Represores de la dictadura argentina utilizaron cuentas 'off shore' para ocultar bienes de desaparecidos

MADRID.- Represores de la violenta dictadura militar de Argentina (1976-1983), algunos de ellos condenados por crímenes de lesa humanidad, escondieron en paraísos fiscales los bienes que robaron a sus víctimas. En concreto, han aparecido con cuentas en paraísos fiscales, aún activas, integrantes de lo que fue el Grupo de Tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), que en la práctica fue un centro clandestino de detención y exterminio donde se torturaba y asesinaba a personas capturadas que el gobierno no reconocía tener detenidas. 

El diario argentino Página 12 ha desvelado que hay registros en Panamá, Miami y Sudáfrica a nombre de Ricardo Miguel Cavallo, condenado por crímenes contra la humanidad, y de Norma Radice, hermana de Jorge Radice, también condenado por crímenes de lesa humanidad por su participación en el centro clandestino de detención y exterminio del Grupo de Tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). 

La información, sin embargo, no es del todo sorprende. La Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina logró probar que empresas radicadas en paraísos fiscales habían estado inyectando importantes cantidades de dinero a empresas argentinas vinculadas a los mencionados militares.

El organismo anticorrupción argentino llegó a pedir la colaboración de los organismos y entidades financieras de los países donde se encontraban las empresas al entender que podría tratarse de lavado de dinero del robo de bienes a los desaparecidos.  

Según informa Página 12, la aparición de las cuentas en los papeles de Panamá confirmaría lo que hasta ahora había sido una mera hipótesis: que las sociedades existen y que están constituidas por los represores argentinos condenados por crímenes de lesa humanidad. 

La investigación del organismo argentino, sin embargo, ha sido frenada de raíz por el nuevo Gobierno argentino del empresario Mauricio Macri, que ha desactivado las investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad dentro de la UIF y amenaza con tirar al traste las investigaciones realizadas y los nuevos descubrimientos en el marco de los papeles de Panamá.