El pasado fin de semana, durante la madrugada del viernes al sábado, dos enfermeras del pabellón de Oncología del Hospital Gregorio Marañón de Madrid observaron una grieta en el techo de una de las salas. Alarmadas, tomaron la decisión de sacar a los pacientes ingresados en ella. Dos horas después el techo se vino abajo.

Las enfermeras fueron felicitadas por haber evitado una desgracia, pero no era la primera vez que ocurría algo así. Techos derrumbados, inundaciones, sillones rajados, reparaciones mecánicas que se demoran semanas, armarios con puertas descolgadas, camas inmóviles por la falta de ruedines, inundaciones... Situaciones antes aisladas que ahora son frecuentes en los centros públicos de la Comunidad.

Horas después de la caída del techo en el Gregorio Marañón, en el Hospital 12 de Octubre reventaba una tubería de la calefacción, inundando de agua caliente y sucia la zona de urgencias.

"Fue un accidente y afortunadamente nadie salió herido. Pero si hubiera más personal podríamos hacer un mantenimiento preventivo que ahora no podemos hacer, y algunas de estas averías se podrían evitar", afirma Luis López, delegado del sindicato Movimiento Asambleario de Trabajadores-as de Sanidad (MATS). 

López, mecánico, recuenta ante Público los recortes que ha habido en su hospital. "Había dos tapiceros, se han jubilado los dos y ahora no hay ninguno, carpinteros hay uno menos, albañiles; había cinco y ahora hay cuatro, mecánicos éramos 22 y ahora estamos 17...".

El sindicato ha aprovechado estos accidentes para recordar la situación de los hospitales públicos madrileños, denunciando que ninguna baja en los puestos de mantenimiento se cubre. Explican que el Gobierno de la presidenta Cristina Cifuentes prefiere acumular incidencias, agruparlas en paquetes y contratar la reparación con empresas externas. Mientras lo hace, pacientes y profesionales tienen que convivir con ellas.

Sin embargo, urgencias como las acaecidas este fin de semana solo pueden atajarse rápidamente si hay personal contratado de guardia. Algo que no siempre ocurre debido a los recortes. Además, las tareas de primera necesidad se acumulan para estos profesionales en hospitales cuya antigüedad supera en algunos casos los 50 años. Todo lo demás se agrupa y se subcontrata su reparación, aumentando la dependencia de la empresa privada de los centros.

Goteras y techos desplomados en la sala del TAC del Hospital Ramón y Cajal. Imagen: MATS

Cifuentes, por su parte, echó este lunes balones fuera y señaló que la situación está provocada por la gestión de su antecesora, Esperanza Aguirre. "No se destinó el dinero suficiente a mantenimiento de los hospitales", afirmó, añadiendo que habría preferido "encontrarse los hospitales en mejor estado, indudablemente": "Hay algunas instalaciones que están muy obsoletas y necesitan obras”.

"Ahora lo que toca", continuaba la presidenta de la Comunidad de Madrid, "más que pensar en nuevas infraestructuras, es priorizar la reparación de los hospitales, porque muchos son muy antiguos y necesitan muchas reparaciones". Cifuentes contraatacó anunciando un plan de acción para modernizar las instalaciones. 

Aunque desde MATS han criticado que la conservadora haya esperado casi a la mitad de su mandato para actuar y siga quejándose de la "herencia recibida", reconocen que "todos sabemos lo que había en la época de Esperanza Aguirre".

El pelotazo de los hospitales públicos de gestión privada

En su etapa al frente de la Comunidad, la lideresa se esforzó duramente por dejar su firma en la política de la región, y para ello empleo su pluma preferida, la neoliberal: proyectó hasta nueve hospitales públicos de gestión privada. Utilizando esta vía, externalizaba la construcción y gestión de los centros dejándolo en manos de empresas privadas, que luego se lo alquilarían en contratos de 30 años de media a la Comunidad, que también paga a todo el personal sanitario.

El truco, y el motivo por el que tantas empresas compitieron en su momento por la adjudicación de los hospitales, es que, pese al ahorro inicial, la suma final a pagar por la Comunidad excede con creces las cifras de lo que costaría construir y mantener instalaciones de carácter totalmente público.