El ministro del Interior, Luis Ignacio Zoido, hizo un viaje relámpago en avión oficial a Sevilla para presidir un homenaje, en el Día de la Policía, a las fuerzas de seguridad que participaron en las cargas policiales contra los que pretendían votar el 1-O en Catalunya. Pero los agentes, guardias e incluso mandos intermedios que cumplieron las órdenes de su ministerio no comparten en absoluto el supuesto "orgullo" proclamado por el exalcalde de la capital andaluza.

Todo lo contrario. Diversas fuentes coincidentes consultadas por Público tanto en la Policía Nacional como en la Guardia Civil, a diversos niveles, manifiestan un malestar prácticamente unánime –aunque también es unánime la petición de no ser identificados– por el patente desastre del operativo montado desde la cúpula de Interior en la jornada plebiscitaria catalana del primero de octubre.

El descontento entre las fuerzas de seguridad está tan extendido entre los agentes, números, suboficiales, inspectores y hasta comisarios, que todas las asociaciones de la Guardia Civil y de la Policía Nacional lo han expresado abiertamente en la última sesión de trabajo de la Comisión de Interior celebrada en el Congreso de los Diputados, como subrayó después en la Cámara el portavoz de Podemos en esa materia, Juan Antonio Delgado:

"La Guardia Civil todavía está esperando al ministro"

"Todos los portavoces de las asociaciones de fuerzas y cuerpos de seguridad afirman que se sienten utilizados, solos, abandonados, engañados, que ha habido falta de previsión", subrayó Delgado tras unas comparecencias que han sido silenciadas por la mayor parte de los medios de comunicación.

"Muchos de ellos llevan muchos años viviendo en Catalunya con su familias", continuó el portavoz de Podemos. "Quiero denunciar esa falta de previsión del Gobierno del PP; ya lo ha dicho alguna asociación de la Guardia Civil: todavía están esperando al ministro o a algún general o al Gobierno".

Pero no sólo lamentan la "imprevisión" de los que diseñaron el operativo policial para que se cumpliera la gran promesa del presidente Mariano Rajoy: "Ese referéndum no se va a celebrar". No sólo se celebró, sino que se convirtió en un escándalo internacional hasta que el propio Gobierno del PP tuvo que dar la orden a los antidisturbios y grupos especiales de que no siguieran cargando contra los miembros de las mesas electorales, los votantes y los ciudadanos que hacían cordones para proteger las mesas, en vista de que todas las cadenas de televisión del mundo estaban retransmitiendo imágenes vergonzosas de represión contra electores que pretendían ejercer el derecho a voto.

Hasta ese momento, los miembros de las fuerzas de seguridad también cumplían órdenes... pero eran instrucciones ineficaces a todas luces, dejando al margen su fundamento legal o ético. Tanto es así, que en la última semana no se ha hablado de otra cosa en cuarteles y comisarías: ¿Cómo es posible que cuando llegaron los agentes encargados de evitar las votaciones ya estuvieran las mesas electorales formadas y hubiera incluso urnas y papeletas a disposición de los electores?

Mejor dicho, "es un error estratégico de primer orden, de manual de principiante, acudir a los colegios electorales cuando ya están ocupados, pues obligas a las fuerzas desplegadas a asaltarlos", explica un veterano inspector que ha participado en operaciones policiales de envergadura, tanto en España como en el extranjero. "Cuando se conocen con tanta antelación los planes a desbaratar, es de cajón que hay que ocupar esas posiciones por adelantado... Es decir, nuestros agentes tenían que haber estado dentro, e impedir el acceso, en vez de llegar a tomar por la fuerza unas instalaciones ya tomadas por multitud de civiles".

Más aún, eran auténticos colegios electorales, con sus mesas de votación, urnas, papeletas, interventores y colas de votantes, algo que se convirtió en una pesadilla para los uniformados que recibieron la orden de atacar esa reunión pacífica de ciudadanos que se empeñaban en ejercer los derechos y libertades fundamentales de toda democracia: reunión, expresión y voto. Como se puede ver en este vídeo anterior, las intervenciones policiales se transformaron en acciones de comandos armados contra la ciudadanía reunida en torno a urnas que fueron incautadas violentamente ante los ojos atónitos de los observadores internacionales y medios de comunicación extranjeros.

Tanto es así que cuando, este viernes, el magistrado del Juzgado de Instrucción nº7 de Barcelona admitió a trámite la denuncia de la Generalitat contra la Policía Nacional y la Guardia Civil, subrayó en su auto que los que acudieron a votar en esa jornada del 1-O no cometieron ni participaron en ningún acto ilegal ni ilícito:

“Lo que no es ilegal ni ilícito es que los ciudadanos, convocados por su administración autonómica, se dirigieran a los puntos de votación que se les indicó, en un establecimiento público abierto al efecto, a reunirse o a realizar cualquier actividad que allí se hubiera programado, incluido depositar un papel sin valor legal alguno en una urna. Voto que, en todo caso, no puede producir ningún efecto jurídico relevante, al estar suspendida la ley que le daba tal sustento”.

No sólo queda, pues, claro que es falsa la tesis del Gobierno de que se estaba actuando contra los que quebrantaban la ley, sino que el juez pone de relieve la inutilidad y la inoperancia de las órdenes impartidas a las fuerzas de seguridad. Y el magistrado va más allá, haciendo un duro alegato en el que rebate severamente la afirmación de la Fiscalía de que esas cargas policiales fueron impecables:

“Dice el Ministerio Fiscal que las medidas adoptadas por la Policía Nacional en absoluto afectaron a la normal convivencia ciudadana. Resulta evidente que esto no es así, al menos, según las diversas grabaciones realizadas por los ciudadanos y los profesionales que allí se encontraban emitidas por los medios de comunicación. Afectación de la normal convivencia ciudadana la hubo, toda vez que existieron disturbios y lesionados en al menos 17 lugares distintos de la ciudad en una misma mañana y, como el mismo informe del CNP dice, hubo momentos en que fue necesario disparar salvas al aire y pelotas de goma", amonesta el juez al Ministerio Público que sigue las órdenes jerárquicas del Ejecutivo.

Pero, además, el juez exige a la Delegación del Gobierno que le haga saber por qué las cargas policiales cesaron de pronto por la tarde –precisamente cuando se disponían los colegios a efectuar ese escrutinio que luego afirmó Rajoy que jamás existió–, justo cuando cientos de periodistas del mundo entero retransmitían imágenes que todavía conmocionan a gobiernos y opinión pública.

En realidad, esa contraorden es prueba fehaciente del despropósito de las órdenes iniciales. Y eso causa desazón entre los miembros de las fuerzas de seguridad. Porque la mayor parte considera que se les ha obligado a manchar la reputación de sus instituciones e incluso a quedar en ridículo:

"¿Cómo es posible" –se preguntaba otro mando policial en conversación privada con Público– "que se burlasen de nosotros hasta el punto de que aparecieron de pronto cientos de urnas y decenas de miles de papeletas en las posiciones [los colegios electorales] muy anteriormente anunciadas, cuando llevábamos muchos días registrando imprentas y almacenes para encontrarlas?"

Ese tremendo fallo de inteligencia e información permitió que las urnas llegasen en furgonetas desde Francia –a donde arribaron de China en barco–y fueran ocultadas incluso junto a los mismos agentes movilizados a bordo de los buques en el puerto de Barcelona y tildados de "Brigada Piolín" por utilizar el crucero de la Warner Bros con grandes dibujos de los Looney Tunes. Muy cerca de ellos, los estibadores de la CNT que se negaban a abastecerles guardaban en sus intrincados almacenes las urnas que Zoido buscaba desesperado por toda Catalunya.

"Todo esto ha manchado gravemente la imagen de las fuerzas de seguridad", denuncia otro mando intermedio de un cuerpo policial, "y nos ha hecho quedar como brutos sin conciencia democrática ni respeto por la ciudadanía, cuando eso es totalmente falso. Los que fracasaron en su cometido fueron los responsables políticos de Interior, así como los altos mandos que impartieron esas órdenes políticas. Sólo trataban de esconderse detrás de policías y guardias civiles, sin asumir su responsabilidad... y así nos fue".

Ahora, cunde la alarma en el seno de esas fuerzas de seguridad, cuyos miembros temen qué órdenes pueden recibir el próximo lunes frente al pleno del Parlament de Catalunya convocado supuestamente para aprobar la famosa Declaración Unilateral de Independencia (DUI).

Porque, como bien dice Delgado, "a los policías y los guardias civiles lo que más les molesta es que los políticos les engañen".