Rajoy participó directamente en la operación que forzó a los propietarios de la BPA a delatar a Pujol

La guerra contra el nacionalismo catalán que el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, y su ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, han desplegado durante estos cinco años se ha servido de diferentes emisarios. Según ha sabido Público, políticos de primera línea como el jefe de Gabinete de Rajoy, Jorge Moragas, o el secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, estuvieron durante el verano de 2014 llevando las negociaciones políticas con los dueños de la Banca Privada d’Andorra (BPA), los hermanos Ramon e Higini Cierco, y también con el Gobierno del país vecino. El objetivo: obtener el extracto de la cuenta de Jordi Pujol en dicha entidad.

Las negociaciones entre los banqueros y los políticos se sellaron el 7 y 8 de enero de 2015, cuando Mariano Rajoy se convirtió en el primer jefe de Gobierno español en visitar oficialmente el Principado de Andorra. Sólo 20 días después, el patriarca del clan Pujol pisaría la Audiencia Nacional para declarar ante el juez Ruz.

Los Cierco han acusado a la brigada política montada en Interior de amenazarlos con hundir su banco si no accedían a delatar a Pujol y cualesquiera otros políticos catalanes que tuvieran cuentas en su entidad, razón por la cual –han afirmado ante la juez– finalmente accedieron a entregar el extracto del expresident.

Sin embargo, Rajoy y sus colaboradores no pudieron detener la actuación del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos que desde 2011 estaba detrás del dinero de clientes chinos, rusos y venezolanos de la entidad bancaria andorrana, y que en marzo de 2015 acabó con la intervención de la BPA y de su filial española, el Banco Madrid.

El primero en reunirse con los Cierco, según ha sabido Público, fue la mano derecha del presidente, Jorge Moragas, quien desde antes de entrar al Gobierno en 2011 ya estuvo involucrado en la obtención de informaciones sobre los Pujol. El año anterior, Moragas le pidió a su amiga del colegio y exnovia del primogénito del expresident, Victoria Álvarez, que se sentara con la entonces secretaria general del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, y le contase todo lo que había vivido junto a Jordi Pujol Ferrusola.

En la famosa comida del restaurante La Camarga, que fue grabada por la agencia de detectives Método 3 el 7 de julio de 2010, Álvarez le contó a la representante de los populares –que hoy ocupa un puesto en la mesa del Congreso de los Diputados– que ella había acompañado a Jordi Pujol Ferrusola a Andorra y que llegaron a identificarlos en la frontera. Pero no fue hasta dos años después, en diciembre de 2012, cuando el comisario José Manuel Villarejo Pérez se puso en contacto con ella, haciéndose pasar por el periodista Javier Hidalgo, y viajó con Victoria a Andorra, entre otros sitios, para saber dónde tenían el dinero los Pujol.

En junio de 2014 –y a través de las gestiones que junto con Villarejo había hecho el agregado de Interior en Andorra, Bonifacio Díaz–, la brigada política dirigida por Eugenio Pino (director adjunto operativo o DAO de la Policía) localiza la cuenta del expresident en la Banca Privada d’Andorra, tras haber pasado ese dinero por otros bancos. Los viajes de Moragas a Andorra y a Catalunya son constantes en esa etapa y se reúne con diferentes empresarios y mediadores hasta que consigue un compromiso de los Cierco: ayudarán a la investigación, a pesar de las leyes andorranas, pero necesitan que se suspenda una inspección del Sepblanc (Servicio de Prevención y Blanqueo de Capitales), que depende del Ministerio de Economía que dirige Luis de Guindos.

Como desveló Público, ese mes de 2014 también hubo contactos entre el consejero delegado de la banca andorrana, Joan Pau Miquel, y otros policías. A través del nuevo agregado de Interior en Andorra, Celestino Barroso, le informaron de que debía reunirse en el Hotel Villamagna de Madrid con un policía de alias Félix, quien resultó ser el comisario Marcelino Martín-Blas, exjefe de la Unidad de Asuntos Internos. Después, con la excusa de una boda se puso directamente en contacto a Higini Cierco con el número dos de la Policía, el comisario Eugenio Pino, y con Martín-Blas. A los cinco días, el número de cuenta y los movimientos bancarios estaban en poder de la brigada política creada por Fernández Díaz en torno a la cúpula policial.

A principio de julio de ese año, otro emisario del Gobierno Rajoy, el secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz (secretario general de la Fundación FAES y, por tanto, hombre de la máxima confianza de la cúpula del PP), acudió a Andorra para reunirse con un miembro del gobierno andorrano, Antonio Martí, y lograr un compromiso de colaboración en la entrega de los datos bancarios de las cuentas de los Pujol en la BPA. Además, según ha sabido Público, también se encarga de llevarle un mensaje a los dueños del banco de que la inspección de Sepblanc intentará retrasarse lo más posible.

Junto a García-Legaz viaja otro agente de la Unidad de Inteligencia (no oficializada) de la Policía Nacional, el de mayor rango. Según apuntan diferentes fuentes a Público se trataba del comisario José Manuel Villarejo Pérez, aunque no fue identificado en la nota informativa que elaboró tras reunirse con los hermanos Ramón e Higini en Escaldes-Engordany, donde tiene su sede central en Andorra la BPA.

A su regreso, Villarejo confeccionó una nota informativa que entregó a su jefe, el DAO Eugenio Pino, en la que adjunta un supuesto pantallazo de la cuenta de los Pujol donde aparecerían los ingresos realizados por Marta, Mireia, Pere, Oleguer Pujol y su madre, Marta Ferrusola, en la BPA, entre el 9 de diciembre de 2010 y el 4 de enero de 2011. En su nota aseguraba: “Parte de estas informaciones, aunque de manera forzada y obligada por las circunstancias, las habrían facilitado los propios responsables del BPA, que ante el temor de poder perder la licencia para ejercer en ESPAÑA” como banca privada “han optado por aceptar prestar colaboración con las autoridades judiciales y/o fiscales españolas”.

El policía especulaba además con que los Pujol podrían tener en Andorra entre 1.500 y 1.800 millones de euros, aunque lo que un mes antes había entregado el consejero Joan Pau Miquel sólo ascendía a 3,5 millones. La nota informativa fue desvelada en septiembre de 2014, dejando al descubierto la colaboración de los Cierco con la Policía y sirviéndole en bandeja a los Pujol para que pudieran utilizar el presunto delito de revelación de secreto con el fin de anular el procedimiento contra ellos, como pretenden hacer ahora.

Sin embargo, los hermanos Cierco –en su denuncia del pasado 18 de agosto ante la juez andorrana– parecen no recordar ese encuentro y ni siquiera lo mencionan; ni tampoco los que mantuvieron con los políticos enviados directamente por Mariano Rajoy. Ahora, los dueños de la BPA sólo se centran en el que ellos mismos organizaron entre su consejero delegado, Joan Pau Miquel, y el comisario Martín-Blas.

No era la primera vez que una información delicada de ese tipo había sido filtrada por el único agente que reconoce ser parte de dicha Unidad de Inteligencia. En 2013, Javier de la Rosa –a quien Villarejo había captado para la causa usando su identidad ficticia del abogado Manuel Villar– acudió a declarar ante la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía sobre las presuntas actividades ilícitas que él había presenciado o cometido junto con los Pujol. Y le pidió a su falso abogado –es decir, al comisario Villarejo– que no se filtrara porque si eso sucedía no se iba a ratificar ante el juez Ruz en la Audiencia Nacional.

Y así fue. El conocido como "falso informe de la UDEF" sobre el caso Pujol elaborado con el testimonio de Javier de la Rosa y de Victoria Álvarez fue filtrado al diario El Mundo, en concreto a Eduardo Inda y Esteban Urrieztieta, y la declaración judicial del financiero se fue al garete.