El pleno del Senado debatirá y votará este miércoles en sesión secreta el dictamen de la Comisión de Suplicatorios que propone levantar la inmunidad al senador popular Manuel Baltar, expresidente de la Diputación de Ourense y del PP de esa provincia, para que pueda ser juzgado por el Tribunal Supremo.

Baltar está acusado de un delito contra la seguridad vial por conducir uno de los vehículos oficiales de la Deputación -un Volksvagen Passat de 46.000 euros y 280 caballos de potencia- a 215 km/h, el domingo 23 de abril de 2023 en la autovía A-52, que une Castilla y León con Galicia.

Tras varios intentos de su abogado de retrasar el juicio rápido abierto en su día en un juzgado de Instrucción de Zamora, Alberto Núñez Feijóo y Alfonso Rueda acordaron nombrarlo senador por designación autonómica. Es decir sin necesidad de que se presentara a las elecciones generales que se celebraron en julio de ese año.

Gracias a ello, el expresidente provincial obtuvo la condición de aforado y sólo puede ser procesado por la Sala de lo Penal del Supremo.

A favor o abstención

Fuentes del Grupo Popular en el Senado han confirmado a Público que sus senadores votarán a favor de conceder el suplicatorio de su compañero, y han recordado que Baltar ya avanzó hace unos días "que no pondría ningún impedimento para su tramitación”.

Este diario también se ha dirigido a la ejecutiva estatal del partido para recabar la posición al respecto de Feijóo o de su Comité de Dirección, pero al cierre de este artículo no había obtenido contestación.

En ocasiones anteriores Público ha preguntado al PP por el futuro de Baltar en el caso de que sea finalmente condenado, pero tampoco ha obtenido respuesta.

Los estatutos del partido establecen como infracción muy grave susceptible de acarrear la baja de militancia "la condena por un delito doloso que por su naturaleza o por las circunstancias en las que se haya cometido se considere incompatible con las obligaciones y deberes éticos" de sus militantes y representantes públicos.

Tras renunciar a la Deputación inmerso en numerosos escándalos, Baltar obtuvo su acta de senador el pasado 17 de agosto. Además de inmunidad, su nuevo cargo le reportó un salario base de de 44.867 euros anuales en 14 pagas; a los que se suman otros 22.822 euros de asignación como presidente de la Comisión de Reto Demográfico de la Cámara Alta. En total, cerca de 67.700 euros anuales.

Durante los cerca de ocho meses como senador, Baltar no ha intervenido nunca en el pleno, pero ha firmado 110 preguntas al Gobierno para su respuesta escrita. Buena cantidad de ellas se refieren a las conexiones por carretera de Ourense con Madrid.

En una de las más recientes, Baltar se interesaba por las previsiones del Gobierno para aumentar el presupuesto para conservación de la A-52, la vía en donde cometió las infracciones, "para eliminar las notables deficiencias que presenta el firme en gran número de sus kilómetros".

El debate y la votación de su suplicatorio se celebrarán pocos días después de que el PSOE denunciase que la Deputación, ahora presidida por Luis Menor, alcalde popular de Pereiro de Aguiar, había abonado 1.200 euros por otra infracción cometida por el conductor del mismo coche, en la misma vía y apenas una hora antes de que Baltar fuera cazado por los agentes de la Dirección General de Tráfico.

El triple de la multa inicial

Aquella denuncia, por circular a 173 km/h en la A-52 a unos 150 kilómetros de donde Baltar fue identificado 51 minutos después como piloto del mismo vehículo conduciendo a 215 km/h, acarreaba una sanción de 400 euros y la retirada de cuatro puntos del carné de conducir.

La Deputación de Menor se negó en dos ocasiones a identificar al conductor, lo que motivó que la DGT triplicara la sanción inicial, que fue finalmente abonada con dinero público. El organismo alegó que había sido imposible saber quién pilotaba el coche.

El Passat que conducía Baltar, y que según fuentes de la Deputación era de su uso exclusivo y diferente al que empleaba cuando viajaba con chófer de la presidencia, acumula otra decena de expedientes sancionadores por exceso de velocidad. En varios casos el organismo también se negó a identificarlo como conductor, por lo que las multas correspondientes también se triplicaron en cuantía y fueron asumidas por el presupuesto de la institución.