El 9 de febrero el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) anunció que recabaría de las distintas Audiencias y Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades autónomas los datos sobre las rebajas de condenas a violadores tras la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí. Hasta ese momento ninguna instancia institucional había recopilado dichos datos de manera oficial y, por tanto, no se podía saber a ciencia cierta cuántas reducciones de pena se han producido desde que el pasado 7 de octubre entrara en vigor la ley de Libertad Sexual. 

En estas tres semanas que han pasado desde el anuncio del  CGPJ, se han sucedido algunas cosas que han agrandado el cisma ya existente entre el bloque conservador y mayoritario y el bloque progresista. Por ejemplo, dos vocales conservadoras, Ángeles Carmona, presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ, y Carmen Llombart, se reunieron con eurodiputadas de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género del Parlamento Europeo "sin avisar previamente" al resto del Consejo para dar su visión catastrofista de los efectos de la ley del 'solo sí es sí'. 

Fuentes del CGPJ indican a este medio que en el pleno del 23 de febrero se obvió el asunto, aunque en un principio algunos vocales progresistas tenían pensando proponer la destitución de ambas consejeras conservadoras por haber utilizado el CGPJ para hacer oposición política, según las mismas fuentes.  

Según otras fuentes conocedoras de lo que las vocales Carmona y Lombart trasladaron a las eurodiputadas, a estas se les explicó "el efecto irremediable de la retroactividad favorable y que la nueva reforma de la ley solo producirá efecto a futuro". También se les contó los reparos que en su día se plasmaron en el informe del CGPJ en relación con la ley trans y que "la sobreprotección del colectivo trans se había planteado en términos tales que pueden perjudicar los derechos de las mujeres". 

Estas dos vocales transmitieron a las europarlamentarias que "hay pendientes al menos unas 4.000 sentencias revisables por la ley del solo sí es sí, lo que llevará su tiempo porque se están examinando las sentencias de presos con riesgo de excarcelación inminente", según las citadas fuentes. Esas 4.000 sentencias corresponden al número de condenas por delitos sexuales en nuestro país, aunque no todas son susceptibles de rebajas y de las cuales una parte ya han sido revisadas por los diversos tribunales y audiencias provinciales.

Este pasado lunes, cuando solo se disponían de algunos datos oficiales, pues faltaban los aportados por varios TSJ, se lanzó por parte de algunas fuentes del CGPJ la cifra de 646 rebajas de penas, cifra que recogieron algunos medios atribuyéndolas en un principio al CGPJ. Pero desde el órgano del gobierno de los jueces lo desmintieron. "Aún no tenemos todos los datos", aseguraron oficialmente desde el gabinete de prensa.

En este sentido, fuentes del CGPJ insistían a Público: "No hay datos oficiales debidamente tratados y analizados", y añadían: "Hasta ahora el CGPJ no reconoce ninguna información en su nombre". 

Otras fuentes confrontadas con las anteriores reconocían que "los únicos datos de los que dispondremos son los de las sentencias ya revisadas y, dentro de ellas, las que han experimentado reducción de las penas" tras la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí. Es decir, una radiografía incompleta. 

Este jueves, según ha podido saber Público, la comisión permanente del CGPJ aprobará una resolución sobre "la recogida y análisis de los datos" y hará público un comunicado oficial sobre la polémica.

Cifras sin confirmar y dudas sobre recolección de datos

A pesar de la falta de datos oficiales, algunas voces del CGPJ se aventuraron en los últimos días a avanzar cifras de rebajas de condenas, mostrando una dura batalla dentro de la institución de los jueces entre el sector progresista y el más conservador. En base a dichas fuentes, algunos medios de comunicación han ido publicando a lo largo de los últimos días números de rebajas de condenas que van desde los algo más de 600 casos a más de 700 y a un número de excarcelaciones que irían entre las 65 y más de 70. 

Pero las filtraciones no se circunscriben solo al número de rebajas, sino al tipo de información que el Observatorio contra la Violencia de Género del CGPJ puede estar recabando. Este periódico ha tenido noticias de que el órgano de Gobierno de los Jueces podría estar recolectando no sólo las rebajas de condena tras la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí, sino datos también de las sentencias dictadas ya con la nueva ley en vigor en las que se dice que la pena hubiera sido mayor con el Código Penal anterior. Un extremo que ha sido filtrado desde miembros del propio CGPJ pero que fuentes oficiales desmienten. 

De hecho, una instrucción salida del propio CGPJ el pasado 9 de febrero a los Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias Provinciales, no se limitaba a solicitar el número de rebajas de condenas a violadores tras la entrada en vigor de la nueva norma, sino que solicitaba que se remitieran "todas las resoluciones dictadas en relación con la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual". La petición, explica el escrito, "tiene como fin hacer un análisis detallado de las incidencias surgidas en la aplicación de la ley y poder ofrecer datos contrastados de manera transparente". 

Algunas fuentes consultadas por este medio han afirmado que existe el temor de que sectores conservadores del propio Poder Judicial estén intentando "inflar" las cifras para adaptarlas a lo que fuentes de este organismo contaron al grupo de eurodiputadas hace unas semanas. ​

Diversos medios citando fuentes del CGPJ afirman que el propio Tribunal Supremo ha "revisado" ​a la baja diez sentencias. Sin embargo, hasta la fecha el Supremo no ha revisado a la baja ninguna condena por violación. Lo que ha hecho es decidir en casación las penas de algunos agresores sexuales que no habían sido condenados en firme. En algunas de dichas sentencias, el Supremo a añadido una anotación haciendo constar que con la nueva ley la pena impuesta es ligeramente inferior a la que hubiera correspondido con el anterior Código Penal y en otras las ha mantenido, por entrar la petición de pena en la nueva norma.

Lo sorprendente es que cinco meses después de aprobada la ley del solo sí es sí, no solo ninguna institución o ministerio tenga una recolección de los datos de rebajas efectivas de condenas a violadores por la obligación del Estado de garantizar al reo la ley más favorable, sino que tampoco se tengan criterios claros para la recolección de dicha información ni la forma de actualizar los datos.​ 

Otras fuentes hacen notar que la mayor parte de las rebajas de condenas que se han producido en los últimos meses tras la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí no son firmes y que pueden ser recurridas tanto por la Fiscalía, como por los propias acusaciones particulares. De hecho, algunas de ellas ya han sido revocadas por Tribunales Superiores de Justicia, como ocurrió recientemente en Zamora, que decidió mantener la condena a diez años a un violador, rechazando la rebaja de la pena.