MADRID.- El secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, informará este jueves a la Comisión de Economía del Congreso sobre las negociaciones del Tratado Trasatlántico para el Comercio y la Inversión (TTIP, por sus siglas en inglés) entre Estados Unidos y la Unión Europea. La polémica surgida tras las últimas revelaciones de Wikileaks, –filtración revelada en España en exclusiva por Público, en colaboración con nueve diarios extranjeros– sobre el contenido de las conversaciones que medio centenar de países mantienen para alcanzar un acuerdo sobre el mercado de servicios mundial (TiSA, por sus siglas en inglés) ha acelerado la comparecencia de García-Legaz.

Ésta será la segunda vez, tras su intervención en julio del año pasado, que el secretario de Comercio dé información a los diputados sobre las negociaciones del TTIP, un asunto que también centró la comparecencia de la comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström, hace unos meses ante parlamentarios de ambas cámaras.

El Gobierno de Mariano Rajoy ha negado que haya oscurantismo en torno a un tratado que genera muchas suspicacias por el temor a que suponga una rebaja de los derechos laborales, medioambientales o sociales en la UE o a que conduzca a la privatización de servicios esenciales como el agua, entre otros asuntos.

Actualmente hay varias peticiones pendientes de tramitación para que miembros del Ejecutivo informen sobre la postura del Gobierno en las negociaciones. La última ha sido presentada este mismo martes de forma conjunta por el Grupo Parlamentario Mixto ─Amaiur, ERC, BNG y Compromís─ y el de la Izquierda Plural para que el presidente Rajoy comparezca ante el pleno del Congreso. Del mismo modo, también se espera que el ministro de Economía, Luis de Guindos, y la de Agricultura, Isabel García Tejerina, den explicaciones sobre las posibles afecciones del tratado a sus áreas de responsabilidad.

La polémica en torno a este tipo de tratados de libre comercio ha comenzado a virar hacia el TiSA, un acuerdo que comenzó a negociarse en 2012 pero que saltó a la luz pública el año pasado, cuando una filtración de Wikileaks dio a conocer uno de los puntos centrales de las negociaciones, que impedía publicar el contenido de los acuerdos que se alcanzaran hasta cinco años después de que entren en vigor.

Esta filtración llevó a que en verano de 2014 la Unión Europea decidiera hacer públicas sus propuestas para el acuerdo, pero el debate sobre estas negociaciones ha vuelto a saltar a primera línea informativa tras una segunda publicación de Wikileaks y algunos medios asociados, entre los que está Público, de contenidos de las conversaciones e incluso de notas internas de algunos países.

Ante ello, el portavoz económico de Amaiur en la Cámara Baja, Rafael Larreina, ha registrado una pregunta parlamentaria asegurando que, a la luz de las informaciones publicadas, la aprobación del TiSA supondría "un nuevo recorte democráticamente ilegítimo de soberanía" de los estados que impediría "la regulación del mercado de servicios en base a criterios sociales, medioambientales o culturales".

De hecho, propuestas en discusión como que antes de ser aprobada cualquier nueva normativa nacional deba abrirse al debate público, abriendo así la puerta a que las grandes multinacionales y los lobbies internacionales puedan modificar decisiones de los países en su propio interés, tal y como informó este diario, hacen pensar a la formación abertzale que se está "impulsando una hiperliberalización" que pone en riesgo tanto los servicios públicos como el tratamiento de los datos personales de la ciudadanía.

"El conocimiento de estos documentos está generando preocupación y alarma social en amplios sectores de la ciudadanía europea, que no entiende el oscurantismo con que se está llevando a cabo la negociación", añade el diputado vasco, que quiere saber si España también ha formado parte, directamente o a través de la Comisión Europea (CE), de estas conversaciones y cuál es su posición al respecto.

Además, el responsable de Amaiur pregunta si "no habría sido necesario debatir y fijar previamente los límites" de la negociación en el Congreso y qué medidas se van a tomar ahora para proteger los derechos democráticos de los ciudadanos. "¿Está el Gobierno dispuesto a someter a referéndum el acuerdo antes de su firma?", añade.