Los siete jóvenes alcanzaron territorio español a bordo de una balsa de juguete. Desembarcaron la noche del pasado lunes en Congreso, un escarpado islote sólo habitado por conejos y palomas y una de las tres islas que componen el archipiélago de Chafarinas. 'Es una zona militar, pero allí nadie les asistía. Llevaban horas sin beber, sin comida, estaban solos, me decían...' Así comienza su relato la abogada Patricia Fernández Vicens, quien tramitó la solicitud de asilo en España de estas siete personas.

 A pesar de solicitar refugio, los siete jóvenes fueron entregados a Marruecos tras pasar más de 30 horas en suelo español. El jueves por la tarde, a las 15:30 horas, seguían detenidos en una gendarmería de Nador y era previsible que fueran liberados en Rabat o en Casablanca.

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Fernández Vicens recibió una llamada telefónica desde ese islote. Los jóvenes hablaban un francés limitado. Miembro de la Coordinadora de Barrios, la abogada fue contactada, gracias a la ONG Caminando Fronteras, presente en Marruecos, a la que los siete subsahariano llamaron para pedir auxilio. Habían llegado a su sueño, a Europa, a ese islote de soberanía española con su patera de juguete, tras recorrer casi 3,5 kilómetros desde la costa de Marruecos. 'Estaban en territorio militar, dependiente de la cercana isla de Isabel II. Y nadie entra en una base militar sin que se sepa', reflexiona Fernández respecto al tiempo que pasaron sin agua ni ayuda en ese islote.

La abogada confirma que ella personalmente tramitó la solicitud de protección internacional por medio de un fax que envió a la oficina de asilo y refugio de España, como se comprueba en la certificación adjunta a esta noticia (ver foto inferior). La solicitud fue remitida ese mismo día 15 de abril a las12:08 minutos. Los jóvenes habían llegado en su balsa de juguete en la madrugada de esa jornada.

La solicitud se tramitó como establece el artículo 17 de la Ley del derecho de asilo: permite que otra persona realice los trámites 'en caso de imposibilidad física o legal' y que el solicitante deberá ratificar la petición de asilo 'una vez desaparezca el impedimento'.

La delegación Española del Alto Comisionado de la ONU ha acusado al Gobierno de incumplir la ley de asilo al no tramitar los expedientes y optar por la expulsión a Marruecos. Y denuncia: Interior se comprometió ante ellos a darles protección internacional.

'Ninguno me dijo que era menor de edad, ninguno lo argumentó, sino que todos querían pedir asilo político. Venían de zonas de conflicto, la mayoría. Fui yo quien, a medida que me iban dando sus fechas de nacimiento por teléfono, concluí que había cuatro menores, y por eso tramité que había menores de edad', destaca la abogada. Uno de los motivos de expulsión de un país es haber mentido en el procedimiento de asilo, pero aquí Fernández sostiene que fue ella la que insistió en que eran menores de edad. 'Ellos se expresaban limitadamente'.

Tras enviar la solicitud por fax, Fernández Vicens llamó por teléfono a la oficina del Defensor del Pueblo, para comunicar que había siete personas que pedían asilo desde una guarnición militar y pedía a la Defensora del Pueblo que actuara de oficio, ante el temor a que fueran objeto de una devolución colectiva.

Interior se comprometió a darles asilo, pero finalmente los devolvió a Marruecos, denuncia Acnur Envió también copia de la solocitud de asilo a Acnur. Técnicos de esta organización se pusieron en contacto con el Ministerio del Interior 'a fin de que se permitiera a estas personas presentar de manera oficial su solicitud de asilo conforme establece la ley'. Y el subdirector general de asilo se comprometió verbalmente a tramitar la protección internacional y a realizar las gestiones para culminar la solicitud de forma oficial, según fuentes de esta organización.

Solicitó 'habeas corpus' para los siete refugiados

Los militares llegaron al islote sobre la una de la tarde. Auxiliaron a los siete subsaharianos y tomaron su filiación.'Pero les retiraron los móviles con los que estábamos hablando. Es más, les revisaron los contactos', sostiene Fernández, quien no pudo volver a hablar con ellos hasta que llegaron a Marruecos, horas después. Cuatro de ellos sostuvieron ante los militares lo que la abogada les había comentado por teléfono, que eran menores de edad.

Al perder el contacto y, ante el cariz que adquiría la situación, Fernández Vicens presentó en el juzgado de guardia de Melilla una solicitud de habeas corpus para los siete de Chafarinas. Esta figura muy garantista exige la inmediata puesta a disposición judicial de cualquier persona detenida. También  interpuso un recurso de protección de los derechos fundamentales ante la Audiencia Nacional.

El periplo de los siete inmigrantes fue diferente. Los supuestos cuatro menores fueron trasladados en un helicóptero al al Ceti de Melilla, donde se les sometió a un estudio forense de sus huesos en presencia de la Fiscalía de Menores. Estas pruebas isométricas concluyeron que eran mayores de edad. La abogada insiste en que estos estudios tienen un margen de error de dos años, arriba y abajo, respecto a jóvenes subsaharianos ya que sus huesos suelen madurar más rápidamente a causa del sol, entre otros motivos.

 Mientras, los otros tres jóvenes adultos, en lugar de ser entregados a la comisaría de Melilla, fueron embarcados por los militares y llevados a alta mar para entregarlos a sus homólogos marroquíes, en aguas del país vecino. Los marroquíes se negaron a aceptarlos y fueron desembarcados de nuevo en Chafarinas. Nuevamente los volvieron a embarcar, y, en este caso, los oficiales marroquíes accedieron a hacerse cargo de ellos.

Nadie de la Delegación del Gobierno en Melilla atendió a la abogada de los siete jóvenes, denuncia, ni tampoco se atendieron las llamadas de Acnur y de la oficina del Defensor del Pueblo, según Fernández Vicens. Desde la expulsión, el Gobierno no ha aportado información aclaratoria de lo ocurrido más allá de negar que se interpusieran solicitudes de asilo.

La abogada habló ayer con alguno de los expulsados, aunque poco sabe de los cuatro que fueron enviados a Melilla: aún no ha conseguido contactar con ellos directamente. 'Me aseguran que en ningún momento se les preguntó si rechazaban su solicitud de asilo político', sostiene Fernández Vicens. Es más, los compañeros refieren a la abogada que a los cuatro que fueron trasladados a Melilla no les dejaron llevarse consigo las mudas que tenían encima y donde habían escondido sus pertenencias personales.

Los siete expulsados del territorio español son tres ciudadanos de Mali (A.K., A.G. e I.A.M.), así como dos de Guinea Conakry (M.M y S.K.), N.K. de la República Democrática del Congo y S.S., natural de Costa de Marfil. Tanto en Mali como en Congo la situación es extremadamente peligrosa, mientras que en el resto de estos países los derechos humanos están comprometidos.

Uno de ellos vio cómo asesinaban a sus padres y pedía asilo para escapar del alistamiento forzoso en el Ejército de Mali Uno de los jóvenes, A., es natural de Gao (en Mali, a orillas del Níger), una zona devastada por la rebelión Tuareg. Relató por teléfono a la abogada que huyó de su país después de ver cómo asesinaban a sus padres. Solicitó asilo porque estaba siendo forzado a alistarse en el Ejército de Mali. Ahora vagará por suelo marroquí y volverá a intentar su sueño desesperado de refugio, quizá remando en otra balsa de juguete, achicando agua y mafias de las pateras de verdad, mientras su abogada intenta seguir adelante con el proceso iniciado en la Audiencia Nacional.