Podemos propone a Susana Díaz vetar las esquelas franquistas en la prensa

El diario ABC publica este lunes en la página 89 de su edición de Sevilla una esquela en memoria de Francisco Franco, “Caudillo de España y Generalísimo de sus Ejércitos” y de José Antonio Primo de Rivera, “Fundador de la Falange Española”. Podemos ha aprovechado este ejemplo para pedir al Gobierno andaluz que desarrolle la legislación necesaria para rescindir los contratos publicitarios y congelar las subvenciones a aquellos medios de comunicación que difundan “contenidos de exaltación franquistas”, incluidas las esquelas en memoria del dictador, “que computan como publicidad y reportan beneficios a los periódicos”, avisan desde la formación morada.

La semana pasada, durante el Debate del Estado de la Comunidad Andaluza, la presidenta Susana Díaz anunció que su Ejecutivo rescindiría los contratos de publicidad institucional y retiraría las subvenciones a todos los medios que mantengan anuncios de contenido sexual y que fomenten la “prostitución encubierta”. El grupo de Teresa Rodríguez ha hecho llegar a Díaz una propuesta para que extienda ese compromiso contra los anuncios que exalten el franquismo o la figura de Franco, incluido las esquelas que suelen aparecer en las páginas de ABC y El Mundo en estas fechas para conmemorar el aniversario de la muerte del dictador fascista.

ABC establece unas tarifas públicas para sus anunciantes, ya sea publicidad de productos en venta, anuncios clasificados por palabras (la mayoría son de contenido sexual y anuncian mujeres) o esquelas por el fallecimiento de alguien. Según las tarifas de 2017, el precio de una esquela en las páginas de ABC si se publica en un día laborable puede oscilar entre 578 y 9.283 euros, dependiendo del tamaño; y entre 829 y 11.192 euros, si se publica en domingo. El periódico se reserva el derecho de publicación de anuncios y la situación de los mismos “de acuerdo con sus posibilidades”.

La esquela de Franco que se publica este lunes está pagada y firmada por la Fundación Francisco Franco y la Asociación Aurora, que convocan a una misa en honor del dictador en la iglesia del Divino Salvador, en el centro de Sevilla.

Recientemente el Gobierno andaluz se ha enfrentado a un homenaje franquista en el entierro del exministro de Franco y exgobernador civil de Sevilla, José Utrera Molina, cuyo féretro fue recibido con gritos de exaltación fascista y el himno falangista del Cara al Sol a la salida de una iglesia de Nerja (Málaga). La Junta de Andalucía abrió una investigación para determinar si se había vulnerado la Ley andaluza de Memoria (la entonces consejera de Justicia, Rosa Aguilar, así lo denunció), pero hasta la fecha no se ha adoptado ninguna medida al respecto.

Podemos ha lanzado esta propuesta a la Junta de Andalucía convencidos de que las esquelas que conmemoran la muerte de Franco “vulneran la Ley de Memoria Histórica”. La formación de Rodríguez espera que Díaz recoja el guante y haga suya la medida, pero en cualquier caso el grupo morado registrará una iniciativa en el Parlamento para que se debata.

De este modo, se pretende equiparar el veto a los anuncios de prostitución con las esquelas de “exaltación franquista”, con la salvedad de que la prostitución como tal no está expresamente prohibida en ninguna ley, y la exaltación del franquismo sí lo está.

El compromiso de Susana Díaz para que los medios que publican anuncios de contenido sexual “no reciban ni un euro más de las arcas públicas” tiene un recorrido normativo largo. El Gobierno andaluz ya intentó el año pasado impedir que estos medios participasen en la concurrencia competitiva a las ayudas de alfabetización mediática, unas ayudas que ofrece la Junta para fomentar la lectura en prensa, pero el gabinete jurídico frenó la orden porque incurría en “discriminación”. Se buscó, entonces, una segunda vía consistente en introducir criterios de selección en la convocatoria de ayudas que implicasen un mayor compromiso del medio en el fomento de la igualdad. Entre los requisitos que puntúan para lograr las subvenciones figuraba expresamente la renuncia a publicar anuncios sexuales y sexistas, pero nueve de las diez cabeceras andaluzas que optaron a las ayudas prefirieron mantener dicha publicidad. Aún así, lograron acceder a las subvenciones porque los criterios de igualdad no pesaban lo suficiente en el cómputo del baremo de selección (diez puntos).