Pulso entre Economía y Justicia por el control del decreto que salva a la banca en las cláusulas suelo

MADRID.- En el Gobierno se asiste a un pulso entre los ministerios de Economía y de Justicia a cuenta de la salida que se adoptará después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) haya establecido que las cláusulas suelo, cuando sean declaradas nulas, deben ser devueltas desde que se firmó la hipoteca y no desde 2013 como pretendía el Supremo.

El pulso entre Luis de Guindos y Rafael Catalá, titulares respectivos de ambos ministerios, se centra en quién lleva la iniciativa del decreto ley que del Gobierno planea aprobar en el Consejo de Ministros del viernes, según fuentes jurídicas.

Este decreto, que salva a la banca del callejón sin salida en el que está inmersa por las cláusulas suelo, entraría en vigor el mismo sábado y luego sería homologado en el Parlamento, para lo cual el PP busca el apoyo de PSOE, Ciudadanos y Coalición Canaria.

De Guindos cogió la batuta de la elaboración de este decreto, cuyo último borrador protege a la banca frente a los consumidores ante los 4.200 millones de euros que el Banco de España calcula que ascienden las cláusulas suelo firmadas y de las que antes debe declararse su nulidad.

Catalá se ha revuelto frente a su colega del Gobierno y pretende arrebatarle la batuta de este decreto ley. Justicia es el ministerio que, en teoría, debiera de velar por la aplicación de la doctrina del TJUE en los tribunales españoles, so pena de incurrir en responsabilidad civil del Estado por no respetar el Derecho Europeo, como en el Yak-42.

Entre ambos ministerios hay cuitas pendientes, no en vano Economía patinó en la Ley Hipotecaria que iba a adaptarse a la jurisprudencia del TJUE en materia de desahucios y que este tribunal anuló en parte después.

La responsable de los consumidores es la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, pero está desaparecida en este pulso y no ha dicho nada, por ahora.

El borrador establece un Protocolo de negociación entre la entidad y el consumidor que exime del pago de costas en el caso de que el cliente opte por acudir a los tribunales. Al menos así figura en la última versión de Economía. En la práctica, supone el ahorro de costas para las entidades ya que los particulares no suelen ser condenados a pagarlas.

El pago de costas es una clave en esta crisis, porque supone un aumento del 33% del dinero a devolver la entidad que pierde el pleito por cláusula suelo abusiva.

El decreto tampoco incluye el pago de intereses al consumidor. Por si fuera poco, al someterse al Protocolo, el cliente afectado por la cláusula suelo tampoco podría beneficiarse de una condena al banco por retardo malicioso.

La primera versión del decreto era aún más beneficiosa para la banca, porque sólo incluía un código de buenas prácticas. Ahora prevé que los bancos se sometan al Protocolo negociador a no ser que se descuelguen en el plazo de un mes de la entrada en vigor del decreto ley.

Catalá teme el colapso judicial: calcula que habrá 2,5 millones de demandas más en la jurisdicción Civil sólo por esta causa. 

Ni Gobierno ni CGPJ han anunciado medidas de refuerzo ante la avalancha de demandas que se presentan

El Consejo General del Poder Judicial no ha anunciado solución alguna a esta avalancha previsible. Una salida podría ser la creación de juzgados especializados para resolver estos casos, experiencia que dio buenos resultados con las preferentes. Pero habría que reforzar estos juzgados, para que las otras demandas que entren queden encauzadas. Justicia baraja alternativas, pero está a la expectativa de cómo se materialice el decreto-ley.

Mientras, hay bancos como Popular o el Sabadell que presionan a Economía porque no quieren que se generalice la devolución de las cláusulas suelo y defienden la legalidad de las que firmaron. Los bancos  no quieren consolidar la devolución de las cláusulas suelo en sus cuentas de pérdidas del 2017, sino dilatarlo en el tiempo.

Existen cinco tipos de personas afectadas por las cláusulas suelo, en función de si el consumidor ha presentado o no su demanda ante los tribunales.

Están los que nunca han reclamado, que son los principales destinatarios de este decreto-ley en ciernes y que acudirían a los tribunales de no verse satisfechas sus reclamaciones.

Por otro lado, están los que ya han reclamado. Se calcula que existen entre 4.000 y 5.000 demandas paralizadas en los juzgados, porque los jueces estaban a la espera de la sentencia del TJUE. Tras la resolución, los jueces han comenzado a sentenciar conforme a lo fijado por el tribunal europeo.

Un tercer tipo será la avalancha de demandas que ha comenzado a presentarse. Catalá calcula 2,5 millones de casos que acudirían a los juzgados de no encontrarse una solución ágil y justa.

Un cuarto tipo son los clientes a los que su banco les ofreció suprimir la cláusula suelo y, a cambio, renunciaban a emprender acciones judiciales. Aquí el debate jurídico se sitúa en quienes consideran que no tienen solución y los que creen que se está ante otra cláusula abusiva.

El quinto tipo de afectados lo conforman los clientes del BBVA y de las cajas gallegas, respecto a quienes se dictó sentencia conforme estableció el Tribunal Supremo. Aquella doctrina estableció que no cabía la retroactividad en la devolución del dinero más atrás de la primera sentencia del Supremo, de marzo de 2013. Esa doctrina es la que ha tumbado el TJUE, que considera que hay que devolver el dinero en su integridad.

Para estos consumidores su situación es la de "cosa juzgada", esto es, no se puede revisar la sentencia. Pero pueden reclamar la responsabilidad civil del Estado por mala administración de Justicia.

Tomen nota, porque los consumidores están también amparados si un Estado no hace cumplir el Derecho Europeo ante cláusulas abusivas, como resolvió el TJUE en la demanda presentada frente a Eslovaquia por la consumidora Milena Tomášová.