El Gobierno de Mariano Rajoy se ha convertido en el Ejecutivo que ha vetado más iniciativas legislativas en la historia de la democracia española. Un récord que ha conseguido tras frenar 43 proposiciones de ley de grupos parlamentarios y asambleas autonómicas en poco más de un año de legislatura. Según datos del Portal de Transparencia del Congreso ofrecido a Europapress, el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero paralizó 27 iniciativas mientras que el anterior, de José María Aznar, nunca vetó leyes de la oposición. El equipo de Felipe González bloqueó 22 y los gobiernos de UCD, 23.

El PP se ha estrenado en el uso del veto en esta legislatura porque no cuenta con una mayoría holgada en el Congreso que le permita frenar con sus votos el debate de iniciativas con las que esté en desacuerdo. En la anterior legislatura, la de los 315 días, no empleó este sistema ni tampoco lo hizo en la de 2011-2015, cuando tenía mayoría absoluta y batió el récord de legislar por decreto (medidas de carácter urgente y, la mayoría de ellas, contra la crisis) con la aprobación de 73 decretos-ley sobre un total de 143 proyectos de ley. 

En lo que llevamos de legislatura y con 151 proposiciones presentadas, el Congreso sólo ha sacado adelante dos leyes (y una de ellas fue la de Presupuestos de 2017) y tiene siete en tramitación. Mientras tanto, el Gobierno ha aprobado 21 decretos-ley, de manera que el Poder Ejecutivo se convierte en el origen de la mayor parte de la actividad legislativa que, como denuncian los grupos de la oposición, está "sistemáticamente bloqueada".

El primer requisito para que las proposiciones de ley que se registran en el Congreso sean debatidas es contar con el visto bueno del Gobierno, que tiene capacidad para vetar las que, en su opinión, supondrían “un aumento de los créditos o una disminución de los ingresos presupuestarios”, según reza el artículo 134 de la Constitución.

Estos son los argumentos que el Ejecutivo de Mariano Rajoy esgrime para paralizar el recorrido de leyes con objetivos tan dispares como ampliar los permisos de paternidad, suprimir las tasas judiciales, reactivar la ley educativa, universalizar el derecho a la asistencia sanitaria pública, compensar a las víctimas del amianto, aumentar la prestación por hijo a cargo, subir las pensiones, fomentar el autoconsumo eléctrico, cerrar progresivamente las centrales nucleares, reconocer jurídicamente a las víctimas de la dictadura o apoyar a los emprendedores.

Concretamente, el Gobierno del PP ha vetado 11 iniciativas del Grupo Mixto, ocho de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, seis del PSOE, dos de ERC, dos de Ciudadanos, dos de PNV y 12 presentadas por parlamentos autonómicos. En este último grupo, algunas de ellas (por ejemplo, la referente a la transferencia de la titularidad y las competencias de la AP-9 a Galicia) están apoyadas incluso por el Grupo Popular de la comunidad. Esta obstrucción, que supone una traba continuada a la labor del Poder Legislativo, ha sido justificada por Rajoy, que ha asegurado que el Ejecutivo “no veta porque sí” sino porque “la aprobación de estas leyes hubiera supuesto "un incremento de 3 puntos en el déficit público" cifrado en 30.000 millones de euros. 

Como el motivo principal del Ejecutivo para bloquear leyes es que dichas iniciativas “condicionan al Gobierno en la elaboración del Proyecto de Ley de Presupuestos del Estado”, los grupos de la oposición han optado por introducir cláusulas en sus proposiciones de ley para retrasar la aplicación de los efectos económicos. Sin embargo, el Ejecutivo ha reaccionado añadiendo en sus vetos que el control del gasto no sólo afecta al presupuesto en curso, sino a los tres años siguientes para cumplir el plan de estabilidad comprometido con Bruselas. Un argumento, este último, que el Ejecutivo ha utilizado incluso en el veto de una proposición de ley de Unidos Podemos para cerrar las centrales nucleares... en 2024.

Las proposiciones de ley que no son vetadas por el Gobierno pasan al debate de la toma en consideración y, si la mayoría de la cámara vota a favor, se abre un plazo de enmiendas que la Mesa del Congreso (donde PP y C’s son mayoría) puede prorrogar semanalmente. Este es el tercer escollo que tienen que superar las iniciativas legislativas. Actualmente, hay proyectos de ley cuyas tomas en consideración han sido aprobadas en el Pleno pero que llevan casi un año atascadas en la Mesa acumulando ampliaciones sucesivas del plazo de enmiendas.

Precisamente para evitar que el PP tapone de este modo la aprobación de las leyes con las que no está de acuerdo (a pesar de contar con el apoyo de la mayoría de los grupos), el PSOE presentó el pasado junio una proposición de ley que actualmente está pendiente de debate. La propuesta de los socialistas plantea que el reglamento regule sólo dos ampliaciones de enmiendas por una duración máxima de 15 días, y que pueda haber una tercera ampliación siempre que lo soliciten dos grupos parlamentarios que, además, tengan la mayoría absoluta en la Cámara.

Hasta el momento, la Mesa del Congreso sólo ha desoído dos de los 43 vetos del Ejecutivo (referentes a proposiciones de ley del PSOE para reactivar la LOMCE y para equiparar las condiciones laborales de los trabajadores de subcontratas). Su tramitación siguió adelante, pero el Gobierno recurrió al Tribunal Constitucional denunciando un conflicto con el Congreso.

En este contexto, Unidos Podemos presenta este martes una proposición de ley para acotar el poder del Gobierno a la hora de anular iniciativas recurriendo siempre a sus argumentos presupuestarios y evitar que el Ejecutivo siga “imposibilitando que los grupos parlamentario cumplan su función”, afirmó recientemente la portavoz del grupo confederal, Irene Montero.

La iniciativa de Unidos Podemos busca reformar los artículos 111 y 126 del Reglamento del Congreso para obligar al Gobierno a comunicar "de forma expresa y suficientemente motivada" su disconformidad con la tramitación de una proposición de ley y que ésta únicamente se pueda vetar si afecta "exclusivamente al ejercicio presupuestario en curso". Una vez que la Mesa reciba el escrito del Gobierno, podrá "examinar y valorar" tanto los requisitos formales como la motivación aportada por el Ejecutivo para decidir si acepta o se opone a su disconformidad. Además, la Mesa, motu propio o a petición de los grupos, podrá requerir al Ejecutivo información adicional sobre su veto. Según la reforma que propugna Unidos Podemos, la Mesa también podría pedir un informe a la Oficina Presupuestaria de las Cortes sobre el impacto presupuestario de la iniciativa en cuestión.