Rajoy torpedea en sus estertores la nueva política social de Aragón

ZARAGOZA .- El Gobierno de Mariano Rajoy intenta, en sus estertores, torpedear la nueva política social que han comenzado a desarrollar en Aragón el ejecutivo PSOE-Cha y sus socios de referencia, Podemos e IU: amenaza con llevar al Tribunal Constitucional la declaración de inembargables de las ayudas sociales si la comunidad no modifica su postura, incluida en el decreto de medidas urgentes de emergencia social del pasado mes de diciembre y recogida en varias leyes que se encuentran en tramitación.

La inembargabilidad de un bien, en este caso los ingresos por ayudas sociales autonómicas, implica que no puede ser utilizado para saldar deudas pendientes de su dueño ni por la vía ejecutiva ni por la judicial.

Moncloa se ha dirigido al Gobierno autonómico para plantear una reunión de la Comisión Bilateral, un órgano para tratar conflictos entre el Estado y la comunidad creado con la reforma del Estatuto de 2007, en la que pretende poner sobre la mesa esa declaración de inembargabilidad. Y lo ha hecho con una advertencia, explicaron fuentes del ejecutivo aragonés: si no hay acuerdo recurrirán el decreto ante el Tribunal Constitucional, lo que conlleva la suspensión de la norma recurrida durante al menos seis meses.

Fuentes del Gobierno de Aragón mostraron su sorpresa ante la iniciativa del ejecutivo central, ya que se trata de una medida dirigida a proteger los escasos ingresos de las personas que se encuentran en riesgo de exclusión social. También provocó extrañeza que un posicionamiento de ese calado sea adoptado por un equipo ministerial en funciones y a solo unos días del primer debate de investidura para relevar a su presidente.

El Gobierno central había declarado la inembargabilidad de algunas ayudas sociales en la reforma fiscal del pasado verano, aunque lo hizo solo de manera parcial. El ejecutivo aragonés consideró la medida “insuficiente”, ya que estima “más acorde dada la situación de precariedad proceder a declarar su naturaleza inembargable de manera completa. Y ello precisamente para que cumplan la finalidad a la que se destinan que es cubrir las necesidades básicas”, indica el decreto que cuestiona Madrid.

Esa norma advertía que la posibilidad de que las ayudas sociales sean embargadas “desvirtúa por completo su carácter finalista y puede resultar que el esfuerzo presupuestario y financiero público de carácter netamente social termine cubriendo finalidades distintas” de las que lo motivan.

El decreto declaraba explícitamente inembargables las prestaciones autonómicas por riesgo de exclusión y por situaciones de urgencia, y también las destinadas a cubrir necesidades de vivienda, de alimentación y de escolarización, incluidas las ayudas de integración familiar y las becas de comedor. Y paralizaba los procedimientos de embargo de ese tipo de ingresos que se encontraran en trámite.

Sin embargo, el equipo de Rajoy considera que esa declaración no se ajusta a la ley, por lo que ha abierto la vía de la Comisión Bilateral. Este órgano ha dado lugar en los últimos años a acuerdos como un recorte de las obras sociales de las antiguas cajas de ahorro en Aragón y a desacuerdos como el que tramita el Constitucional para determinar cuál de las dos administraciones es competente para regular la protección de los ríos salvajes.

La inembargabilidad de las ayudas públicas ha sido incluida en el texto inicial de otras dos leyes que se encuentran en fase de tramitación en Aragón: en la presentada por Podemos para blindar el “ingreso mínimo vital” en el sistema de protección público de la comunidad y también en el proyecto de renta social básica que este mismo martes ha aprobado el Consejo de Gobierno.

La iniciativa del Gobierno de Rajoy, por otra parte, deja en evidencia al PP aragonés, que sostiene que las ayudas sociales ya son inembargables en toda España, precisamente gracias a las medidas del actual ejecutivo. De hecho, su portavoz parlamentaria de Servicios Sociales, Rosa Plantagenet, calificó hace unos días de “zafia, pretenciosa y falsa” la iniciativa del “ingreso mínimo vital” con ese argumento.

Lo cierto, sin embargo, es que el nuevo ejecutivo y sus apoyos parlamentarios están centrando su trabajo en los primeros meses de la legislatura en desarrollar la intensa agenda social que recogían los acuerdos para la investidura de Javier Lambán como presidente con Cha, IU y Podemos, aunque esta última formación se ha mostrado crítica con el ritmo de aplicación de algunas de las medidas acordadas.

De hecho, se trata de una de las comunidades que mayor producción legislativa y reformas administrativas ha acometido en este campo desde la formación de los nuevos gobiernos autonómicos. La del IAI (Ingreso Aragonés de Inserción) ha permitido que ese salario social haya llegado en unos meses a más de 2.000 beneficiarios cuyas solicitudes estaban atascadas.

Esa agenda social se ha visto acompañada por una reforma tributaria con la que la comunidad espera aumentar sus ingresos en cien millones anuales y por otras medidas como la creación de un impuesto a los bancos por los depósitos que capten en Aragón.