El pacto entre el Gobierno y el PP (y, previsiblemente, otras formaciones con representación parlamentaria) para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) puede convertirse en algo más que el desbloqueo institucional de una situación que ya dura varios años y que es una de las grandes tareas pendientes de la legislatura.

A nivel político puede representar el acercamiento entre un Pedro Sánchez y un Pablo Casado anclados en hostilidades y en duros enfrentamientos desde la investidura del líder socialista. En este contexto, en Unidas Podemos han reivindicado que la gobernabilidad pasa por "trabajar en la cultura de coalición" y por el apoyo del bloque de la investidura.

La buena dirección del pacto sobre el Poder Judicial ya se ha notado incluso en el Congreso, donde este miércoles el presidente de los conservadores redujo una marcha en sus ofensivas habituales contra el líder del Ejecutivo, una actitud que fue bien recibida por parte de Sánchez. Este acercamiento de los últimos días entre los principales partidos de Gobierno y oposición coincide con uno de los momentos de mayor tensión en la coalición entre el PSOE y Unidas Podemos.

El enfrentamiento por la ley 'trans', la diferente actitud ante las protestas por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél y el enquistamiento de las negociaciones en la ley de Vivienda (tras la marcha atrás del Ministerio de Transportes para regular los alquileres, iniciativa pactada en el acuerdo de coalición) han provocado enfrentamientos y disputas entre los miembros socialistas y los de la formación morada.

En este contexto, desde algunos sectores se ha resucitado el fantasma de la denominada gran coalición. Aunque no es un escenario creíble para ninguno de los socios de Gobierno, en Unidas Podemos han repetido en varias ocasiones que los socialistas gobiernan con la formación morada porque no hay más alternativas, pero que la preferencia de Sánchez, al menos durante algún tiempo, pasó por la derecha (en concreto, por Ciudadanos).

Ninguna alternativa en esta línea está en la actualidad sobre la mesa y, si este miércoles Sánchez y Casado rebajaban hostilidades, el presidente reducía también, en sus propias palabras, los "decibelios" con el espacio confederal, que respondía pidiendo a los socialistas "hacer pedagogía" y "trabajar juntos" en "la cultura de la coalición".

Sin embargo, la estrategia (abierta y reconocida) del PP en la negociación para renovar los órganos constitucionales ha pasado por tratar de alejar a Sánchez de Unidas Podemos y por sacar a uno de los socios del Gobierno del pacto. Desde el principio, los de Casado han asegurado que su línea roja para negociar con los socialistas pasaba por que la formación morada no participara de la renovación y, esta misma semana, el secretario general de los conservadores, Teodoro García Egea, anunció que Sánchez había aceptado esta condición (una posición desmentida de forma tajante por La Moncloa).

El acercamiento de posiciones entre el PP y el PSOE para renovar los órganos constitucionales ha resucitado también un debate que ha sobrevolado toda la legislatura, que tuvo su mayor hito en la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado y que no es otro que el de los apoyos del Ejecutivo para garantizar la gobernabilidad.

Cuando las cuentas entraron a la Cámara Baja (incluso antes) se produjo un intenso debate e importantes acciones para que el PSOE se decidiera por apoyar la tramitación en el denominado bloque de la investidura (al que pertenecen formaciones como ERC, PNV, Bildu o Más País) o en Ciudadanos (que había tomado oxígeno tras ser relevante para sacar las últimas prórrogas del primer estado de alarma que se decretó para luchar contra el coronavirus).

La disputa se resolvió con una apuesta clara por el bloque de la investidura (en gran parte porque con los de Inés Arrimadas no daban los números), que Iglesias trató de elevar a "bloque de la legislatura". En ese momento, el vicepresidente segundo del Gobierno manifestó su intención de que partidos como ERC o Bildu participaran en la renovación de los órganos constitucionales como forma de apuntalar el bloque de gobernabilidad, pero también para encaminar la resolución del conflicto que se vive en Catalunya, una posición que todavía mantiene y que podría dar lugar a que alguna de estas formaciones tuviera representación en el CGPJ.

Estos días Iglesias ha querido recordar al PP que, pese a su acercamiento al PSOE en el asunto del CGPJ y el resto de instituciones, la gobernabilidad sigue estando en manos del Gobierno de coalición y del bloque de la investidura. El martes, preguntado por su eventual exclusión del pacto, el vicepresidente segundo aseguró que "algunos tienen la ensoñación de que se puede volver al modelo del bipartidismo para escoger a los miembros del CGPJ. Ya le digo que eso no va a ocurrir".

Este miércoles, Iglesias marcaba de forma más clara los límites del pacto en una respuesta parlamentaria al secretario general del PP: "Su nostalgia choca con la realidad, y la realidad es que yo le estoy hablando desde el Gobierno, y las grandes decisiones de país las van a tomar este Gobierno y el bloque de la investidura; y los grandes debates del país los vamos a tener en el Gobierno y en el bloque de la investidura mientras usted se dedica a competir con Vox por ver quién hace mas ruido".

Sánchez quiere mejorar relaciones con el PP

Por su parte, Pedro Sánchez sí concede máxima importancia tanto a la renovación de las instituciones que están pendientes como a mantener otro clima de colaboración con el Partido Popular, informa Manuel Sánchez.

La última conversación con Pablo Casado, que fue calificada por ambas partes como "constructiva", parece haber abierto, al menos, un nuevo escenario entre ambos partidos que a corto plazo se puede concretar en la renovación de instituciones, y a medio plazo en otros acuerdos, donde el Gobierno quiere contar con el Partido Popular, como puede ser la financiación autonómica o, si finalmente se abordan, algunos cambios puntuales en la Constitución.

Sánchez, como dijo este miércoles en la sesión de control, cree que el largo periodo que se abre sin citas electorales (la primera sería en diciembre de 2022) puede reconducir la relación entre ambos partidos y facilitar el entendimiento en algunas materias y en determinados acuerdos de Estado.

Además, desde el Gobierno y desde el PSOE se quiere arrastrar al PP a posiciones más moderadas y a que se separe del discurso de Vox, aunque se sabe que es una quimera que los populares rompan sus acuerdos autonómicos con la formación ultraderechista.

Fuentes socialistas aseguran, no obstante, que el hecho de normalizar o consensuar determinadas políticas con el PP no pone en riesgo ni el Gobierno de coalición ni el cumplimiento del acuerdo programático que se firmó con Unidas Podemos.