EL PSOE propone el traslado de los restos del dictador Francisco Franco fuera del Valle de los Caídos, y también cambiar la tumba del fundador de Falange, José Antonio Primo de Rivera, a un lugar no preminente del recinto o donde designe su familia.

Así se recoge en la propuesta que este martes registrará en el Congreso para la reforma de la Ley de la Memoria Histórica, a cuyo texto íntegro ha tenido acceso Público.

En el documento también se propone convertir el Valle de los Caídos en un Centro Nacional de la Memoria, “impulsor de la cultura de la reconciliación, la memoria colectiva democrática y la dignificación y el reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura”

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ante una de las fosas comunes que hay en el cementerio de Paterna (Valencia). EFE/ Manuel Bruque

La propuesta incluye numerosas y novedosas medidas, entre otras, “requerir a la Iglesia Católica la retirada de simbología de la Guerra Civil española y la dictadura en templos y cementerios, cruces de los caídos o cualquier otro lugar de propiedad eclesiástica”.

Y es que la reforma que proponen los socialistas, y que este lunes esbozó Pedro Sánchez en Paterna (Valencia), hace especial hincapié en que se haga efectiva la retirada de todos los símbolos de la dictadura en lugares públicos. Así, se afirma que las Administraciones tomará las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas u otros objetos que exalten la Guerra Civil o la dictadura e, incluso, proponen “la retirada de subvenciones y ayudas públicas”.

También se exigirá a los ayuntamientos que eliminen los nombres vinculados a la dictadura del callejero y de los nombres de los pueblos e, incluso, se pide la retirada de Honores y Distinciones, Hijos Adoptivos , Alcaldías Honoríficas o Medallas de la ciudad“ a los protagonistas de la sublevación militar” y de la dictadura.

Pero la propuesta del PSOE, de 43 folios, va más allá y constituye una reforma integral de la Ley de Memoria Histórica abarcando numerosos campos de actuación.

Así, se pide declarar la nulidad de tribunales, jurados y cualesquiera otros órganos penales o administrativos que durante la Guerra Civil hubieran impuestos condenas por motivos políticos, ideológicos o creencia religiosa, y las personas afectas o sus familias tendrán derecho “a una reparación y reconocimiento personal”.

También se propone crear una Comisión de la Verdad de ámbito nacional y con carácter no judicial “cuya finalidad será conocer la verdad de lo ocurrido, contribuir al esclarecimiento de las violaciones de derechos humanos y promover el reconocimiento de las responsabilidades de quienes participaron en la comisión de crímenes de lesa humanidad”.

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ante las fosas comunes que hay en el cementerio de Paterna (Valencia), y que ha visitado tras el acto en el que ha presentado la propuesta de reforma integral de la ley de Memoria histórica. EFE/ Manuel Bruque

Esta Comisión también tendrá la función de recuperación y análisis de los documentos históricos “sin limitación de acceso a los mismos por su condición de material clasificado o secreto”. Dicha Comisión estará compuesta por juristas, historiadores y defensores de los derechos humanos. La formarán once miembros, debe ser paritaria, y será elegida por el Congreso de los Diputados.

Su función primordial será elaborar un informe final sobre las violaciones de derechos humanos y remitir posteriormente a las autoridades judiciales toda la información relativas a posibles delitos de lesa humanidad o de guerra. Tendrá un plazo de dos años para dar cumplimiento a su mandato. Uno de los principios que tendrá en cuenta la Comisión será hacer un enfoque de género.

Asimismo, la reforma establece que la búsqueda de los desaparecidos durante la Guerra Civil y la Dictadura será responsabilidad del Estado, para lo que se creará una dirección general.

También contempla la propuesta la creación de un banco nacional del ADN con el objetivo de extraer, almacenar y gestionar todos los casos denunciados de desaparición forzosa y sustracción de menores. Toda la gestión será gratuita.

Como nuevo artículo a la ley, se incorpora la búsqueda judicial de niños sustraídos que fueron dados en adopción, y los órganos judiciales deberán abrir de oficio o a instancia de parte “investigaciones efectivas para averiguar la identidad de los menores”.
La propuesta incluye también la creación de un censo nacional de víctimas de la guerra y el franquismo, especificando quienes sufrieron fusilamiento, cárcel, exilio, incautaciones económicas, las personas represaliadas por su opción sexual o guerrilleros.

Asimismo, se amplía y se completa el reconocimiento de pensiones y de indemnizaciones. Se incluye como novedad una indemnización a las familias de las víctimas fallecidas por defender la democracia entre 1968 y 1977.

La propuesta legislativa también contempla declarar el 31 de octubre como día de recuerdo a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura, fecha que coincide con el aniversario de la aprobación en sesión plenaria de la Constitución.

Finalmente, se plantea un régimen sancionador para quienes no cumplan los preceptos de la ley y, además, se regula que se declaren ilegales las asociaciones o fundaciones que fomenten o promuevan la hostilidad contra las víctimas de la represión franquista.

La propuesta, aún en el caso de prosperar en el pleno del Congreso, será posiblemente vetada por el Gobierno del Partido Popular, pero el PSOE la piensa incorporar a su programa electoral como compromiso político en las próximas elecciones.