El Congreso ha aprobado este jueves admitir a trámite la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada por los sindicatos UGT y CCOO –y que 700.000 personas apoyaron con su firma– para establecer en España una renta mínima garantizada.

Es la primera vez que la Cámara baja tramitará un proyecto legislativo de estas características, que implicará un fuerte impacto presupuestario. Esta es la razón por la que el Gobierno se ha opuesto frontalmente, posición a la que se ha sumado Ciudadanos. A favor de esta nueva ayuda social destinada a las personas sin recursos se han pronunciado el PSOE, Podemos, ERC, PDCAT y otras formaciones minoritarias. 

Ahora se abre un período de negociación que definirá los detalles de la renta mínima. Fuentes parlamentarias consideran que su aprobación definitiva no será posible antes de finales de año, pero el proyecto presentado por los sindicatos deja claras algunas líneas fundamentales.

¿Quién podrá optar a ella?

Podrán ser beneficiarios de la renta mínima todas aquellas personas mayores de 
edad y menores de 65 años, que estén buscando trabajo y hayan agotado las prestaciones por desempleo. La ILP también pone como condición que hayan residido en España "de forma ininterrumpida en los seis meses anteriores a la fecha de solicitud de la prestación".

Además, los beneficiarios no podrán superar, en cómputo anual, ingresos o ayudas que supongan una suma superior al 75% del salario mínimo establecido en cada momento. En caso de que el núcleo familiar del solicitante haya personas con ingresos, le será concedida la renta mínima "cuando la suma de las rentas o ingresos de todos los integrantes de la unidad familiar, incluido el solicitante, dividida por el número de miembros que la componen, no supere el 75 por 100 del salario mínimo".

¿Cuál será su cuantía?

La renta mínima será del 80% del salario mínimo. En este momento, la ayuda ascendería a 426 euros no contributivos.

Durante el debate en el pleno del Congreso, Podemos ha pedido ampliarla al entorno de los 660 euros, la cuantía que recomienda la Unión Europea. El PSOE ha propuesto que cada familiar a cargo del solicitante suponga también un plus en la remuneración, aunque esto es algo ya previsto en el texto presentado por los sindicatos. 

¿Cuánto le costará al Estado?

12.000 millones de euros anuales, según los cálculos de UGT y CCOO, que se incluirán en los Presupuestos Generales del Estado.

Para poner en contexto esta cifra se puede tomar como referencia el recorte que ha presentado el Gobierno de Mariano Rajoy para 2017 en Bruselas, y que se eleva a 5.000 millones de euros. 

¿Con qué otras ayudas es compatible?

Se considera una prestación de la Seguridad Social, y será compatible con todas aquellas ayudas derivadas de la atención a personas en situación de dependencia o a favor de la infancia, entre otras de modalidad no contributiva. 

¿Cuánto falta para su aprobación final?

A partir de este momento la ILP pasará a la comisión de Trabajo y de Seguridad Social para iniciar el trámite legislativo habitual, esto es la apertura de un periodo para que los diversos grupos parlamentarios presenten las enmiendas que consideren oportunas. Este periodo de tiempo puede alargarse en función de las negociaciones entre los diversos grupos políticos. Finalmente, una ponencia se encargará de “casar” aquellas enmiendas coincidentes.

Las enmiendas que sigan “vivas” tras el dictamen de la comisión serán debatidas y votadas en un pleno de la Cámara baja y el texto resultante pasará al Senado. En él, previsiblemente, el Gobierno presentará un veto –una enmienda a la totalidad– además de alargar los plazos de tramitación, ya que cuenta con mayoría absoluta en esta cámara. El veto solo podrá ser “levantado” por el Congreso de los Diputados que, finalmente, es el que que deberá pronunciarse sobre la iniciativa.

¿Cuándo podrá solicitarse?

El día siguiente de su publicación en el BOE, que según los cálculos de fuentes parlamentarias analizando el proceso legislativo citado, será a principios de 2018.

¿Pueden frenarla el PP y Ciudadanos?

En teoría, no. Una vez que el Congreso ha aprobado tomar en consideración la ILP ya no hay marcha atrás y debe comenzar la negociación. 

El Gobierno intentará bloquear su tramitación alegando que supone una alteración sustancial de los presupuestos en vigor –los de 2016 actualmente prorrogados–, lo que generará un conflicto de atribuciones entre el ejecutivo y el legislativo, uno más de los que ya están planteados.

¿Podría cancelarse en el futuro?

Estará blindada, ya que optar a ella se considerará un derecho de cada ciudadano. "Es exigible sin que pueda condicionarse a las disponibilidades presupuestarias. Es decir, las personas que reúnan los requisitos que se establezcan tendrán derecho a percibirla y la Administración General del Estado está obligada a concedérsela", recoge el texto propuesto por los sindicatos. 

Tampoco se podrá embargar. Al ser considerada un derecho personal; se convierte en una prestación intransferible e inembargable.