ZARAGOZA.- Cuando toca el agua, Ciudadanos pierde tono naranja para teñirse de azul Aznar: recupera en su programa para las elecciones del 20-D un Plan Hidrológico Nacional trasvasista, propone despojar a las comunidades autónomas de las competencias relacionadas con la gestión del agua para centralizarlas en la Administración estatal y apuesta por un orden de prioridades para el uso del agua que supone retroceder a los planteamientos desarrollistas de hace décadas.

El partido de Rivera no incluye sus planteamientos clave sobre la gestión del agua en el apartado de Medio Ambiente de su programa, como hacen el resto de formaciones, sino en el capítulo de desarrollo rural.

Ciudadanos propone establecer una “política general en materia de agua” basada en “los principios de unidad de gestión y unidad de cuenca, con garantía de una planificación hidrológica nacional”, como medio para evitar “una visión localista del agua y un modelo insolidario en el uso de la misma”. En este sentido, su programa añade que esa materia debe ser considerada “una competencia estratégica nacional, clave para el futuro social y económico y totalmente intransferible”.

"Riqueza en las regiones proveedoras y en las receptoras"

La formación naranja pretende llevar a cabo sus planteamientos hidrológicos con una medida clave: “centralizando todas las competencias relacionadas con la gestión del agua”. Esta jacobina tesis supone retroceder a épocas anteriores a la Constitución de 1931, la primera que estableció la gestión autonómica –regional, en aquella época- de los sistemas fluviales que no excedieran el territorio de una demarcación territorial. La del 78 permitió distribuir potestades en materia de agua, especialmente en su vertiente ambiental, entre las comunidades.

El partido de Rivera apuesta en su página 80 por impulsar un nuevo Plan Hidrológico Nacional (PHN) que, como “factor integrador de la sociedad y economía española del siglo XXI”, genere “riqueza tanto en las regiones que sean proveedoras de agua como en las receptoras, de manera que en [el (sic)] conjunto de España se aproveche un bien clave”. Sin embargo, no da pistas sobre los beneficios que llegarían a las cedentes.

En el párrafo siguiente despeja cualquier duda sobre esos planteamientos en materia de agua: “Corresponde incluir en el nuevo Plan Hidrológico Nacional las medidas de coordinación entre los diferentes planes hidrológicos de cuenca y, en su caso, la previsión y condiciones de transferencias entre ámbitos de distintos planes hidrológicos”.

A favor en Murcia, "ni pío" en Aragón

Rivera no ha mostrado con claridad en esta campaña las posiciones protrasvase de su partido. Unas semanas antes de la campaña, se mostró a favor de las transferencias en Murcia, donde insistió en que el suministro de agua debe estar asegurado “en toda España”. Sin embargo, poco después señaló en Zaragoza que hay que dejar el debate del agua en manos de los técnicos y que son estos quienes deben determinar si hay o no excedentes trasvasables en alguna cuenca y si alguna los necesita.

El cabeza de lista de Ciudadanos por Zaragoza, el concejal turolense Rodrigo Gómez, lleva toda la campaña insistiendo en esa tesis del debate técnico y resistiéndose a admitir el contenido del programa de su partido.

La ambigua postura que Ciudadanos muestra en Aragón en materia de agua ha generado fuertes críticas desde la izquierda.

El número 2 de Unidad Popular (UP), Chesús Yuste (Cha), le afeó el viernes a Rivera ese doble discurso que le lleva a apoyar el trasvase en Murcia mientras en Zaragoza “no dijo ni pío”. “A Aragón hay que venir a decir la verdad”, indicó acerca del el líder de C’s, de quien aseguró que, por asuntos como el del agua, “cada vez se parece más a Aznar”.

Arrojo: Ciudadanos consagra la deriva centralizadora del PP

El cabeza de lista de Podemos por Zaragoza, Pedro Arrojo –catedrático especializado en economía del agua y premio Goldman de Medio Ambiente, considerado el ‘nobel alternativo-, criticó con dureza esa práctica de C’s de utilizar “discursos distintos según el territorio”.

“Ciudadanos coloca es planificación centralizada del agua como una de las piezas clave de su política”, indicó Arrojo, que anotó que el programa del partido naranja “consagra la deriva centralizadora que ha ido introduciendo el PP”. “A lo mejor plantean que la gestión de un río sea competencia de Madrid porque la intención es trasvasarlo a otra zona”, añadió.

Arrojo también criticó las tesis economicistas en las que Ciudadanos basa su política del agua en unos tiempos en los que “la gestión es ecosistémica” por imperativo comunitario y en los que la UE establece “como una restricción a los usos, y no como un orden de prioridades”, el objetivo de que las masas de agua alcancen un “buen estado ecológico”.
En este sentido, recordó que “las cuentas no salen desde un punto de vista económico, y mucho menos desde el ambiental”, cuando se analizan proyectos como los macrotrasvases del Ebro a la costa levantina que hace catorce años impulsaron los ejecutivos de José María Aznar. “El Gobierno les atribuía un beneficio de 4.000 millones al año, pero la UE concluyó que generaban unas pérdidas de 3.000”, dijo, que hoy se situarían por encima de los 4.000.

Rivera, más expeditivo que Rajoy y Sánchez para trasvasar

Rivera, más expeditivo que Rajoy y Sánchez para trasvasar.

La postura trasvasista de Ciudadanos resulta mucho más expeditiva que la que ofrecen en sus programas los dos partidos que tradicionalmente se han mostrado más partidarios de las transferencias de caudales entre cuencas.

El PP de Rajoy, que ya se abre al uso de tecnologías como la desalación, promete en su programa “un Plan Estatal del Agua y un Sistema Integral de Gestión del Agua” que coordine los planes hidrológicos de cuenca y apuesta por abrir “un proceso político de negociación y adopción de un Pacto Nacional del Agua” entre cuyos objetivos se incluye “asegurar la atención de las demandas en las cuencas deficitarias del país”.

Los socialistas, por su parte, mantienen en cuanto a los trasvases la habitual ambigüedad federal de las últimas convocatorias. En este sentido, abogan por “prestar especial atención a los territorios afectados por la sequía”, tener en cuenta en la planificación hidrológica “las proyecciones hídricas y climáticas” y, también, por identificar “las medidas prioritarias y urgentes que faciliten una gestión eficaz y satisfactoria de los recursos hídricos”.

Más pantanos para "facilitar la regulación"

Los planteamientos programáticos de Ciudadanos sobre el PHN, que apelan a “una política de cohesión nacional” cuyas actuaciones se definan “caso por caso y teniendo en cuenta las peculiaridades y necesidades de las distintas regiones”, incluyen una supuesta salvaguarda ante nuevos trasvases.

Lo hace al señalar que “los hipotéticos excedentes” deben ser determinados “una vez satisfechas las necesidades internas de la cuenca sin reserva alguna”, algo que, en principio, reduciría el eventual riesgo de extracciones arbitrarias de agua en cuencas como la del Ebro, el Tajo o el Duero, las principales cedentes en los PHN que han llegado a ser aprobados en el último siglo y los que se quedaron en el camino.

Sin embargo, el mismo documento, que también promete más pantanos al incluir entre sus objetivos el de “facilitar la regulación de los caudales de los ríos mediante las correspondientes infraestructuras hidráulicas”, incluye tres contenidos que suponen importantes modificaciones en los planteamientos actuales de las políticas del agua.

Planteamientos de finales del siglo XIX y XX

Sobre el mandato comunitario que marca como objetivo prioritario para las administraciones lograr que las masas de agua alcancen un buen estado ambiental, indica que se trata de una obligación que, como tal debe cumplirse “salvo las excepciones justificadas que la misma contempla”; propone supeditar los nuevos embalses a criterios –por este orden- “económicos, sociales y medioambientales”, y en cuanto a las prioridades para el uso del agua, propone una involución que, como poco, supone regresar a planteamientos de hace tres décadas: sitúa el abastecimiento urbano y las necesidades de la agricultura por delante del caudal ecológico, cuando la Directiva Marco del Agua establece como prioritarios en la Unión Europea los objetivos ambientales.

Esos dos usos eran los primeros de la Ley de Aguas de 1985, que, de hecho, solo difería en este punto de la de 1879 en que esta última intercalaba entre ambos el abastecimiento de ferrocarriles.