Cinco años del 15-M: ninguna de sus grandes demandas han sido resueltas

MADRID.- El 20 de mayo de 2011, a dos días vista de las elecciones municipales y autonómicas, en la Puerta del Sol se aprobó un documento con dieciséis propuestas de los manifestantes. Los allí presentes no querían solamente impugnar las políticas que les habían hecho salir a la calle sino que querían participar de forma activa, proponer y construir un camino alternativo. Querían ser partícipes de su propio futuro y "no mercancías en manos de políticos y banqueros". 

El documento desgranaba dieciséis propuestas concretas. Alejadas de la utopía. De hecho, el 76% de los ciudadanos consideraba que sus reivindicaciones son más que razonables y reconocían el derecho democrático a luchar por ellas, en tanto que un 7% se mostraba en contra de estas protestas, según el estudio de Ipsos Public Affairs sobre Cantidad y calidad de apoyos al Movimiento 15M. Además, el 68% de la población respaldaba el movimiento, un porcentaje que ascendía al 75% en el caso de los jóvenes, según Metroscopia.  

Han pasado cinco años desde aquella explosión, desde el crack que está removiendo los cimientos del bipartidismo y del régimen del 78, y ninguna de sus demandas han sido resueltas por los gobernantes. [Ver más abajo] Ni por los últimos meses del Gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero ni tampoco por los cuatro años de mayoría absoluta del Partido Popular. "Mi angustia no era por la protesta, sino por las causas sociales de la misma y las serias dificultades que tenía como gobernante para dar respuestas a las mismas", reconocía Zapatero en declaraciones a El Mundo.  

"Mi angustia no era por la protesta, sino por las causas sociales de la misma y las serias dificultades que tenía como gobernante para dar respuestas a las mismas", reconocía Zapatero

Hay demandas, como en el tema de la vivienda, en el que el Gobierno de Rajoy sí ha legislado, pero obviando las demandas ciudadanas como la ILP de la PAH. En otros casos, el movimiento ha conseguido situar el debate en el centro de la agenda política y mediática, pero no se ha atacado a las raíces que demandaba el movimiento. Es el caso de la lucha por la regeneración, contra la corrupción o por la transparencia. Y en otros, como en la denuncia de la precariedad laboral, la situación no ha hecho más que empeorar con una reforma laboral aún más dura que la anterior.  

El impacto del 15M, en cambio, sí se ha hecho notar en las políticas municipales, sobre todo de las grandes ciudades, tras las elecciones municipales y autonómicas de 2015 que supusieron la llegada de los 'ayuntamientos del cambio'. Las candidaturas ciudadanas surgidas del entorno del 15M y construidas alrededor de Podemos y de otros sujetos que preconizan el cambio, han situado a la agenda política del movimiento en la lista de prioridades de las corporaciones municipales. Sin embargo, para cumplir con las reclamaciones del movimiento se necesita de las las competencias del Estado.

En estas condiciones, cuando el debate se sitúa entre los conceptos de renovación del sistema o ruptura democrática, de crisis de régimen o de protesta cíclica, de deslegitimación de las élites políticas y económicas o de crisis de las instituciones, y en un contexto en que los jóvenes marcan un fuerte distanciamiento de los dos principales partidos, el futuro a corto y medio plazo y la legitimidad del sistema que nació de la Transición pasa hacer efectivas unas reclamaciones que han gozado del apoyo de una mayoría social. 

A continuación, se expone un resumen del documento que aprobó la Asamblea de Sol el 20 de mayo de 2011, un breve resumen de la acción del Gobierno del Partido Popular y las medidas que PP, PSOE, Podemos, Ciudadanos e IU llevan en sus programas electorales. 

El cambio de la ley electoral fue una de las reivindicaciones clave del 15M. La petición de listas abiertas y circunscripción única, donde todos los votos valieran lo mismo y donde los ciudadanos pudieran elegir al representante que más se ajustara a sus deseos. Cinco años después, la ley electoral sigue siendo la misma. El debate, eso sí, se ha introducido en la agenda de medios y desde los principales partidos se han hecho propuestas. 

El PSOE, por ejemplo, propone una reforma de la Ley Electoral que permita listas desbloqueadas, pero no abiertas. Un sistema que se conoce como "listas desbloqueadas y modelo preferencial". Los partidos tendrían la potestad de elaborar su candidatura, pero se dejaría a los electores la posibilidad de cambiar el orden de los candidatos. El PP ha propuesta una reforma que, en gran medida, va en contra de la petición del movimiento. Si el 15M pedía aumentar la proporcionalidad, los conservadores han propuesto caminar hacia un modelo más mayoritario que favorezca la gobernabilidad frente a la proporcionalidad.

Cinco años después, la ley electoral sigue siendo la misma. El debate, eso sí, se ha introducido en la agenda de medios y desde los principales partidos se han hecho propuestas

Por su parte, Podemos establece en su programa la eliminación del voto rogado, la actualización automática y periódica del Censo Electoral de los Residentes Ausentes (CERA) y crear una circunscripción exterior. Por otro lado, Ciudadanos propone "una reforma electoral inspirada en el modelo alemán" en el que "la elección de los diputados se hará simultáneamente entre escaños unipersonales y listas proporcionales desbloqueadas".  Izquierda Unida, por su parte, propone la reforma del sistema electoral para mejorar la desproporción y la desigualdad y garantizar la proporcionalidad en el reparto de escaños y la igualdad del valor.

La segunda propuesta del documento que aprobó la Acampada Sol se titulaba Atención a los derechos básicos y reivindicaba el "derecho a una vivienda digna y que la entrega de la vivienda en caso de impago cancele la deuda". La burbuja inmobiliaria acababa de hacer crack y sólo hasta 2011 se habían producido 328.687 desahucios. La respuesta del Ejecutivo de Mariano Rajoy a las exigencias del movimiento y de la PAH fue crear un Código de Buenas Prácticas que en ningún caso sería de obligatorio cumplimiento para la banca y que recoge tímidamente el derecho a la dación en pago en caso de que así lo decidiera el banco. 

La PAH presentó una Iniciativa Legislativa Popular para que el Congreso regulara la dación en pago con efectos retroactivos, parar los desahucios y establecer alquileres sociales. El PP decidió fusionar el texto, que había conseguido el apoyo de 1,4 millones de españoles, con otra propuesta y debatir las dos de manera conjunta. Era la primera vez en la historia de la democracia que se iban a debatir dos textos en uno. La consecuencia fue que la PAH decidió retirar su ILP al considerar que el texto que finalmente se aprobó no tenía nada que ver con el que secundaron 1,4 millones de personas. 

En los programas de los partidos políticos a las elecciones, la "dación en pago" no aparece en el texto del PP, mientras que el PSOE establece que la ley de segunda oportunidad debe permitir al juez "paralizar la ejecución hipotecaria en caso de insolvencia justificada no dolosa y, en caso de que sea imposible, acordar la aplicación de la dación en pago". Ciudadanos pide incluir el derecho a la vivienda en la Constitución con garantía de dotación presupuestaria y tanto Podemos e Izquierda Unida reconocen en sus programas el derecho a la dación en pago. 

En el capítulo de Atención a los derechos básicos también se recogía el refuerzo de la sanidad y la educación públicas.

Por puntos: la Sanidad pública no sólo no se vio reforzada sino que según un informe del Ministerio de Hacienda reflejaba que en 2013 el gasto sanitario de las administraciones públicas se había reducido en 9.933 millones respecto a 2008. Por otro lado, el Partido Popular aprobó el 16/2012 que introdujo el copago farmacéutico para los pensionistas y puso fin de la universalidad de la asistencia al vincular el derecho a la asistencia sanitaria con el aseguramiento y por ello excluir de la sanidad pública a inmigrantes sin papeles.

El Gobierno también metió la tijera en Educación provocando el aumento del ratio de alumnos por clase, el cierre de bibliotecas, eliminación de becas y ayudas, repago en Formación Profesional, reducción de becas erasmus, subida de tasas universitarias y subida del precio de las guarderías. La defensa de la Sanidad y la Educación públicas y de calidad aparece en los programas electores tanto del Partido Popular, como del PSOE, Podemos, Ciudadanos e Izquierda Unida. 

En aquel documento del 15M establecía como una de sus principales peticiones la "reforma fiscal favorable para las rentas más bajas, una reforma de los impuestos de patrimonio y sucesiones y la implantación de la Tasa Tobin, la cual grava las transferencias financieras internacionales y supresión de los paraísos fiscales". La acción del Gobierno del Partido Popular fue completamente opuesta a las demandas del movimiento. Se aprobó una reforma del IRPF que grababa las rentas del trabajo y beneficiaba a las grandes fortunas y rentas de capital. Por otro lado, también se subió el IVA que merma el poder adquisitivo de todos, pero especialmente de los que menos tienen. 

El PSOE contempla una "reforma fiscal y el control de la eficiencia en el gasto público" para sacar a España del "déficit excesivo" y la recuperación de impuestos

En el programa electoral el PP presume de que "la reforma fiscal ha beneficiado de un modo especial a las familias en las que viven personas con discapacidad" y de "la reforma fiscal que realizó en 2015 que permitía repartir los dividendos de la "recuperación". El PSOE contempla una "reforma fiscal y el control de la eficiencia en el gasto público" para sacar a España del "déficit excesivo" y la recuperación de impuestos como el de sociedades, mientras que Podemos e Izquierda Unida recogen la necesidad de reformar el IRPF, el IVA, fiscalidad verde o cuotas justas para autónomos. Por último, Ciudadanos propone una reforma del IRPF que baje a todos los contribuyentes al menos un 3%. 

Los privilegios de la clase política es uno de los temas que el movimiento consiguió situar en el centro del debate político. La medida estrella en este sentido del Ejecutivo del Partido Popular fue la reducción de un 5,6% del sueldo vitalicio de los expresidentes. Otra de las grandes demandas fue terminar con los aforados de tal manera que todos los ciudadanos fueran iguales ante la ley. Cinco años después, el Partido Popular sigue utilizando la figura legal del aforamiento para retrasar lo inevitable: que Rita Barberá rinda cuentas ante la Justicia por la presunta financiación ilegal del PP valenciano. 

Por su parte, el PSOE sí ha dado pasos hacia la renuncia de los privilegios que ofrece, por ejemplo, el Congreso, aunque de forma limitada. Los cargos socialistas con derecho a coche oficial anunciaron al inicio de la pasada legislatura que no lo utilizarán en exclusiva, tal y como hizo en 2014 el portavoz de grupo, Antonio Hernando. 

Por su parte, Podemos y Ciudadanos sí renunciaron a algunos de los privilegios instaurados cuando PP y PSOE dominaban el Congreso. Así, Podemos aprobó que sus parlamentarios tendrían una limitación salarial de tres salarios mínimo, y de las dietas para gastos. También anunciaron que no van a percibir la indemnización completa que reciben los diputados de fuera de Madrid reduciéndola de los 1800 euros a 850. Ciudadanos, por su parte, anunció que utilizaría los coches oficiales que pone a su disposición el Congreso y renunció a la conexión ADSL gratis para los diputados. 

En este punto, las peticiones del movimiento 15M y las acciones del Gobierno del PP no podían estar más alejadas. Las reformas laborales de los Ejecutivos del PSOE y del PP han ahondado aún más en la "flexibilización" de las condiciones y el abaratamiento del despido, unas condiciones que han precarizado aún más las condiciones de los trabajadores.  

Podemos propuso derogar el pasado 27 de abril las reformas laborales aprobadas por el PSOE en 2010 y por el PP en 2012. Izquierda Unida votó a favor, mientras que PSOE, Ciudadanos y PNV se abstuvieron. El PP y Democracia y Libertad (antigua CiU) votaron en contra. 

La propuesta de unas listas limpias de imputados y condenados por corrupción es la que más aceptación ha tenido en todos los partidos políticos. El movimiento pedía, sin embargo, que este extremo estuviera reflejado en la Ley Electoral. Un deseo que no se ha cumplido. No obstante, los partidos han evitado presentar en sus listas a políticos que estén siendo investigados por la Justicia por temas relacionados con la corrupción. Para la historia quedarán listas como las que se presentaron en las elecciones municipales y autonómicas del 22 de mayo de 2011 en las que hubo hasta un centenar de políticos implicados en casos de corrupción. Sólo se libraron UPyD y el PNV.

Por otro lado, el 15M reclamó una Ley de Transparencia que garantizara el acceso a la información pública. El Gobierno del PP aprobó una Ley de Transparencia con el único apoyo de los partidos nacionalistas PNV y CiU. El PSOE, la Izquierda Plural, UPyD y la mayoría del grupo mixto votaron en contra porque consideran que la Ley quedaba lejos de ser un instrumento útil para "combatir eficazmente la corrupción". 

Por último, la financiación de los partidos sigue siendo un problema para la democracia española tal y como demuestran los principales casos de corrupción que están siendo investigados por la Justicia y que afectan, especialmente, al Partido Popular. 

El movimiento pedía que se hiciera efectivo el artículo de la Constitución que se refiere a la aconfesionalidad del Estado de manera que la Iglesia Católica dejara de recibir fondos públicos y tuviera que pagar el IBI como el resto de vecinos. El Gobierno del Partido Popular, por contra, no ha puesto en marcha ningún proyecto para acabar con los privilegios de la Iglesia católica en materia hipotecaria y financiación o recortar los gastos que supone para el erario público.  

En este sentido, Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, aseguró que su partido no considera que haya un problema con el modelo vigente que lleve a los ciudadanos a quejarse de que haya "un abuso por parte de la Iglesia". Por su parte, el PSOE propone suprimir la referencia a la Iglesia Católica en la Constitución y señala que el sistema de asignación tributaria actual no es aceptable debiendo de ser suprimido en aplicación del principio de laicidad, mientras que la palabra "iglesia" no aparece en el programa electoral del PP.

Tanto Podemos como Izquierda Unida piden en su programa la supresión de los privilegios fiscales, como el impago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) o la financiación estatal para la Iglesia católica y otras confesiones religiosas y la anulación del concordato. Así, IU también pide que la iglesia católica deberá presentar una Memoria al Congreso de los Diputados sobre toda su actividad económica desde 1979. 

Durante el Gobierno del Partido Popular, el Consejo de Seguridad Nuclear aprobó que la central nuclear de Garoña continuara funcionando hasta 2018 cuando el Gobierno de Zapatero había fijado el 6 de julio de 2013 como fecha para su cierre. Respecto a las renovables, la acción del Ejecutivo no ha sido bien recibida ni por empresas del sector ni por ecologistas. 

En los programas electorales, IU "mantiene su oposición a las centrales nucleares"; Podemos señala que procederán "al cierre paulatino de las centrales nucleares

en funcionamiento en España", el PSOE dice que establecerá un calendario para el cierre de centrales nucleares con más de 40 años de vida, comenzando con el cierre definitivo de Garoña. Por otro lado, Ciudadanos se limita a decir que "impulsará un Plan Estratégico de Transición Energética", mientras que el Partido Popular avanza que "mantendrá las centrales nucleares" y culminará "la construcción del almacén" de los residuos nucleares. 

La recuperación de las empresas públicas privatizadas no ha conseguido ni entrar en el debate. El Gobierno, de hecho, apostó por la política de externalizar servicios en leyes que afectaron a las televisiones autonómicas y a la Sanidad, entre otros asuntos. Además, el Ejecutivo abrió la puerta a privatizar la red de Adif en la nueva ley ferroviaria. 

Por otro lado, la privatización de empresas que antes eran públicas no entra en los planes ni de PSOE, ni de Ciudadanos. Podemos apostó en un primer momento por este punto aunque después fue suavizando sus declaraciones al respecto. Izquierda Unida sí que mantiene la nacionalización dentro de su programa.