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MADRID.- El presidente del Gobierno está dispuesto a dar una vuelta de tuerca más a las leyes que velan por la seguridad de los ciudadanos si las elecciones generales del 20 de diciembre le llevan de nuevo a La Moncloa, han confirmado distintas fuentes del Ejecutivo. De hecho, el Partido Popular, que tiene previsto presentar su programa electoral para el 20-D la semana que viene, garantiza ya que la seguridad va a ser otro de los puntales de su mensaje de campaña, junto a la recuperación económica y la unidad de España.
El PP prevé realizar un acto la semana que viene para presentar su programa electoral para el 20-D
Mariano Rajoy ha dado indicaciones a sus ministros y dirigentes del PP para que insistan en la idea matriz de su proyecto legislativo para una posible segunda legislatura de gobierno: "No hay libertad sin seguridad". En las últimas horas, de hecho, los ministros de Interior y de Justicia, Jorge Fernández Díaz y Rafael Catalá, respectivamente, repitieron este mantra en sendas comparecencias públicas. La secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, lo hizo asimismo durante una visita a Asturias.
El Gobierno cree que, en comparación con las anunciadas por Hollande, medidas como la 'ley mordaza' "se quedan cortas"
Atrás quedan ya para el Ejecutivo y el PP las críticas por las restricciones de las libertades públicas que supone la llamada ley mordaza (ley de seguridad ciudadana), pues tras lo ocurrido en París el 13 de noviembre y el estado de alarma en el que vive la Unión Europea por la amenaza yihadista, los cambios legislativos del Gobierno, en opinión de las voces consultadas, quedan completamente "legitimadas". Más aún, en comparación con las medidas anunciadas por el presidente de la República Francesa, François Hollande, "se quedan cortas".
Precisamente, es la propuesta del jefe de Estado galo en el Palacio de Versalles la que el PP tiene presente ahora como referencia para futuras reformas legislativas: más competencias a las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado y a jueces y fiscales, sobre todo, en el terreno de la vigilancia y el seguimiento de sospechosos, principalmente, en las comunicaciones telefónicas y el ciberespacio, donde el islamismo radical tiene su núcleo de adoctrinamiento y captación.
El Gobierno busca, asimismo, intensificar y reforzar el Plan Estratégico Nacional de Lucha contra la Radicalización Violenta, aprobado en enero de 2015, tras los atentados contra la revista satírica francesa Charlie Hebdo y objetivos judíos en París. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría se refirió a este plan de seguridad preventivo en un foro-coloquio del diario La Razón el pasado el lunes, aunque lo hizo muy de pasada, pues la actividad del grupo de trabajo del plan ha sido escasa. Ahora, sin embargo, sostienen fuentes del Ejecutivo, se demuestra necesaria para garantizar la integración de los musulmanes y evitar la radicalización en contextos de integración fallida de determinadas zonas, como ha ocurrido en Bruselas o en el mismo París.
Una opinión pública 'sensibilizada'
El grupo de trabajo de Lucha Contra la Radicalización Violenta está integrado por responsables de doce ministerios, el CNI, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), la Fundación Pluralismo y Convivencia (creada en 2004 a propuesta del departamento de Justicia) y todas aquellas "entidades públicas o privadas que se considere necesario en cada momento", explica el Ejecutivo.
En la situación actual, los conservadores alejan ya la posibilidad de una contestación ciudadana similar a la recibida por la ley mordaza, por ejemplo, si emprenden otra batería de reformas en pro de la seguridad. Entre otros argumentos, esgrimen una mayor "sensibilización" de la opinión pública con el terrorismo y el pacto antiyihadista firmado con el PSOE y que cuenta ya con el apoyo de otra fuerza política que se prevé decisiva en la legislatura que viene: Ciudadanos.
El texto del acuerdo firmado por Rajoy y el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en La Moncloa hace casi diez meses ya supuso la inclusión de figuras hasta ahora inexistente en el Código Penal, como la de los escurridizos lobos solitarios para cometer atentados. El aumento de los nuevos riesgos terroristas; su dimensión aún desconocida, creen en el PP; justifica leyes diferentes. "Sin seguridad no hay libertad", recuerdan de nuevo.
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