'Sí. Habrá que dar una respuesta a esta situación en el programa electoral, pero prefiero escribir yo el texto'. Esto fue cuanto dijo José Luis Rodríguez Zapatero el lunes, ante la Ejecutiva del PSOE, cuando la secretaria de Igualdad, Maribel Montaño, puso sobre la mesa una redacción con el compromiso de reformar la legislación sobre el aborto en la que se apuntaba a la ley de plazos y se hacía hincapié en la libre decisión de las mujeres.

Varios miembros de la dirección consultados por Público coinciden en que el secretario general no fue más allá del entrecomillado inicial, recabando para él -al igual que ha pedido en otras cuestiones sensibles- la redacción concreta del compromiso electoral que asumirá. Sin embargo, desde la Ejecutiva alguien se precipitó en interpretar esas palabras como el visto bueno para una reforma legal. De ahí, según fuentes gubernamentales, que Zapatero se viera impelido el martes a aclarar que no habrá un compromiso concreto de presentar una ley de plazos.

La previsión con la que se trabaja es incorporar al programa una redacción similar a la de la enmienda que el martes presentó el PSOE a la moción defendida por IU en el Congreso: 'Regular y perfeccionar la prestación en el sistema público de salud; desarrollar un plan integral de prevención e información; realizar, con el máximo consenso, las reformas legales que sean pertinentes para mejorar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres'.

Abrir la puerta

El sector feminista del PSOE, según varias de sus miembras más destacadas, se contenta con que 'se abra la puerta' a la reforma de la ley, 'con un compromiso explícito de que se mejorará la regulación actual'. Para que se plasme en el programa, seguirán dando la batalla internamente, aunque acatan la directriz de no convertirlo en un debate público.

Pero el asunto es de tal complejidad que ni siquiera en el sector feminista existe unanimidad, ni dentro ni fuera del PSOE. La mayoría es partidaria de ir a una ley de plazos pura o a un modelo mixto que añada aquellos a la regulación actual por indicaciones. Pero también entre las feministas hay quien subraya que ese modelo 'no es, ni mucho menos, la panacea', y que, además, podría topar con el veto del Tribunal Constitucional.

Incluso una activista tan destacada como Margarita Uría, que durante años fue demonizada en su partido, el PNV, por defender la despenalización, sostiene que no es una reforma que se pueda abordar sin un previo y profundo debate social, político y constitucionalista.

El filtro constitucional

Con la jurisprudencia constitucional, según varios expertos, para que una ley de plazos superara el filtro tendría que adaptarse al modelo alemán, que exige obtener previamente un certificado de todos los estamentos de asistencia social -médicos, psicólogos...- que, en la práctica y con según qué gobiernos, pueden resultar casi imposible de obtener.

El criterio inicial en el PSOE era aplicar el principio de no comprometerse en asuntos polémicos cuando no existe una 'demanda social visible'. Pero todo empezó a cambiar ante la alarma creada por la clausura de clínicas donde presuntamente se abortaba al margen de la ley. Ya en la reunión del día 3 el asunto fue suscitado por Leire Pajín y la secretaria de Igualdad intentó, sin éxito, que el coordinador del programa electoral, Jesús Caldera, se hiciera eco de su planteamiento.

Al no poder traspasar este muro, Montaño recabó el apoyo de algunas compañeras, como la propia Pajín y Elena Valenciano, y el pasado lunes presentó la situación en la Ejecutiva con un tinte alarmista que movió a Zapatero a señalar que había que estudiar la situación.

El presidente, Manuel Chaves, reclamó prudencia e insistió en que no hay una clara demanda social.

El consenso resultante no fue promover la ley de plazos, sino reflexionar sobre lo que no funciona, incluida la ley.