anular la sanción, y sólo en 28 casos se le ha dado la razón a la Administración hasta hace poco dirigida por Cifuentes.

"Nos atreveríamos a afirmar que Cifuentes pueda que sea la Delegada a la que más sanciones a manifestantes ha anulado la Justicia"

"Este tema bien merecería un examen más exhaustivo, pero nos atreveríamos a afirmar que Cifuentes pueda que sea la Delegada a la que más sanciones a manifestantes ha anulado la Justicia, vulnerando Derechos Fundamentales", denuncia Legal Sol. 

7. Restricciones al derecho de reunión

El colectivo también recuerda que la hoy exdelegada del Gobierno comenzó su mandato haciendo afirmaciones encaminadas a terminar con la voluntad de reivindicación y de movilización. “Una concentración no comunicada es una concentración ilegal”, llegó a decir la hoy candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid.

Tras estas declaraciones, Cifuentes se quejó reiteradamente por el exceso de reivindicaciones que tenían lugar en Madrid insistiendo de modo indirecto en la misma idea: “Cualquiera que ha querido manifestarse lo ha hecho, con los dos requisitos que establece la Ley: que se comuniquen y que sen pacíficas”. 

Finalmente, Cifuentes apostó públicamente por regular el derecho a reunión de los ciudadanos introduciendo "algún cambio legislativo". Poco después fue aprobada la Ley de Seguridad Ciudadana más restrictiva de la democracia.