"La reforma del Reglamento de la Ley Orgánica de Extranjería supone un paso adelante. Es siempre un avance, una buena noticia, que haya vías regulares y estables para la regularización de las personas migrantes –como pueden ser los arraigos–, que se flexibilicen los requisitos de acceso, pero todavía vemos cosas que nos preocupan", señalan desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). El Consejo de Ministros ha acordado este martes reducir los plazos y simplificar los requisitos para regularizar a miles de personas migrantes. Es, según dicen, "la reforma más integral y ambiciosa de los últimos 13 años", los mismos que tiene la norma. Los colectivos sociales aseguran que el nuevo reglamento, "a falta de conocer la letra pequeña", corre el riesgo de "dejar atrás a muchos ciudadanos".

El Gobierno ha dado luz verde a una nueva revisión de la ley de extranjería, un texto que busca "adaptarse a la situación migratoria actual", satisfacer las necesidades del mercado laboral y dar respuesta al reto demográfico. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha destacado la "transversalidad" de la norma y calcula que, con ella, "podrán regularizarse 300.000 personas cada año" entre 2025 y 2027. El texto definitivo se publica este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y entrará en vigor dentro de seis meses.

España pretende marcar perfil propio con esta reforma, que llega en pleno boom de las políticas antimigratorias en Europa, pero peca de "tibia"; al menos, esa es la impresión de las asociaciones humanitarias. "El documento se plantea desde un punto de vista empresarial, no desde una mirada puesta en los derechos humanos y fundamentales de las personas migrantes. Además, abre la puerta a complementar varios contratos, es decir, fomenta el pluriempleo. Esto es imposible en sectores como el de los jornaleros o los cuidados, somos cuerpos rotos...", reivindica Edith Espíndola, portavoz de RegularizaciónYA y de la Asociación Servicio Doméstico Activo (SEDOAC). El Banco Mundial y la Comisión Europea calculan que son necesarias cerca de 250.000 personas migrantes al año para sostener el Estado de Bienestar.

La norma reduce de tres a dos años el tiempo que una persona migrante –en situación irregular– debe haber vivido en España para poder tramitar un permiso de residencia por "arraigo social". El Gobierno también reconocerá el "arraigo sociolaboral" –antes, "arraigo laboral"– a los ciudadanos que presenten una oferta de trabajo de, al menos, 20 horas semanales. La actual ley fijaba en 30 el mínimo de horas computables. "El reglamento abre puertas que antes estaban cerradas mediante tres llaves: formación, empleo y familia", ha deslizado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. 

El Gobierno busca, además, potenciar las vías de migración legal y agilizar procesos como el "arraigo" por motivos familiares o educativos. "El objetivo es reforzar y ampliar las vías de acceso a la regularización de las personas migrantes que están en España, para que puedan llevar una vida plena como ciudadanos: tener derechos y tener deberes", ha señalado la titular de la cartera. El texto es "producto de un largo proceso de escucha" en el que han participado la patronal, los sindicatos, las comunidades autónomas, entidades locales y asociaciones humanitarias. Estas últimas, de hecho, insisten en la necesidad de tramitar "cuanto antes" la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la regularización de medio millón de personas migrantes, una propuesta que "sí responde a las necesidades reales de la población con una situación administrativa irregular".

Los ciudadanos que quedan fuera de la reforma

España es "el único país de la Unión Europea que cuenta con una figura tan importante como es el arraigo", un mecanismo crucial en tiempos de violencia y políticas abiertamente xenófobas. La reforma, sin embargo, deja en una suerte de limbo legal a ciertos colectivos. "Las personas solicitantes de protección internacional son las más perjudicadas; hasta donde sabemos, quedan fuera del reglamento. El texto facilita la regularización de las personas que hayan visto denegada su solicitud, pero no de las que estén pendientes de recibir respuesta, y en cualquier caso, lo hace durante un período de 12 meses y en un régimen transitorio", señala Elena Muñoz, coordinadora estatal del departamento jurídico de CEAR. 

La reforma también "obliga" a los solicitantes de asilo que se puedan beneficiar de los cambios a "permanecer seis meses de manera irregular" en España antes de acceder al arraigo, unos plazos que se pueden demorar "incluso el doble" en función de la oficina que tramite cada petición. "La propuesta en términos generales es positiva. La modificación de los arraigos, no obstante, podía haber sido más ambiciosa, reduciendo todavía más los tiempos de estancia en situación irregular para regularizar la situación de los beneficiarios", insiste Alba Villanueva, coordinadora adjunta del área de Acción Social de Mujeres en Zona de Conflicto. 

Las personas que trabajan en b, es decir, sin contrato, tampoco lo tienen fácil para acogerse al reglamento. "¿Cómo van a hacer los trabajadores sin contrato? Los empleadores no van a querer pagar su Seguridad Social. La economía sumergida los va a dejar fuera del arraigo. Si el Gobierno no actúa aquí, seguirá sosteniendo a las mafias contra las que dice luchar, pero contra las que en realidad nadie lucha", defiende Edith Espíndola, de RegularizaciónYA. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado también pone el foco en las personas que lleguen a España solas, sin familiares, y en las que "no estudien ni estén matriculadas en ningún curso". La formación y la reagrupación familiar son dos de las "llaves" que contempla el Ministerio para agilizar la facilitar la regularización y agilizar los trámites burocráticos.

"La nueva norma puede ser un paso importante para el reagrupamiento de hijos de víctimas de trata, violencia sexual o de género, pero se ha perdido la oportunidad de incluir medidas específicas que favorezcan los procesos de regularización administrativa para las mujeres víctimas de violencia machista o trata de seres humanos, entre otras", reivindican desde Mujeres en Zona de Conflicto. La reforma de la ley de extranjería avanza de manera independiente a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para regularizar a medio millón de personas migrantes, admitida a trámite por el Congreso en abril.

"¿No queremos que los migrantes tengan papeles?"

La ILP para la regularización de medio millón de personas migrantes, impulsada por RegularizaciónYA y otras 900 asociaciones, sigue en vías de negociación parlamentaria. La catástrofe de la DANA en València, de hecho, refuerza la necesidad de acelerar los trámites y desencallar el asunto. Los cambios en la ley de extranjería y la ola ultra que recorre Europa evidencian todavía más –si cabe– la importancia de sacar adelante la propuesta. "La ILP busca llegar a las personas que van a quedar fuera de esta reforma, responde a la realidad que tenemos en España. ¿Por qué alguien va a querer tumbar una medida que pone el foco en los derechos humanos? ¿No queremos que todas las personas migrantes tengan papeles?", cuestiona Edith Espíndola. 

Los promotores de la iniciativa tratan de apretar a los distintos grupos para votar el texto definitivo en la Cámara Baja antes de final de año. "La ILP sigue siendo necesaria, porque es una cuestión paralela y estamos en un momento crítico para los derechos humanos, en plena fase de implementación del pacto europeo de migración y asilo. Es importante que esta reforma se aplique de la forma más garantista posible, no sólo con discursos positivos, sino también con políticas públicas y medidas concretas que garanticen los derechos humanos de las personas migrantes", precisa Elena Muñoz. El Gobierno tiene que presentar en diciembre el primer borrador del plan nacional para la implementación de la nueva política migratoria y las asociaciones humanitarias confían en "hacer aportaciones, con el objetivo de maximizar los compromisos".