La jueza de Santa Cruz de Tenerife al cargo del caso Mediador ha aceptado que se personen en la causa las seis partes que han pedido ejercer la acción popular -PSOE, PP, Vox, la Asociación Unificada de Guardias Civiles, el partido local Fuerza Canaria y la asociación de consumidores Aguaiuris-, pero si conforman una sola acusación.

En un auto notificado este miércoles, la magistrada María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres exige a las seis partes que han pedido ejercer la acusación que se personen de manera conjunta, con la dirección legal de un mismo letrado, presentando una sola querella y siempre que depositen con carácter previo una fianza de 2.000 euros.

La jueza explica que toma esta medida en vista de la "complejidad" y el volumen de esta causa penal, con el fin de "evitar dilaciones o contradicciones durante la instrucción de la causa que pudieran dilatar su efectiva conclusión".

Su decisión, no obstante, no es firme, ya que cabe formular recurso. De hecho, un portavoz de la AUGC ha anunciado a la agencia de noticias EFE que piensan impugnarla, porque consideran que puede resultar problemático conjugar en una misma acusación los intereses de partes tan distintas, entre ellas, cuatro partidos políticos.

Por otra parte, fuentes de las defensas también se han puesto en contacto con la agencia de noticias para confirmar que el primer colectivo en solicitar su personación fue un partido local de Arona (Tenerife) Fuerza Canarias, que también manifestó su intención de recurrir la puesta en libertad de uno de los principales acusados, el exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo. Lo mismo hizo Vox.

En el auto por el que quedó en libertad, la jueza explicaba que veía razones para enviarlo a prisión preventiva, lo mismo que ya había decidido con el general de la Guardia Civil Francisco Espinosa. Sin embargo, al igual que ocurrió con el caso de Fuentes Curbelo, no podía tomar esa decisión porque la única acusación presente en la causa hasta ese momento, la Fiscalía, no había solicitado medida cautelar alguna para él.

La titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife valorará si los recursos contra la libertad de Fuentes Curbelo están en plazo y si hay razones para atenderlos o denegarlos cuando se formalicen las personaciones, han precisado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

En esta causa, por la que han sido detenidas 12 personas, se investiga una posible trama de corrupción que presuntamente cobraba sobornos de empresas a cambio de facilitar el acceso a contratos o ayudas públicas o de evitar inspecciones administrativas.

Entre los detenidos e imputados en ella hay dos antiguos cargos públicos, el exdiputado Juan Bernardo Fuentes Curbelo y su sobrino Taishet Fuentes. Los dos fueron directores generales de Ganadería del Gobierno de Canarias: Taishet sucedió a Juan Bernardo cuando este tomó posesión de su escaño en el Congreso y permaneció en el cargo hasta el verano pasado, cuando fue destituido por pérdida de confianza.